UCR sobre decreto de ciberseguridad 5G: “Decisión debería ser técnica, pero adquirió tinte político”

Un nuevo estudio se une a los cuestionamientos del reglamento de ciberseguridad de redes 5G en el país.

Ahora es un análisis académico el que considera que se trata de una normativa política y no técnica.

El Informe Anual Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2024 publicado por el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR) señala que el Decreto Ejecutivo N°44196-MSP-MICITT, Reglamento sobre Medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores, excluye a los proveedores de equipos de telecomunicaciones y sistemas de transmisión de los países que no han ratificado el Convenio de Budapest.

Tal es el caso de Huawei, empresa con casa matriz en China, país que no firmó el tratado.

El documento advierte que dicho acuerdo de lucha contra el cibercrimen, no constituye un criterio técnico para el desarrollo tecnológico, y que se trata de un instrumento internacional creado para tipificar delitos informáticos, facilitar su investigación y orientar a los países en la regulación de los ciberdelitos.

De acuerdo con la investigación universitaria, su uso además expone al país a dinámicas geopolíticas en favor de uno u otro actor internacional.

"La decisión debería ser técnica, no obstante, en el país ha adquirido un tinte político; posicionando a Costa Rica como un escenario más en la guerra comercial entre las grandes potencias y que a su vez le está costando una mejor solución al país para el establecimiento de las redes 5G", señaló Alejandro Amador Zamora, coordinador del Prosic.

El informe

El informe es publicado de manera anual por Prosic, e integra diversas investigaciones sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las telecomunicaciones y la revolución digital en Costa Rica.

Incluye un seguimiento a los avances que se están llevando a cabo en Costa Rica para impulsar el desarrollo de la tecnología 5G y evidencia que la publicación del reglamento ha generado una importante respuesta de diversos sectores (congresistas de distintas bancadas, gremios empresariales, organizaciones sindicales y expertos en telecomunicaciones) señalando que el mismo afecta el régimen de competencia y el principio de neutralidad tecnológica, ambos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N°8642).

"Esto ha llevado a discusiones sobre la necesidad de asegurar la neutralidad tecnológica en el desarrollo de la tecnología 5G con el fin de evitar la discriminación, garantizar la imparcialidad en la selección de productos/servicios y garantizar condiciones que permitan la libre competencia.

Es justo en este contexto, que vemos la aparición de iniciativas como el expediente N° 24 456 (Interpretación auténtica del artículo 3, inciso H de la Ley N° 8642, del 30 de junio de 2008, Ley General de Telecomunicaciones) que propone una interpretación auténtica del artículo 3 de la Ley N°8642 en la que se clarifique el significado e implementación de la neutralidad tecnológica", comentó Valeria Castro, investigadora del Prosic.

El reporte evidencia que, pese a la importancia del tema, los sectores empresariales y las cámaras del sector TIC y de telecomunicaciones, no fueron consultadas para la emisión del reglamento, lo cual llevó a que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep) y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) cuestionaran el decreto y sus implicaciones en el mercado de las telecomunicaciones.

Al respecto, expertos citados en el análisis advierten que indica que el reglamento presentado por el Poder Ejecutivo podría estarle atribuyendo al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) potestades que la Ley de Telecomunicaciones le da a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Los investigadores advierten que aunado a lo anterior se evidencia una judicialización del tema, como lo fue el proceso que determinó la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en febrero anterior, de establecer una medida cautelar provisionalísima, con lo que se ordenó la suspensión temporal del reglamento y demás actos vinculados a la licitación de infraestructura del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la que se pretendía adquirir recursos tecnológicos para desarrollar la red 5G, "lo que se traduce en demoras de meses e incluso años en la disponibilidad de esta tecnología en el país", concluye el documento.

La UCR ya había incursionado en el tema de redes de quinta generación cuando en septiembre del 2023 Prosic organizó las Jornadas de Investigación "En el camino hacia las redes 5G", un evento que reunió a diversos expertos en la materia.

Recientemente publicó la memoria de dichas jornadas de investigación, con lo que se busca poner a disposición un documento que brinde insumos útiles sobre los avances del país en la materia e indique potenciales puntos de mejora para afianzar el desarrollo de la tecnología IMT 2020 en Costa Rica.