“Venta” de derechos de agua en Guanacaste generó $9 millones, sin que proyecto se terminara
Informe de Auditoría del AyA señala "comercialización" de cartas de disponibilidad por medio de un fideicomiso
El acueducto El Coco-Ocotal fue suspendido en el 2009 por un voto de la Sala Constitucional. (Archivo / Imagen cortesía de Confraternidad Guanacasteca)
En Guanacaste hay sequía y muchas comunidades no tienen agua. Pero en una década compleja, una empresa privada realizó la "comercialización" de derechos de uso de agua, con lo cual recolectó casi $9 millones. Lo hizo a partir de cobros por conectarse a un polémico acueducto, que en más de 10 años no se ha concluido.
Es la conclusión del informe de Auditoría Interna AU-2017-00338 del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El órgano analizó el fideicomiso del proyecto de acueducto de Playas del Coco-Ocotal. La iniciativa se hizo entre el Estado y el sector privado, para poder construirlo en una zona que necesitaba la infraestructura. Ahora la actual Presidenta refuta el Informe, del cual CRHoy.com tiene copia.
El proyecto es polémico y tiene más de 10 años sin que se haya terminado. Luchas de las comunidades y fallos de la Sala Constitucional frenaron el plan en el pasado, que buscaba llevar agua de Sardinal al Coco y playa Hermosa, donde hay escasez. Se detuvo porque no habían estudios que confirmaran que había recurso y que no se dañarían los mantos acuífero. (Ver línea de tiempo interactiva más abajo.)
La Auditoría analizó diversos antecedentes del proceso, así como pronunciamientos de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría. El Auditor señaló que "no se evidencia el cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico establece".
"Tampoco se evidencia que el AyA ordenara con base en el criterio jurídico C-218-2008, el rectificar el actuar de la comercialización de servicios por parte de Fideicomiso", menciona el Informe, en referencia a cómo debe interpretarse la Ley, que sí permite a un privado construir estructura para servicios públicos, a cambio de reintegrarse lo invertido.
Más de mil servicios, casi $9 millones
El Gobierno asumió el proyecto y ahora está licitando obras. (Imagen de Presidencia con fines ilustrativos)
En el 2006 el AyA acordó con la empresa Coco Water, que esta ampliara el acueducto. En el 2008 se cedió a un fideicomiso en el Banco de Costa Rica (BCR). A través de este mecanismo, el AyA permitió del 2011 al 2017, 1.134 servicios de agua, según dijo el subgerente Manuel Salas a CRHoy.com.
El Informe de Auditoría, a partir de los datos de estados de cuenta certificados por el BCR, muestra que con los aportes de múltiples inversionistas – necesitados y desesosos de agua para sus proyectos inmobiliarios – el fideicomiso recaudó $8,9 millones.
"En la consecución de fondos para el financiamiento del proyecto de construcción del acueducto de Playas del Coco-Ocotal, el AyA conjuntamente con los administradores del fideicomiso han permitido la comercialización de servicios que a la fecha no existe certeza de que el recurso hídrico exista", expresó el Informe.
En el 2010 el AyA recibió las obras y en el 2012 con un avaluó determinó que lo invertido hasta el momento valía ¢1.073 millones (poco más de $2,1 millones en esa fecha). Esto es casi $7 millones recaudado por el Fideicomiso. Pero la Auditoría insistió en lo que visualiza como venta del agua. Según su análisis se generó una "expectativa de comercialización de 3.712 servicios, con una realidad material de venta de 1.594 servicios".
Sobre el monto recaudado asegura que "excede en demasía el valor real invertido en la primera fase". Además es un "potencial excedente del monto de lo que pueda significar la inversión en el anteproyecto" que maneja el AyA. Para la Auditoría lo que pasó "fue vender o comercializar derechos de servicio de agua ‘cartas de disponibilidad', sin que las obras se construyeran".
Cobro por conexión
Para recaudarlo el Fideicomiso definió un costo por conexión, a las empresas que comenzaban a aportar para tener una carta de disponibilidad. El 27 de abril del 2011, Julio Cedeño Maglione, administrador del Fideicomiso, le comunicó al entonces presidente del AyA Óscar Núñez y al entonces subgerente Eduardo Lezama que "el monto de dicha contribución es de $4,678.04 por conexión".
Este es el cuadro que muestra lo recaudado por el fideicomiso a partir de cobros por conexiones, elaborado por la Auditoría con documentos del BCR.
En el 2008, una investigación de La Nación señaló que Coco Water – presidida por el dueño de Grupo Mapache Carlos Arroyo Quirós – controlaba el agua en El Coco y Ocotal, donde cobraba $800 en adelantado por una carta de disponibilidad. Esto luego del acuerdo con el AyA que le comprometió 5 mil servicios del líquido.
AyA niega venta, proyecto nunca fue prioritario
La Ley de Planificación Urbana en su artículo 38 permite construcciones, si el urbanizador se compromete a costear obras fuera de su propiedad, para ofrecer servicios necesarios. Ahí se dicta que futuros proyectos que usen los servicios, deberán abonar a la empresa principal "una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto" en un periodo de 5 años.
"La cantidad a abonar será determinada por la institución que tenga a su cargo el servicio", dicta. A pesar de los $8,9 millones recaudados y que se superó el plazo de 5 años (en el 2017 aún se cobra), en entrevista con CRHoy.com, la presidenta del AyA Yamileth Astorga dijo que "no tengo idea de qué están recibiendo porque no somos parte de ese fideicomiso".
Astorga aseguró que la Auditoría Interna no comprende el funcionamiento de la figura del fideicomiso. Pero ante un proyecto rezagado en una década, admitió que en su administración no fue prioritario ni se investigó.
Astorga y el director Jurídico, Rodolfo Lizano, negaron que hubiera comercialización. Ambos coincidieron que la figura del fideicomiso era privada y aseguran que el AyA no es parte. A pesar de que alegan desconocer detalles, el ente fue designado como "Fideicomisario Principal"; el fideicomiso es la garantía de las obras. Incluso en el 2008 la Contraloría cuestionó al Instituto por aceptar el fideicomiso sin conocer el contrato. (Ver línea de tiempo interactiva más abajo.)
Lizano defendió en varias ocasiones que el fideicomiso – a pesar de múltiples críticas – es válido y funcionó de forma legal. El AyA firmó una nueva carta de entendimiento, para finalizar el fideicomiso y asegurarse que "no exista ningún margen de utilidad o ganancia adicional por parte del Fideicomiso". Esto a pesar de que ya se recaudaron casi $9 millones.
Posibles ilegalidades y avalúo pendiente
El AyA desconoce cuánto ha recaudado exactamente el fideicomiso de las empresas privadas y hasta ahora, más de 5 años después de entregadas las obras, analizará cuánto fue la inversión total. Así se dará cuenta – sin lugar a dudas – si hubo lucro. Por eso sus jerarcas insisten en que no tienen evidencia de acto ilegal, pero en ese momento presentarían las denuncias.
Posteriormente el AyA rescató el proyecto, ante la salinidad de pozos en Guanacaste. En el 2016 el fideicomiso, que quería concluir la obra, presentó diseños para continuar, pero no fueron aceptados por Acueductos.
Ahora esperan reanudar la construcción este mes. El AyA buscó una contratación directa, pero la Contraloría no la aceptó. El Instituto sacó a licitación ciertos elementos, para intentar concluir un acueducto más que cuestionado.
