(VIDEO) Ministro esperó año electoral para avanzar en proyecto de nueva cárcel y culpa a otros por atrasos 

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, reconoce que desde hace años estaba al tanto de las deterioradas condiciones del sistema penitenciario que administra y de la urgencia de contar con nuevos recintos.

Sin embargo, defiende que se impulse la construcción de una nueva cárcel hasta el año electoral, cuando el gobierno de Rodrigo Chaves ya se encuentra de salida.

En días recientes, el Poder Ejecutivo ha intensificado su campaña pública a favor de este proyecto, incluso divulgando algunos detalles del Centro de Alta Contención (CACCO), una obra de 31.000 m² que se ubicará en San Rafael de Alajuela, con un costo estimado de ₡21.000 millones.

Para justificar la construcción, Chaves y Campos han insistido en la "urgencia" de contar con nuevos espacios, aunque esa necesidad no es reciente.

El propio jerarca admitió que desde inicios del actual gobierno, en 2022, tenían conocimiento de los requerimientos carcelarios debido al desgaste y la sobrepoblación.

Aun así, no fue sino hasta un año preelectoral que el Ejecutivo "metió el acelerador" para impulsar la nueva cárcel. CR Hoy cuestionó a Campos por qué en los tres años previos no hubo avances, pero el jerarca se limitó a justificarse y culpar a factores externos.

"El primer año cuando llegamos, el presupuesto no lo hicimos nosotros, lo hizo otro gobierno. El segundo año empezamos a trabajar en un modelo de estructuras livianas para poder sacar gente y remodelar lo actual: la Asamblea no nos dejó. 

El tercer año fue cuando dijimos: ‘no, urge entonces una cárcel nueva'. Hicimos etapas, hay que entender. Usted no puede llegar a una casa a querer hacer todo si no lo entiende muy bien. Creo que vamos en los plazos necesarios.

Alguien tenía que hacer una cárcel nueva, nadie lo había hecho. Estamos trabajando nosotros", replicó el jerarca.

En realidad, fue hasta mayo del 2025 que se iniciaron los estudios de mercado para identificar posibles oferentes, según reconoció el propio Ministerio de Justicia.

Además, hasta el 10 de julio del 2025 el proyecto fue inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en la etapa de "perfil". Posteriormente, el 22 de agosto alcanzó la fase de prefactibilidad y recibió el informe de viabilidad de las autoridades competentes.

Según Campos, ninguna cárcel actual reúne las condiciones mínimas y la única solución es una nueva infraestructura que permita dar contención con menor cantidad de recurso policial disponible, de modo que los agentes puedan reorientarse a otras etapas del sistema penitenciario.

Pero estas advertencias no son nuevas para el ministro. Fuentes cercanas a su gestión confirmaron que desde el 2022 ya tenían claro el estado crítico de las cárceles, al punto de que privados de libertad lograban arrancar varillas de las paredes para convertirlas en armas punzocortantes.

El mismo Campos admitió que estaban al tanto de la situación, pero aun así defiende que solo hasta ahora aceleren el proyecto.

"Hemos sacado un montón de videos de las circunstancias como ellos sacan las armas. Tenemos un sistema penitenciario obsoleto y deteriorado, eso es real. Lo dije desde el primer año de gestión a todos los jefes de fracción y llevamos todas las tomas y videos.

No creo que estemos descubriendo el agua tibia con esa afirmación", indicó el jerarca a este medio en recientes semanas.

Nada nuevo

Desde noviembre del 2022, con apenas un semestre en el cargo, Campos ya reconocía la necesidad de hacer inversiones en el sistema penitenciario, aunque el sentido de urgencia surge apenas ahora.

Durante una comparecencia en aquellas fechas ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, incluso solicitó recursos sin especificar claramente su destino.

"Yo primero necesito tener las instalaciones de los centros penitenciarios adecuadas, para que ellos puedan comer y dormir, con policías. Cuando tenga eso, voy a requerir más policías para cuidarlos en estas labores", dijo el aquel momento.

De manera similar, en octubre del 2023, reiteró que el Sistema Penitenciario Nacional ya se encontraba al límite de su capacidad.

"Cuando yo veo que se está dando ese fortalecimiento (de las policías) y miro hoy el sistema penitenciario digo y ¿dónde cree que van a llegar esas personas detenidas? Si a hoy, producto de esto que no se ha invertido, estamos con un 18.39% de sobrepoblación, estamos a punto de llegar a hacinamiento.

Y si llegamos a hacinamiento, va a haber una orden de un juez de la República que nos va a decir tienen que liberar", señaló el jerarca durante otra comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Además, confirmó que desde entonces valoraban la construcción de un nuevo recinto y que ya tenían terreno, pero, nuevamente, los planes no avanzaron ni se comunicaron.

En esa misma línea, el entonces director general de Adaptación Social, cercano al ministro, Juan Carlos Arias, alertó que, si el país esperaba recibir más personas del crimen organizado, el sistema no tenía capacidad para albergarlas.

Recordó que cada semana ingresaban unas 150 personas a prisión y que la Sala IV había establecido de manera expresa que no podían permanecer en celdas judiciales por la falta de condiciones.

"Estamos bajo un hacinamiento crítico y hablamos de un cierre técnico del sistema penitenciario", comentó Arias.

Las advertencias se repitieron desde distintos frentes. Un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado en mayo del 2023, describió las condiciones precarias de la mayoría de centros penales del país.

En junio de ese mismo año, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó el cierre "inmediato y definitivo" del Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez Echeverría, dadas sus condiciones "infrahumanas" e "inhabitables".

La resolución citó informes del Sistema Penitenciario, el Mecanismo de Prevención de la Tortura y fallos de la Sala Constitucional y de la CIDH que evidenciaban hacinamiento crítico, infraestructura deficiente y violaciones a derechos fundamentales.

Incluso se prohibió el ingreso de nuevos reos y se otorgó un mes para trasladar a los sentenciados. El juez responsabilizó al Ministerio de Justicia por décadas de incumplimientos y desatención a órdenes judiciales.

Sin embargo, en esos momentos tampoco se aceleró la construcción de un nuevo recinto.

La "solución" con carpas

En su defensa para justificar el impulso del proyecto en año electoral, Campos mencionó la negativa de la Asamblea Legislativa a permitirle gastar miles de millones de colones en la instalación de carpas para reos dentro del sistema penitenciario.

CR Hoy reveló a mediados del 2024, que el Gobierno evaluó esa opción como medida para el hacinamiento, aunque existían alertas de voces técnicas dentro del del propio ministerio.

Estas alertaron sobre la inseguridad, el escaso margen de control para los policías penitenciarios, el riesgo de agresiones y fugas, los daños críticos en estructuras débiles, la posibilidad de fabricar armas hechizas con los materiales, el alto costo para una solución temporal, la baja durabilidad, la facilidad de vandalización, la ausencia de condiciones mínimas de contención y la facilidad para ocultar drogas o celulares.

Pese a esas advertencias, el Gobierno pretendía usar ₡2.685 millones en cárceles livianas. No obstante, tres días después de haber presentado ese presupuesto, el propio ministro admitió que no existían estudios técnicos ni una decisión firme sobre el uso de carpas u otras soluciones distintas a la construcción de recintos en concreto.

En lugar de destinar esos recursos al mantenimiento y reparación de edificios, la intención de Campos era utilizarlos en módulos livianos de baja contención.

"Es que todavía no son carpas, estamos en ese análisis: es construcción liviana pero apenas estamos haciendo los estudios técnicos. Tenemos que hacer la oferta para conocer más y ver los costos. 

Lo cierto es que, si llegan a implementarse, se van a poner dentro de los sistemas cerrados penitenciarios, pero hay cosas que ahorita me quieren preguntar, que todavía estamos en etapa. Primero tengo que ver si el proyecto es factible",dijo en agosto del año pasado, cuando también reconoció una sobrepoblación de más de 3.000 personas.

Ese día, para defender su idea, llegó a comparar las carpas para reos con los hoteles tipo glamping.