Video: Diputada envía mensaje directo a ministra por retrasos en 5G

Paula Bogantes, ministra del Micitt y Johana Obando, diputada del PLP

La diputada Johana Obando le envió un mensaje directo a Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, por los atrasos y la parálisis que vive el proceso para que el país cuente con redes 5G.

"Mi pregunta a la ministra del Micitt es: ¿quién se va a hacer cargo de pagar los 1921 millones de dólares que implica realizar contratos con otras empresas?, las cuales usted está favoreciendo a través de este decreto, ¿quién va a hacerse cargo de este costo va a ser el usuario final?, es decir, los costarricenses.

Ministra, ¿ve usted bien que paguemos más por servicios de acceso a Internet? Con respeto y con vehemencia, derogue ese decreto o cambie los aspectos discriminatorios que posee, ministra Paula Bogantes, vuelva a la técnica, que su gestión sea recordada por quien permitió llegar al 5G y no por quien impidió que Costa Rica sea un país de vanguardia en las nuevas tecnologías", cuestionó la legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP) en su espacio de control político en el Plenario.

Más cuestionamientos

La congresista también calificó de vergonzoso el hecho de que el país todavía no cuente con redes de quinta generación.

"En países de Europa se están hablando de 6G y Costa Rica atrasadísima, ni siquiera ha implementado 5G, es una vergüenza a nivel internacional, cómo es posible que países con menor desarrollo económico que Costa Rica sí tengan 5G en este momento", señaló la legisladora, que enfatizó que el proceso tortuoso para redes de quinta generación se encuentra detenido por una medida cautelar provisionalísima, cuya resolución puede tomar meses o hasta años en el Tribunal Contencioso Administrativo.

"Este Decreto (44196-MSP-MICITT) está ocasionando una lesión irremediable, porque está viciado de manera grave por una serie de aspectos de procedimiento como de elementos sustantivos, es decir, ni por forma ni por fondo son correctos; indica que quien tiene potestad legal de regulación es la Asamblea y no el Poder Ejecutivo; en tercer lugar: las medidas son desmedidas y discriminatorias porque hace una exclusión de ciertas empresas.

En cuarto lugar, no se cumplió con el procedimiento de ley, audiencias e información pública, quinto: la incapacidad del Convenio de Budapest para garantizar la seguridad de las redes, cuando el Convenio no tiene que ver con ciberseguridad, sino con cibercrimen, pero parece que para sustentar este decreto tan mal hecho quieren confundir a la población diciendo que Budapest es ciberseguridad, más lejano que eso", enumeró Obando Bonilla sobre los cuestionamientos al reglamento de ciberseguridad para sistemas IMT 2020, a la vez que considera que el decreto se hizo a la medida para dejar por fuera a empresas de ciertos mercados, como las asiáticas y particularmente a Huawei.

"El Ministerio y el Ejecutivo debería ser claros en decir eso y no pasa nada, pero no cuando nos quieren ver la cara y hacer creer que una parte técnica tiene que ver con una geopolítica, mejor sean sinceros con sus intenciones, es un decreto hecho a la medida para excluir ciertas empresas.

Debo mencionar la voz de muchos expertos como Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación que cita: El reglamento tiene problemas de redacción, constitucionalidad y legalidad; por su parte el exviceministro de Telecomunicaciones Edwin Estrada indica que: hay inseguridad jurídica porque el decreto es ambiguo en lo referente a la ratificación del Convenio de Budapest", finalizó en sus cuestionamientos a la reglamentación que impide a empresas basadas en países que no hayan firmado el acuerdo internacional de lucha contra el cibercrimen, participar como oferentes de equipos para redes 5G en territorio nacional.