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Tribunal adelantó juicio contra Celso Gamboa y exjefe de Policía de Control Fiscal

Celso Gamboa enfrentará en setiembre un juicio por falsedad ideológica en Cartago, mientras avanza su extradición a EE. UU. por narcotráfico internacional

Por José Adelio Murillo | 24 de Ago. 2025 | 12:11 am

 

El Tribunal Penal de Cartago adelantó uno de los juicios que debe enfrentar el exmagistrado, exministro y extraditable Celso Manuel Gamboa Sánchez. El debate oral y público estaba previsto para el próximo año, pero se realizará en septiembre.

Se trata de una acusación por presunta falsedad ideológica (expediente 19-000218-0622-TP), un delito que ocurre cuando se crea un documento falso en su contenido.

En este proceso se investigó a Gamboa y al exdirector de la Policía de Control Fiscal, el abogado Irving Malespín, porque, al parecer, este firmó un documento que Gamboa utilizó como justificación para ausentarse de una convocatoria judicial, escrito que incluía supuestamente argumentos falsos.

En apariencia, el hoy extraditable debía presentarse ante un juez para una diligencia, pero se ausentó y, como justificación, habría utilizado un documento en el que se consignó falsamente que no pudo asistir por un problema vehicular.

Malespín y el extraditable han mostrado cercanía a lo largo de los años. Incluso, el exjefe policial ha publicado fotografías con una camiseta del extinto Limón F.C., cuyo principal patrocinador era justamente el bufete Celso Gamboa & Asociados.

También aparece de patrocinador Allan Pérez, el médico cirujano que aseguró haber aplicado bótox dentro de su vivienda en Monterán, el mismo condominio donde reside el presidente Rodrigo Chaves Robles, aunque no contaba con permisos para operar allí.

El juicio en el que figuran Celso y Malespín estaba previsto para el 6 de marzo; no obstante, el Tribunal lo adelantó para el próximo 25 de septiembre y se desarrollará en un solo día.

El otro juicio está programado entre el 5 y el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. En este caso, la acusación es por el aparente delito de cohecho propio (expediente 17-000015-033-PE).

Este proceso surgió tras una denuncia de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), en la que se cuestiona el actuar de Gamboa en 2017, cuando fungía como magistrado de la Sala III.

Al parecer, presidió la sesión en la que se desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, por presunto tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal investigado en el caso Cementazo.

Estos serán el segundo y tercer juicio que enfrentará Gamboa en Costa Rica, mientras se resuelve una petición de extradición presentada por Estados Unidos, donde afronta cargos por asociación ilícita para trasegar drogas y distribución internacional de cocaína.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Gamboa lavaba dinero a través del equipo de segunda división Limón Black Star y de su bufete, mediante el cual defendió a varios sospechosos de narcotráfico internacional.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) también señala que otro extraditable, Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, participaba junto a Gamboa en operaciones de lavado mediante un equipo de fútbol profesional.

Natalia Villalta, fiscala adjunta jefa de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), aseguró semanas atrás que estos juicios no deberían interferir con el proceso de extradición.

"No tendría por qué atrasar la extradición, son dos procedimientos totalmente diferentes: el penal y el de extradición. Bajo estos dos escenarios, si don Celso Gamboa eventualmente resulta condenado y el Tribunal Penal de San José ordena la extradición, de conformidad con el artículo 14 del Tratado de Extradición (con EE.UU.) puede ordenar que esta se haga de forma diferida", explicó.

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Villalta explicó que esa valoración la deberá hacer el juez que tramita la petición de extradición.

En un proceso reciente, Gamboa fue absuelto junto con la exfiscala Berenice Smith Bonilla y el exalcalde josefino Johnny Araya Monge, en un juicio por presunto tráfico de influencias. El tribunal concluyó que la acusación no describía hechos punibles y que carecía de pruebas idóneas.

De ese primer round salió victorioso, pero aún le quedan al menos tres procesos pendientes en el país, mientras se decide si será enviado a Estados Unidos, donde lo perfilan como un presunto líder narcotraficante con conexiones en al menos seis países.

Otro proceso pendiente

El extraditable también debe afrontar, el próximo 16 de septiembre, una audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Goicoechea, por un caso de tráfico de influencias (expediente 18-000075-033-PE).

Este proceso se remonta a 2018, cuando Gamboa estaba por ser destituido de la Corte Suprema de Justicia. Según la acusación, intentó frenar esa decisión. El 27 de febrero y el 10 de abril de ese año fueron determinantes.

Los diputados levantaron con 39 votos la inmunidad del magistrado a solicitud de la Corte Plena y, poco después, acogieron su despido.

Durante la deliberación, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero denunciaron haber recibido llamadas y mensajes de Gamboa para que no asistieran al plenario y así evitar el cuórum necesario.

Minutos antes de ser destituido, Gamboa intentó ofrecer su renuncia "por las buenas", alegando que se marcharía a México a trabajar en Google como gerente de seguridad, pero la transnacional lo desmintió.

El 18 de abril de 2018 la Fiscalía y el OIJ allanaron su residencia tras las nuevas denuncias por supuesto tráfico de influencias. Actualmente, Gamboa cumple detención provisional mientras se define si será o no extraditado a Estados Unidos.

La DEA lo vincula con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo en Colombia, señalándolo de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica para enviarlos luego a Centro y Norteamérica.

En septiembre de 2023, CR Hoy reveló que Gamboa afirmó a dos supuestos socios —en realidad informantes de la DEA— que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles permitía el ingreso de droga al país.

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