Tras la medida cautelar sobre proceso 5G ¿Qué sigue ahora?

Luego de que este 7 de febrero se emitió una medida que ordena suspender temporalmente la adjudicación de la red 5G del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), viene todo un proceso legal que tanto temía el sector telecomunicaciones por los eventuales nuevos atrasos que puede acarrear la judicialización.

La resolución judicial de la cual este medio tiene copia, la tomó el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) tras una solicitud del Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE, que consiste en una medida cautelar provisionalísima, que también pide la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT, en el que se establecen condiciones de ciberseguridad para el desarrollo de sistemas de tecnologías móviles de quinta generación y superiores en el país.

Dicha reglamentación incluye el Convenio de Budapest, un acuerdo internacional de lucha contra el crimen. Con la incorporación en la normativa de dicho tratado -que no tiene nada que ver con ciberseguridad– quedan excluidas las empresas basadas en países que no han firmado el convenio, tal es el caso de Huawei, con sede en China, nación que no ratificó el documento, por lo que la compañía no puede ofrecer soluciones de infraestructura de telecomunicaciones para redes IMT 2020 en territorio nacional.

Ahora, de acuerdo como lo determina el tiempo procesal, como lo establece la Ley y los procedimientos, el Estado – y por consiguiente el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)- tiene su espacio de respuesta ante el Tribunal, de tres días contados a partir de la fecha de notificación.

La voz de los especialistas

Varios expertos en materia de telecomunicaciones consultados por CRHoy.com explicaron el futuro jurídico de la situación.

De acuerdo con Edwin Estrada, exviceministro de Telecomunicaciones, ahora el Estado debería presentar sus alegatos en el plazo de los 3 días otorgados para tales efectos en la resolución; con esos insumos, el Tribunal resolverá la medida cautelar de acuerdo con lo que jurídicamente considere procedente.

"Acá el Tribunal podría, por ejemplo: rechazar la medida y por ende, levantar la medida cautelar provisionalísima, pudiendo entonces aplicar el reglamento tal y como se venía haciendo, además de hacer las adjudicaciones de los procesos que se vienen llevando a cabo.

O, aprobar la medida cautelar definitivamente, y mantener las suspensiones ordenadas, hasta que por ejemplo se termine el proceso ordinario que eventualmente vayan a presentar los interesados", detalló Estrada Hernández.

En tanto, Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación, expresó su criterio.

"El proceso de discusión judicial en sede contenciosa administrativa apenas inicia y se le augura un largo trámite; la adopción de una medida provisionalísima todavía requiere necesariamente que el Estado se pronuncie próximamente en la audiencia que ya le fue conferida y que nuevamente el juez disponga si se mantiene la cautelaridad de la medida o si por el contrario vuelve al estado de situación en que se encontraba antes de la misma.

Esa decisión puede ser apelable ante el Tribunal y por tanto será también un Tribunal el que revise las actuaciones del juez de instancia, todavía queda mucho tiempo por esperar", explicó el abogado especialista en telecomunicaciones.

Micitt y sindicato

El Micitt confirmó que ya fue informado por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la reciente medida cautelar provisionalísima y ante causa emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, la cual suspende temporalmente la ejecución de los artículos 4°,5°,6°,9°,10°, incisos c,d,e y f, 11°,13° y el transitorio único del Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (SG) y superiores.

"Es importante destacar que esta medida se ha otorgado sin que de previo se haya brindado al Poder Ejecutivo la oportunidad de ejercer su defensa para presentar argumentos explicativos técnicos y jurídicos a favor de los intereses públicos del reglamento en cuestión y las consecuencias que derivan para nuestro país a partir de los efectos de la medida cautelar adoptada temporalmente.

El Micitt reitera su compromiso y respeto al Estado de Derecho costarricense, el debido proceso judicial y los principios fundamentales de la administración de justicia, incluyendo el derecho a ser escuchado, a presentar una adecuada defensa y los elementos probatorios pertinentes", indicó la cartera de Ciencia y Tecnología.

La entidad reiteró que esta medida cautelar es de carácter temporal y señaló que el Estado ejercerá oportunamente sus derechos procesales, a fin de que el juzgador pueda contar con todos elementos para revocar la medida dispuesta.

"El Micitt confía en que, en el transcurso del proceso judicial, se considerarán debidamente todos los aspectos pertinentes para garantizar un resultado justo y equitativo, en línea con los intereses nacionales que conlleva el desarrollo de redes 5G en materia de seguridad nacional, el régimen de protección de derechos de los usuarios finales en cuanto a su intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones, y la confidencialidad e integridad de sus datos personales", agregó.

Se consultó al ICE una posición al respecto y se está a la espera de una respuesta.

El que sí se manifestó fue el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).

"Recién iniciada la gestión del actual presidente ejecutivo, el FIT buscó acercarse y habilitar espacios para la discusión técnica y financiera, nuevamente, relacionadas con el despliegue de 5G a nivel mundial y la región; así como cuál podría ser un modelo técnico y financiero viable para el ICE.

Dichas sesiones fueron recibidas por la Presidencia del ICE de la misma forma que ha decidido manejar su relación con las organizaciones laborales, con una postura intransigente, indiferente y que a todas luces responde a intereses ajenos a la norma, a la técnica y la salud financiera, deja ver y demuestra que está solamente enfocado a la complacencia política y cumplir promesas de campaña que no son ciertas, porque no tiene el país 5G en 6 meses como prometieron", dijo la agrupación a través de un comunicado.

"Esto decanta en la aceptación por parte del Tribunal de la medida cautelar interpuesta por las organizaciones laborales que conformamos el FIT, que pone un alto y obliga al análisis normado y verdadero para la aplicación del decreto ejecutivo de ciberseguridad, el cual desvirtúa la natural evolución de la tecnología móvil, que deviene del crecimiento sobre la infraestructura existente, condición que impactaría la competitividad del ICE, al tener que hacer una nueva red móvil, cuyos mayores costos debe trasladar a los usuarios, porque debe mantener operativa y óptima la red actual para sostener los actuales clientes y desarrollar la nueva, para lo cual ocupa dos presupuestos para cumplir esos dos preceptos; impactando su bienestar técnico-financiero y por ende de usuario final.

Además del tiempo que llevaría su desarrollo, cuando desde ya podríamos empezar a brindar servicios de 5G. Por otro lado, el país se volverá más caro con respecto a otros similares para la atracción de inversiones, nómadas digitales y turismo, ya que los servicios de 5G serán sensiblemente más caros", añadió el gremio sindical.