Uno a uno: Ellos son los 7 acusados por delitos electorales en el caso “Financiamiento Jaguar”
Acusación achaca delitos electorales a presidente Chaves, Pilar Cisneros, Brunner, André y otros 4 funcionarios
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, Pilar Cisneros Gallo, diputada por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y otros 5 miembros de Supremos Poderes figuran en la acusación presentada por la Fiscalía General por presuntos delitos electorales cometidos en la campaña de 2022.
Junto a Chaves y Cisneros también fueron acusados Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República; Arnoldo André Tinoco, canciller de la República; Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada por el PPSD; Julio “Waldo” Agüero Sanabria, diputado por el PPSD y Paola Nájera Abarca, diputada del PPSD.
Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, señaló en la acusación los delitos achacados a los jerarcas en detrimento de lo dispuesto en el Código Electoral: delitos sobre financiamiento partidario, delitos sobre contribuciones privadas y delitos relativos a la recepción de contribuciones privadas ilegales.
La investigación arrancó en el segundo semestre de 2022, año en que Chaves asumió como mandatario. Entre 2021 y 2022, en el marco de la campaña electoral para los comicios de 2022, se habrían utilizado 2 estructuras paralelas para financiar la campaña del PPSD, en el período electoral 2022-2026.
Dichas estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado (Costa Rica Próspera) y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral. “Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”, citó la entidad.
El Código Electoral indica que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Informe clave
El informe final de la investigación preliminar del caso, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) atribuyó posibles delitos electorales a Chaves, a André y a Brunner, por la presunta utilización de 2 estructuras paralelas (al margen del PPSD) para recaudar y gestionar financiamiento en favor de la campaña presidencial de Chaves.
Dicho documento fue secuestrado en enero pasado por el fiscal Díaz, en el marco de la investigación penal por este caso.
Una de las presuntas estructuras paralelas es el fideicomiso Costa Rica Próspera, fundado por el actual canciller André y gestionado por su empresa ATA Trust S.A., el cual habría captado recursos de forma ilegal para gastos de campaña.
La otra supuesta estructura paralela habría sido ejecutada por Jack Loeb Casanova, financista del mandatario y Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves durante la campaña e hija del actual diputado Waldo Agüero.
Según el TSE, Loeb habría hecho una donación de $200.000 a las campañas de Chaves y Waldo Agüero, por medio de la intermediación de Sofía (quien recibió los fondos en sus cuentas) y al margen de la tesorería del partido político. Operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. El TSE advirtió que dicha estructura habría operado entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
