Vacíos legales facilitan el uso de la venta de ganado para el lavado de dinero
Autoridades han detectado que grupos narco utilizan la compraventa de ganado y subastas sin controles como mecanismo para legitimar millones en efectivo
La supuesta red criminal dedicada al lavado de dinero, destapada recientemente gracias al caso Venus, poseía al menos 169 reses que fueron decomisadas por las autoridades judiciales. Además, operaba la Subasta Ganadera Nahael, ubicada en Pijije de Bagaces, Guanacaste.
Esta causa penal reveló nuevamente la facilidad con que grupos criminales invierten dinero en la comercialización de bovinos para blanquear recursos de dudosa procedencia, debido a la ausencia de controles efectivos.
En estos establecimientos se compran y venden animales como caballos, vacas, toros y terneros, que se presentan a potenciales compradores, quienes compiten mediante pujas para adquirir el ganado.
Las estructuras delictivas, principalmente vinculadas al narcotráfico, han encontrado una puerta abierta para legitimar el dinero que obtienen ilícitamente, gracias a la legislación nacional vigente.
Durante los últimos años, se ha registrado un aumento considerable en la cantidad de reses confiscadas a bandas desarticuladas, principalmente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Desde 2019, cuando iniciaron los registros, y hasta 2024, se han incautado al menos 3.721 ejemplares.
El valor total de los animales decomisados asciende a ₡2.084 millones en los últimos seis años, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
A diferencia de otras actividades comerciales —como la bancaria, joyerías, casinos o corredoras de bienes raíces—, las subastas ganaderas no están obligadas a conocer a sus clientes, reportar operaciones sospechosas ni realizar debidas diligencias.
En la búsqueda de vacíos legales para invertir y lavar dinero, muchos criminales encontraron en la ganadería un giro comercial propicio para legitimar activos, según ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD.
Esto quedó en evidencia especialmente en 2023, cuando la UIF investigó un caso en el que una sola red criminal movió aproximadamente $1,5 millones mediante la cría y venta de ganado.
Sin papeles de respaldo
La principal "ventaja" para los grandes delincuentes es que las transacciones se realizan en efectivo y sin intermediarios ni mayor documentación, lo que favorece la legitimación de capitales.
La mayoría de los negocios con reses se da en subastas ganaderas, donde el comercio ocurre de forma constante mediante la oferta y demanda de empresarios e interesados. En estos espacios no se exige documentación que permita certificar o justificar el origen del dinero utilizado.
De hecho, muchos de los sospechosos investigados o acusados por otros delitos también enfrentan cargos por robo de ganado. El año con mayor incidencia fue 2022, cuando se confiscaron 1.263 cabezas de ganado, tasadas en más de ₡1.001 millones.
El esquema básico consiste en invertir en hatos el dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos de alta rentabilidad. Luego, los criminales recurren a las subastas para vender el ganado y obtener dinero legal respaldado por una factura o documento.
Esa comprobación funciona como justificación suficiente para excusar el origen de los fondos ante bancos o entidades financieras, dándole así una apariencia lícita a recursos provenientes de actividades ilícitas.
A diferencia de bancos o agencias de bienes raíces, que deben cumplir obligaciones establecidas en la Ley N.º 8204, las subastas no enfrentan sanciones ni controles similares.
De acuerdo con el director del ICD, Fernando Ramírez, el problema no radica en la validez de la documentación entregada por las subastas, sino en la alta frecuencia de transacciones en efectivo y en la falta de trazabilidad o registros sobre la verdadera fuente del dinero.
El problema no radica en cuanto a la legitimidad de la documentación que le da la subasta. La subasta se la da porque logra demostrar o verificar que en efecto, alguien tiene un dinero que fue producto de la venta de un ganado.
El problema radica en el hecho en que estas transacciones ahí en la subasta ganadera se realizan en efectivo y no existe ningún control por parte de la subasta de quiénes son esos clientes.
Uno puede entender de que ellos tienen clientes históricos, el gremio ganadero se conoce, ellos saben quiénes son. Los ganaderos normalmente tienen años de estar tranzando entre ellos, por eso se unen en diferentes cámaras y en diferentes subastas ganaderas.
Lo que sucede es que muchas veces se les meten ahí miembros de estas organizaciones criminales que su único fin es legitimar, y están utilizando esta actividad que muchas personas hacen de forma lícita y adecuada, para procurar a través de ellos legitimar el dinero.
Proyecto de ley archivado
Para frenar estas prácticas, el ICD presentó en diciembre anterior un proyecto de ley que buscaba fortalecer el sistema antilavado. La iniciativa pretendía convertir a las subastas ganaderas en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF.
De aprobarse, los propietarios de estas subastas tendrían que implementar controles más rigurosos y colaborar en la prevención del lavado de dinero, aprovechando su acceso directo a potenciales lavadores y su capacidad para rastrear el origen de los fondos.
Sin embargo, la propuesta fue archivada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
"Ya se había identificado dentro del análisis de tipologías que esta es una actividad comercial susceptible para ser instrumentalizada para darle apariencia lícita a los dineros provenientes de actividades delictivas", señaló Ramírez.
Caso Venus
El OIJ ejecutó tres decomisos de ganado en el marco del caso Venus. El primer día de los allanamientos se confiscaron 55 reses. Posteriormente, durante operativos el miércoles y jueves, se incautaron 56 y 58 animales adicionales, respectivamente.
En total, 169 bovinos fueron puestos bajo custodia del ICD. La Unidad de Recuperación de Activos (URA) está obligada legalmente a recibirlos y buscar su colocación mediante subastas, para evitar que el Estado asuma el costo del cuido.
Las ventas generaron alrededor de ₡70 millones, que quedaron en custodia de la Tesorería Nacional mientras se resuelve la causa penal. Si se decreta el comiso, el dinero pasará al erario público; de lo contrario, se devolverá a los imputados.
La Subasta Ganadera Nahael es propiedad de César Augusto Melgar Sandoval, un guatemalteco de 33 años, nacionalizado costarricense, actualmente prófugo. Cumplió una condena entre 2011 y 2016 por tráfico de drogas, tras ser detenido en el aeropuerto con óvulos de heroína en el estómago.
Tras salir de prisión, Melgar comenzó a adquirir propiedades y bienes de alto valor, lo que generó sospechas sobre su crecimiento patrimonial y llevó a abrir la investigación.
En apariencia, Melgar formó una alianza con los hermanos empresarios de apellidos Álvarez Alfaro para ampliar su capacidad de blanqueo.
El origen del nombre del caso se vincula a un bar en Barrio Pinto de Zapote, llamado Venus, donde los tres presuntos cabecillas se reunían. Posteriormente instalaron otro bar con el mismo nombre en la finca ganadera.
Los tres llevaban una vida de lujos: residencias en condominios exclusivos, vehículos de alta gama como pick-ups, Lexus, Toyota o incluso Maserati, con precios que superan los ₡100 millones.
Aunque eran los hermanos Álvarez Alfaro quienes exhibían una vida más ostentosa, la alianza criminal se habría consolidado desde 2023 con un esquema de lavado capaz de procesar hasta ₡3.000 millones anuales, mediante el uso de 20 sociedades.
Ambos hermanos eran propietarios de una conocida corporación de talleres mecánicos y una cancha de pádel en Belén, que habrían sido utilizados para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
En días recientes, el OIJ y el Ministerio Público ejecutaron 20 allanamientos en Santa Ana, San Sebastián, Naciones Unidas, Zapote, Curridabat, Montes de Oca, Cristo Rey, Pérez Zeledón, La Guácima, El Coyol, San Rafael, Tambor y La Unión, en Cartago, además de Bagaces, Guanacaste.
Además de los tres cabecillas, fueron detenidas otras personas de apellidos Fernández Torrente, Campos Madrigal, García Ramírez, Mora Esquivel, Oses Cruz, Mora Chaves y Arboleda. En cuanto a Melgar, el Ministerio Público confirmó que las autoridades continúan su búsqueda para capturarlo y someterlo a proceso.
