Tradición ambiental en riesgo: políticas actuales en Costa Rica
Costa Rica ha sido durante décadas un país referente y líder global en sostenibilidad, energías limpias, conservación de la naturaleza y turismo ecológico. Gracias a políticas públicas visionarias y a programas como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), el cual ha coadyuvado a la conservación y recuperación de la cobertura forestal y la biodiversidad, y el desarrollo del turismo ambiental y agroecológico, el país se ha ganado un lugar de privilegio a nivel internacional el cual ha facilitado la llegada de mucha inversión extranjera de alta tecnología.
A pesar de ello, el rumbo errático e inconsistente de la actual administración, ejemplificado en decisiones como retirar el apoyo a la Agenda 2030, y la concentración de la toma de decisiones ambientales en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), amenazan con poner en riesgo y debilitar nuestro legado ambiental.
Este escenario nos obliga a considerar: ¿Qué está en juego?
Pérdida de liderazgo, reputación e influencia internacional. El merecido prestigio internacional de Costa Rica no es fruto de la casualidad. Somos reconocidos globalmente por nuestra legislación ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley Forestal, Ley de Vida Silvestre, entre otras) y por nuestras políticas ambientales ejemplares, innovadoras, coherentes y participativas, como el turismo sostenible, el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el programa de Carbono Neutralidad, entre muchos otros. Sin embargo, el proyecto de Ley 23213, titulado "Fortalecimiento de las Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía" pone en riesgo ese prestigio.
Costa Rica posee una riqueza genética que, aunada a la investigación científica y la conservación de la biodiversidad, ha permitido acceder y aprovechar recursos biológicos para su uso comercial en la industria farmacéutica y medicinal, la producción de insumos agrícolas y cosméticos, entre otros. Sin embargo, el último Informe del Programa Estado de la Nación (PEN, 2024) señala que, durante la actual administración, en la que se han promovido posturas y narrativas contrarias a la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad, se ha amenazado la riqueza biológica del país ejerciendo presión sobre ecosistemas, degradándolos y aumentando el riesgo de invasión de áreas protegidas. Como muestra se destaca lo ocurrido en el Refugio de Gandoca-Manzanillo o en playa Panamá.
De la misma manera, las actuales políticas gubernamentales envían mensajes inconsistentes hacia otros países, organismos multilaterales y actores del sector privado, que podrían percibir a Costa Rica como un socio menos atractivo y confiable en materia ambiental, afectando colaboraciones y apoyo técnico, financiero y de fortalecimiento de capacidades. Aunado a esto, la reducción de nuestro compromiso ambiental limitaría la capacidad del país de incidir en foros internacionales y plataformas de diálogo, afectando el acceso a financiamiento y recursos técnicos y científicos.
Impacto de la centralización en la gobernanza ambiental y en la toma de decisiones. Nuestro país se ha forjado una reputación mundial como una nación democrática con instituciones sólidas que fomentan la eficiencia y la especialización en la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, el proyecto de Ley 23213 propone concentrar la toma de decisiones ambientales en la misma figura del ministro del MINAE. Este enfoque ralentiza los procesos de respuesta y compromete las iniciativas especializadas de conservación al limitar la participación de las instituciones expertas en las decisiones clave.
Al concentrar las diversas oficinas jurídicas en la oficina jurídica del despacho del ministro de turno se elimina la posibilidad de una segunda instancia para resolver asuntos legales. Aunado a lo anterior, existe el riesgo de que las decisiones gubernamentales en materia ambiental respondan a intereses individuales o políticos en lugar de estar fundamentadas en la ciencia y la evidencia técnica, debilitando los procesos de toma de decisiones responsables, transparentes e inclusivas. En definitiva, el proyecto de Ley 23213 representa una amenaza para la gobernanza ambiental participativa y técnica que tanto ha caracterizado a Costa Rica.
Efectos negativos en el turismo y las economías locales. El turismo sostenible ha sido una piedra angular del desarrollo rural y comunitario. La disminución del compromiso ambiental podría reducir la llegada de turistas interesados en experiencias de ecoturismo, turismo rural y agroecológico, afectando a comunidades locales que dependen de estas actividades económicas para subsistir.
Corremos el riesgo de sustituir el modelo de turismo sostenible por uno de turismo masivo, basado en grandes cadenas hoteleras con alta extracción de recursos naturales, menor beneficio para las comunidades locales y mayor presión sobre los ecosistemas (v.g., mayor consumo de agua, más generación de residuos y cambios de uso de suelo).
Aumento en la desigualdad y afectación a las poblaciones más vulnerables. El Decreto Ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, que elimina el financiamiento institucional y la pérdida de la declaratoria de interés público para la implementación de la Agenda 2030, pone en riesgo los avances logrados por el país durante la última década en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) gracias a la acción conjunta y unitaria de diversas instancias de gobierno.
Esto representa un retroceso en áreas clave como la salud, la educación de calidad, la equidad de género, el acceso a agua limpia y saneamiento, la energía asequible y limpia, y la lucha contra el cambio climático, que se ven especialmente afectadas. Esta situación impacta de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, profundizando aún más las desigualdades y empeorando las condiciones de vida de quienes más ayuda necesitan del Estado.
Deterioro ambiental y pérdida de servicios ecosistémicos. Según la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN/PNUD), el valor económico total de los recursos naturales y servicios ecosistémicos que la naturaleza de Costa Rica aporta anualmente (es decir, nuestro capital natural), es de 14.500 millones de dólares, con base en la información disponible para los ecosistemas evaluados, que representaron el 23% del PIB del país para el año 2019.
Adicionalmente, Costa Rica alberga alrededor del ~5% de la biodiversidad mundial, y sus esfuerzos de conservación han protegido flora y fauna, incluidas especies en peligro de extinción. Sin embargo, las políticas actuales amenazan esta riqueza biológica aumentando la degradación de ecosistemas y el riesgo de invasión de áreas protegidas. Por ejemplo, de acuerdo con Global Forest Watch (GFW) y el más reciente Informe Estado de la Nación (2024), entre 2022 y 2023, el país perdió más de 9,000 hectáreas de cobertura forestal, poniendo en riesgo 326 especies arbóreas endémicas.
Las actuales políticas de gobierno debilitan la protección de estas áreas y recursos, favoreciendo la degradación, la invasión de zonas protegidas y la pérdida de cobertura forestal. Esta degradación de nuestro capital natural comprometería servicios esenciales para la población como la calidad del aire y del agua, la producción de alimentos, la protección ante inundaciones y la captura de carbono. Estos recursos y servicios son fundamentales para nuestra supervivencia y bienestar, además de que sustentan nuestra economía.
Retroceso en los logros económicos y climáticos. Costa Rica ha demostrado que la conservación ambiental es compatible con el crecimiento económico al lograr duplicar su cobertura forestal desde 1984 y triplicar su PIB per cápita desde 1990. Un retroceso en nuestras políticas ambientales podría poner en riesgo esta relación beneficiosa.
Hemos implementado programas cruciales como el Programa de Reducción de Emisiones y el Programa de Pagos por Servicios Ambientales que han ayudado a reducir emisiones de carbono y a promover el uso sostenible de la tierra. Debilitar estos programas podría afectar los compromisos climáticos nacionales e internacionales ya adquiridos, tales como el Plan Nacional de Descarbonización y el Acuerdo de París.
Asimismo, nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático es alta, especialmente en la zona norte del país, que forma parte del Corredor Seco Centroamericano. La Región Chorotega sufre sequías severas periódicas, agravadas por el fenómeno El Niño. Proyectos de adaptación al cambio climático como el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenta Media de río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), desarrollado desde el 2016 y aprobado en el 2018, busca garantizar el abastecimiento de agua para aproximadamente 500,000 personas y 42,500 hectáreas agrícolas y turísticas en la provincia de Guanacaste, promoviendo la resiliencia climática y el desarrollo sostenible; sin embargo, su ejecución enfrenta hoy desafíos crecientes por la falta de respaldo político claro del gobierno.
Debilitamiento de la participación comunitaria y reconocimiento internacional. Las organizaciones comunitarias han sido protagonistas de los logros ambientales del país. Las políticas de conservación han fomentado la participación de la población en la protección de recursos naturales, beneficiando a las comunidades por medio de prácticas sostenibles y pagos por servicios ambientales (v.g., Consejos Regionales de Áreas de Conservación, COVIRENAS, vecinos como defensores de la conservación, ASADAS, etc.). Si estas políticas se debilitan y no se refuerza el respaldo a los guardaparques mediante nombramientos, apoyo y equipamiento adecuado, nuestro reconocimiento como modelo de sostenibilidad podría verse seriamente comprometido. Esto no solo afectaría los logros alcanzados, sino que también disminuiría los incentivos, reduciría la participación comunitaria, limitaría la capacidad de acción local y pondría en riesgo alianzas estratégicas fundamentales para la conservación.
¿Estamos dispuestos a abandonar lo que tanto nos ha costado construir? La sostenibilidad no es solo una tendencia pasajera, una moda o una simple etiqueta; ha sido parte fundamental del ADN de Costa Rica y de nosotros los costarricenses. Las políticas del actual gobierno nos alejan de esa identidad, comprometiendo el futuro económico, ambiental, y social del país. Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de recuperar el diálogo participativo, de tomar decisiones con base en el conocimiento científico y técnico, y de reafirmar nuestro compromiso con una Costa Rica que prevalezca como modelo de sostenibilidad a seguir para el resto del mundo.
Autores:
Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Ministro de Ambiente y Energía 2014-2018
gutmon@ice.co.cr
Gabriel Smith
Consultor Internacional en Agricultura y Cambio Climático
gabrielsmit@gmail.com
