Tras escándalo por la UPAD que le costó el puesto, su creador será contratado por Cancillería
Laborará en la Dirección Jurídica de la institución
(CRHoy.com).- El creador del decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y excomisionado presidencial para la población LGTBI, Luis Salazar Muñoz, trabajará en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El escándalo de la cuestionada UPAD le costó el puesto a Salazar.
La tarde de este jueves, el canciller de la República, Rodolfo Solano confirmó a CRHoy.com que el polémico exasesor del presidente Carlos Alvarado ingresará el próximo 1 de octubre a laborar en la Dirección Jurídica de la Casa Amarilla.
Salazar Muñoz entrará a la institución a realizar su año de prueba con miras a incorporarse a la carrera diplomática. A su ingreso el funcionario será ubicado en la categoría de Agregado.
En ese año de prueba la base del salario de Salazar rondará los ¢600 mil, pero con todos los pluses que recibirá su salario podría ascender a más de ¢1 millón.
El canciller Rodolfo Solano defendió que la contratación de Salazar se apega a la legalidad. Según dijo, él polémico exasesor autor del decreto de la UPAD era parte de una lista de elegibles en un concurso por oposición que realizó la Cancillería.
A pesar que hay sectores de los diplomáticos que insisten en que los candidatos a ingresar a la carrera diplomática no pueden realizar su año de prueba en la Dirección Jurídica, el canciller lo desmintió y aseguró que si es factible.
"Fue un concurso en que participaron una gran cantidad de ciudadanos que pretenden ingresar a la carrera diplomática. Se hicieron exámenes, entrevistas y presentaron sus atestados, a partir ahí se confecciona un registro de elegibles y conforme van quedando plazas disponibles se van asignando", explicó Solano.
Salida cuestionada de Presidencia
El pasado 28 de febrero Salazar Muñoz se vio obligado a renunciar a la Casa Presidencial en medio de la polémica por la creación de la UPAD. Él fue quien redactó el decreto para la creación de esa instancia que se inmiscuyó en los datos sensibles y personales de los costarricenses.
El pasado 11 de marzo la comisión investigadora de este caso en el Congreso lo llamó a cuentas, pero Salazar se abstuvo de declarar.