Versión de gerente del BCR difiere con investigación interna sobre destrucción de discos duros

La posición sostenida por Douglas Soto Leitón, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), sobre la orden de destrucción de 2 discos duros de las computadoras de Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de banca corporativa y Álvaro Camacho de la O, quien fungió como subgerente de la misma oficina, discrepa con lo expuesto en el informe FI-1074-2024, elaborado por la Unidad de Investigación Interna del banco para establecer posibles irregularidades cometidas en la entidad.

Mientras Soto asegura que tan pronto se enteró de lo sucedido con los archivos desaparecidos solicitó "las indagaciones pertinentes", el oficio de investigación advierte que no existe "evidencia de alguna instrucción de su parte o hacia alguna oficina de control" sobre la interposición de una denuncia "pronta y directa" sobre los hechos cuestionados.

El documento fue entregado a la junta directiva el 27 de febrero de este año y remitido luego al Ministerio Público para ser incorporado en la causa 23-017883-0042-PE, la cual se unificó con la 21-000209-1218-PE, en el cual la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fatpa) indaga aparente sobreprecio en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas.

La causa se maneja contra ignorado, es decir sin imputados individualizados, luego de que el Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificado (FIIND) supuestamente finiquitara una negociación irregular con la sociedad anónima vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el período 2018-2022.

El parque fue adquirido en más de $70 millones por el  de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del banco (BCR SAFI) y el pasado 16 de febrero el último avalúo tasó el precio del inmueble en $28 millones, prácticamente la tercera parte de lo desembolsado.

El informe de la unidad bancaria apunta a que la información que se desechó con la desaparición de los archivos estaría relacionada con la adquisición del PEP en el 2020, así como correos electrónicos que datan desde enero del 2022.

"Solicité las indagaciones"

Una vez que este medio dio a conocer los detalles del informe el pasado lunes 29 de abril, el BCR respondió que estaban anuentes a colaborar con las investigaciones judiciales ante las cuales se solicite su intervención y que el caso se originó "como parte de investigación realizada por el propio Banco de Costa Rica".

"El BCR mantiene una política de cero tolerancia a cualquier acto irregular y es por ello que, cuando se tiene alguna sospecha sobre actuaciones que involucran actividades que podrían devenir en ilegítimas, se realiza la investigación administrativa de conformidad con la normativa interna y, de tenerse indicios que puedan ser reprochables en vía judicial, se pone el hecho en conocimiento de las autoridades competentes", contestaron.

Por su parte, Soto Leitón aseguró que la denuncia fue interpuesta por la Oficina de Investigaciones, "que es una dependencia administrativa que responde a la Gerencia General del BCR", aduciendo que está bajo su tutela.

"Rechazo enérgica y vehementemente que mi persona girara alguna instrucción para destruir los discos duros o cualquier otro activo del BCR, por el contrario, tan pronto me enteré de lo sucedido sobre los dispositivos solicité las indagaciones pertinentes", respondió a este medio.

Previo a esto también se le había consultado sobre la denuncia de la presunta irregularidad en la adquisición del inmueble de bodegas y respondió que hasta donde tenía conocimiento la causa se seguía contra ignorado y fue interpuesta por un tercero, por lo que negó su participación en la interposición de la misma.

Incumplimiento de deberes

La investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar los motivos de la destrucción de esos bienes del Estado y el origen de la orden para hacerlo, y se llegó a la conclusión, según reza el texto aportado a la Fiscalía, que "se identificó puntualmente el tratamiento irregular de los discos duros de las máquinas de computadora tipo Laptop perteneciente a los involucrados".

Como parte de los resultados encontrados, además de la posible participación de Bolaños y Camacho en los actos cuestionables, determinaron que Soto no actuó como dijo, con la interposición de una queja formal ante la Fiscalía, como sugirió en la respuesta que enviaron sobre lo investigado.

"Para esta unidad, no queda claro, y no se entrega por parte del Sr. Douglas Soto Leiton, evidencia de alguna instrucción de su parte o hacia alguna oficina de control, la interposición de una denuncia pronta y directa sobre los hechos cuestionados, claramente su perfil de puesto indica (… Garantizar el acatamiento del marco normativo de Control Interno, Cumplimiento y Gestión de Riesgos, para promover una cultura de gestión basada riesgos en el Conglomerado Financiero BCR.), lo cual hubiere evitado a todas luces un daño mayor a nivel de opinión pública y sus clientes"

Por ese motivo exponen que podría existir un incumplimiento de funciones por parte del alto funcionario y se recomendó a la Fiscalía una investigación para poder constatarlo.

El informe añade que con los elementos encontrados, la unidad investigativa del banco halló la vía para poner la denuncia, tomando en cuenta que "no había instrucción alguna por parte de la Gerencia General o sus gerencias que estuvieren por encima de esta unidad".

Gracias a ese trabajo, el equipo a cargo de esa búsqueda de datos y testimonios logró recuperar información pertinente del caso que ya está a disposición del Ministerio Público.

Como parte de ese proceso se determinó que era necesario resguardar información de otros equipos, por lo que decomisaron equipos a los miembros de la junta directiva de la SAFI, pues reconocen que "podría haber más personas involucradas" en las actuaciones que hoy figuran en una causa penal.

¿Qué sucedió?

A Bolaños y a Camacho se les señala por "presuntamente estar relacionados con girar instrucción para destruir los discos duros, del computador asignado por el BCR para realizar sus funciones", mientras que al gerente Soto Leitón se le expone como investigado en el mismo proceso pero no como involucrado directo.

Ambos jerarcas renunciaron al BCR el 19 de junio de 2023. El mismo día en que, según la versión de la testigo entrevistada por la fiscalía, habrían solicitado la destrucción de los discos duros. Previo a esto, también habrían pedido un respaldo de la información que estaba en los equipos.

Tras ser consultados por este medio, los dos indicaron que no podían rendir ninguna declaración al respecto por recomendación de su abogado.

Ambos exfuncionarios habrían indicado a la ingeniera en sistemas que la orden de destruir los aparatos la giró el gerente Soto, quien este 29 de abril rechazó tales afirmaciones tras ser consultado por CRHoy.com al respecto.

Por esos señalamientos, la Unidad de Investigaciones del BCR sugirió al Ministerio Público abrir un proceso penal por supuesto incumplimiento de deberes. No obstante, a este 2 de mayo de 2024, no existía ninguna causas abierta contra Soto por este caso.

Según describe el oficio remitido a la Fiscalía, la oficina que estuvo a cargo de investigar el caso se enteró de lo sucedido 4 días después de la desaparición de los archivos, por lo que se dieron a la tarea de buscar a donde se habían guardado.

La fiscalía unificó bajo una sola causa penal las investigaciones en el expediente 21-000209-1218-PE por la presunta compra irregular con sobreprecio del parque, la eliminación de la información en los archivos de altos mandos del banco (23-017883-0042-PE) y aparente administración fraudulenta (24-000013-0619-PE).