Tribunal impone dos meses de detención a policía y tres ticos de Zona Sur requeridos por EE. UU.
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó dos meses de detención provisional (hasta el 18 de diciembre) contra el oficial de la Fuerza Pública Michael Corella Amador, conocido como Rojo, y tres sujetos más capturados este sábado, quienes son requeridos en extradición por Estados Unidos.
Se trata de William Iván Ramírez Arguedas, alias Rambo o Kimba; Gerardo Castro Muñoz, alias Precioso o Lalo; y un cuarto sujeto de apellidos Cordero Obregón, alias Candado, Pallín o El Gordo.
Todos ellos comparecieron ante un juez, quien les comunicó en una audiencia la orden de captura emitida a solicitud de la Embajada de EE. UU. y les concedió la posibilidad de someterse a una extradición voluntaria a ese país, que los requiere para enfrentar un proceso penal por narcotráfico transnacional.
La detención provisional es una figura autorizada por la Ley de Extradición y el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica, que permite mantener recluida a una persona mientras el país requirente formaliza la petición.
En apariencia, este grupo mantenía una amplia operación de trasiego trasnacional de estupefacientes asentada en la Zona Sur del país. Policialmente, se les conoce como Los Mosca. Su actividad se centró principalmente en San Vito y Sabalito de Coto Brus, en la frontera con Panamá.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) los investigó, y actualmente enfrentan una acusación penal ante el Tribunal del Distrito Sur de California.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos realizaban traslados de droga en aeronaves y utilizaban pistas clandestinas ubicadas en el Pacífico Central.
La organización también operaba en Golfito, donde coordinaba el transporte y almacenamiento de grandes cantidades de cocaína recibidas en buques marítimos. Al grupo se le vincula con el decomiso de más de tres toneladas de estupefacientes.
Las autoridades estadounidenses señalan que, entre 2017 y 2020, los costarricenses se habrían dedicado a trasegar cocaína por vía marítima —en barcos—, aérea —en aviones— y terrestre —en furgones— desde Colombia hacia Costa Rica, para luego movilizarla hasta Guatemala o México y, finalmente, a Estados Unidos.
La captura de los extraditables fue posible gracias a la coordinación entre el Ministerio Público, la DEA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.