Video revela trasiego de cigarros de contrabando en pulpería de expolicía allanada hace 2 meses

La pulpería de un exoficial de la Fuerza Pública, de apellidos Martínez Fernández, continúa vendiendo cigarros de contrabando, pese a que fue allanada hace dos meses por la Policía de Control Fiscal (PCF).

Un video en poder de CR Hoy confirma la actividad ilegal. Las imágenes ya forman parte de una investigación activa dentro del expediente que mantiene la PCF por el trasiego de mercadería ilícita detectado en ese negocio, ubicado en el centro de San José.

El material audiovisual muestra al menos tres compras controladas realizadas el 16 y 21 de julio de este año. En ellas, los dependientes ofrecen marcas como Gold City, Fisher, Índigo y Silver Elephant.

Durante las grabaciones, el comprador consulta por precios y marcas, mientras los empleados explican las opciones disponibles. Venden cigarros sueltos desde ¢50 hasta ¢300, y paquetes completos por precios muy por debajo de los del mercado formal.

Sobre una mesa principal se exhiben hasta 16 cajetillas distintas con los precios por unidad. Una vez que el cliente elige, los dependientes extraen el producto desde una caja interna para concretar la venta.

Aunque el local opera como una pulpería con venta de abarrotes, la mayoría de clientes llega por cigarros y licor de contrabando.

La Policía Municipal de San José mantiene operativos contra esta actividad ilegal, pero admite tener limitaciones legales. Además, señala que los contrabandistas conocen bien la normativa y manipulan su operación para mantenerse al margen de la ley sin ser detenidos.

"Estamos enterados, uno de los locales que fue intervenido está en operación cometiendo las mismas faltas, este mismo local ha sido intervenido por toda la institucionalidad pública desde hace varios años, la persona a cargo de manejarlo ha enfrentado procesos de todo tipo desde judiciales hasta administrativos, pero es tan lucrativo que las sanciones solo forman parte de los gastos del mismo negocio", explicó Marcelo Solano, director de ese cuerpo policial.

Local alquilado

La municipalidad confirmó que mantiene un expediente abierto contra el dueño del Minisúper Negro. Sin embargo, a lo largo de los años, el sujeto de apellido Martínez ha enfrentado varios procesos sin que estos logren frenarlo.

Ante esta situación, las autoridades apelan ahora a los dueños registrales del edificio, ya que el exoficial alquila el local. Buscan involucrar a los arrendadores para que actúen contra su inquilino, quien infringe la ley. De lo contrario, también emprenderán acciones legales contra ellos por permitir actividades al margen de la legalidad.

"Si no toman acciones, asumirían solidariamente la responsabilidad de lo que está pasando", advirtió.

Actualmente, uno de los procesos en curso se tramita en el Departamento de Patentes, donde gestionan la cancelación definitiva del permiso de actividad comercial. La intención es anular la autorización del local por reincidencia, y no simplemente suspenderla temporalmente como ocurrió en ocasiones anteriores.

No obstante, Solano explicó que estos trámites pueden extenderse por meses o incluso años. Por eso, impulsan acciones por otras vías para detener el comercio ilícito que opera en ese inmueble.

"Ya se ha intervenido con la normativa sanitaria con el Ministerio de Salud, en materia fiscal con la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, la municipal por parte nuestra como policías y otras oficinas, desde Seguridad con apoyo de Fuerza Pública y acción judicial con allanamientos del Organismo de Investigación Judicial", detalló.

El jefe policial también señaló que los responsables han ampliado su operación más allá del minisúper. Se han aliado ilícitamente con terceros que distribuyen los cigarros en diferentes puntos de la capital.

"El tema del contrabando tiene una organización similar al del narcotráfico, generalmente quienes están en uno también están en el otro, las ganancias confluyen y se van para destinos insospechados, es una forma muy marcada para lavar dinero", afirmó.

La conexión entre ambos delitos es clara. Operan mediante redes de colaboradores y logística que se encargan de la compra en el extranjero, ingreso al país, distribución, venta y posterior legitimación de los recursos.

Consultado al respecto, el Ministerio de Hacienda respondió que por estar judicializado el caso es el Ministerio Público el que debe emitir información.

"En cuanto a las coordinaciones con la municipalidad, si bien dicha entidad participó en la actuación, conforme a sus competencias, realiza de oficio las acciones correspondientes", indicaron.

Cigarros de contrabando y estructuras criminales

Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, confirmó que investigan varios casos relacionados con el contrabando de cigarros. Aseguró que organizaciones vinculadas al trasiego de drogas también operan en este negocio ilegal.

"Es un tema que no solo hemos trabajado con anterioridad, sino que le estamos poniendo atención y ocupando porque efectivamente existe una vinculación de grupos criminales con el contrabando de cigarros, porque este negocio financia las operaciones de diferentes grupos criminales porque es un flujo de efectivo que entra a diario", afirmó.

Boraschi explicó que la mayoría de cigarros que ingresan al país provienen de China y países de Suramérica, aunque recientemente han detectado cargamentos desde México.

"Básicamente, no solo se le causa un daño al fisco, sino que representa un peligro grave para la salud de las personas que consumen este tipo de productos", advirtió.

El fiscal confirmó que mantienen investigaciones activas sobre ventas clandestinas en la capital, aunque evitó dar detalles por el estado avanzado de las diligencias.

"(…) tenemos referenciada ya parte de la operación de estos grupos", indicó.

Agregó que el contrabando de cigarros funciona como una "caja chica" para estructuras criminales asociadas al narcotráfico. Por eso, la Fiscalía enfoca sus esfuerzos en varias investigaciones para desarticular estas bandas.

Causa abierta en Fadeta

La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual (Fadeta) confirmó en junio que abrió el expediente penal 25-00022-0621-PE por el delito de contrabando. El caso investiga la participación del exoficial Martínez Fernández en el ocultamiento de un cargamento millonario de cigarros ilegales. Por ahora, el sujeto no figura como imputado.

La Policía de Control Fiscal (PCF) lo seguía desde hacía varios meses. A finales de mayo, las autoridades coordinaron un allanamiento en una propiedad suya ubicada en el centro de San José, tras recibir información de que la usaba como bodega para ocultar mercancía ilegal.

Durante la diligencia, los agentes confirmaron la presencia de más de ¢4 millones en cigarros de contrabando, en su mayoría de la marca Gold City. Los productos fueron decomisados y el acta correspondiente fue enviada a la Fiscalía para incorporarla en la causa penal.

Además del local comercial cerca del mercado Borbón, las autoridades allanaron una casa de habitación donde encontraron cerca de 4.000 unidades de licor, 1.650 medicamentos, un vehículo y prueba documental relevante.

Según el informe, Martínez utilizaba el segundo piso del inmueble como bodega para almacenar las cajas con mercancía ilegal, mientras que el primer nivel —donde funcionaba el minisúper— no contenía esos productos.

Cada vez que la policía solicitaba revisar la planta alta, el exoficial alegaba que era su residencia y negaba el ingreso. Solo permitía la revisión del área comercial.

"Actualmente, es uno de los distribuidores de cigarros ilegales más fuertes de San José", indica uno de los informes policiales incluidos en la investigación.

Martínez formó parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) entre 2008 y 2017, donde ocupó varios cargos, incluyendo un rango alto en el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de San José.