Sutel ya recibió solicitud de diputado para investigar licitación de red 5G del ICE

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó que ya recibió la solicitud del diputado Antonio Ortega para investigar la licitación de infraestructura para redes 5G del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por $250 millones.

"Se recibió el oficio el 19 de diciembre de 2025 y se envió la contestación a la Contraloría General de la República el 11 de febrero de 2026", indicó la entidad reguladora.

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), a través del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, señaló que "con relación a una denuncia asociada al tema de consulta, se informa que mediante un oficio del 19 de diciembre de 2025, se emitió  direccionamiento a la Sutel, para que tome las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias".

Se trata de una petición del diputado del Frente Amplio a través de un oficio, que en octubre pasado había indicado que "voy a solicitar a la Contraloría General de la República que investigue este proceso de licitación para garantizar que esté apegado a derecho y a los intereses nacionales.

Además de la investigación, estoy solicitando también a la Contraloría que valore suspender los actos administrativos en curso para evitar consecuencias jurídicas para funcionarios y los propios recursos estatales. El dinero de todos se tiene que resguardar y la tecnología y sobre todo la 5G tiene que ser manejado con interés nacional".

El congresista solicitó de manera urgente la intervención del ente contralor en el proceso de contratación pública, tramitada en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), basado en denuncias de la prensa, organizaciones laborales, así como asociaciones de derechos del consumidor, "que manifiestan su inquietud por el manejo del proyecto por parte del Consejo Directivo y las Gerencias del ICE, así como una injerencia directa de Casa Presidencial en este tema".

También en el oficio señala una serie de presuntas "presiones políticas y conducta institucional preocupante: además de las denuncias reseñadas, existe evidencia y manifestaciones públicas que muestran la presión ejercida por el Poder Ejecutivo —incluyendo pronunciamientos del Ejecutivo y del MICITT— así como mecanismos adicionales que han afectado la confianza en la neutralidad del proceso (decretos, declaraciones públicas que estigmatizan empresas específicas, y medidas administrativas como la retención o retiro de visas a funcionarios y exfuncionarios)".

Posteriormente, en su espacio de control político el pasado 18 de febrero, el legislador frenteamplista manifestó que "hace unos días nos enteramos que la Contraloría encontró razones suficientes en nuestra denuncia porque la trasladó a la Sutel y que ésta continúe con las investigaciones".

Puntualmente, Ortega Gutiérrez solicita que la CGR requiera de las instituciones involucradas y analice, como mínimo, lo siguiente:

• Copias de todas las propuestas técnicas y económicas (cotizaciones, cartas de intención, ofertas formales) presentadas o solicitadas para cada uno de los escenarios considerados en el informe.
• El detalle metodológico, incluyendo la matriz de supuestos, tasas de descuento, horizonte temporal, cronograma de inversiones, estructura de flujos (CAPEX/OPEX), y la explicación paso a paso de cómo se calcularon VAN, TIR y otros indicadores financieros presentados.
• Los estudios técnicos comparativos y de interoperabilidad que se usaron para evaluar Open RAN frente a soluciones propietarias (incluyendo pruebas de concepto, análisis de integración, evaluación de riesgos, estimación de costos de operación y de transición).
• Actas, comunicaciones internas y externas, y cualquier documento que muestre la participación del Poder Ejecutivo o de terceros en la definición de criterios de evaluación o en la orientación de la contratación.
• Cualquier evaluación legal, de ciberseguridad, de impacto en continuidad del servicio, y de dependencia tecnológica que haya sido realizada para respaldar la elección propuesta.

"Adicionalmente, hago un llamado a la CGR a que, de considerarlo necesario, realice una actuación cautelar suspendiendo el proceso licitatorio en tanto no se termine la investigación para determinar la posible irregularidad del procedimiento especial, con el fin de no generar consecuencias jurídicas irreversibles o sumamente costosas para la Administración.

Finalmente, reitero que la presente solicitud es fundamental para proteger el interés público, preservar la institucionalidad y asegurar que cualquier decisión estratégica sobre la infraestructura 5G sea técnicamente sólida, económicamente justificada y jurídicamente intachable. Confío en que la Contraloría, como ente independiente y con potestades legales suficientes, practicará las diligencias necesarias para dar certeza y transparencia a este proceso", concluyó en el documento que se refiere a la licitación que actualmente se encuentra en etapa de evaluación tras una serie de múltiples retrasos.