(VIDEOS) Oleada de nuevos coligalleros amplían impacto en Crucitas con inmensos túneles y uso de cianuro
Éxodo de coligalleros desde Nicaragua intensifica minería ilegal y extiende huella ecológica de esta actividad ilícita
Una nueva oleada de minería ilegal se ha desatado en la zona norte del país y ya no se limita únicamente a la finca Vivoyet, ubicada en Crucitas, Cutris de San Carlos. Aproximadamente entre 1.000 y 1.500 coligalleros operan actualmente en la región.
En su mayoría, se hospedan en cuarterías temporales que ellos mismos construyen o que grupos organizados facilitan a quienes se dedican a la extracción minera, según líderes y vecinos.
Otra parte importante opta por quedarse dentro de la montaña, adentrándose en el Cerro La Fortuna, donde se concentran los mayores yacimientos de oro. De esta forma, pueden esconderse con mayor facilidad y trabajar durante la noche, cuando la presencia policial disminuye.
Existe una tercera porción de coligalleros que se moviliza a diario o con cierta frecuencia desde el otro lado del río San Juan, provenientes de Nicaragua. Cruzan en lanchas por diversos puntos fronterizos no autorizados e incursionan en Vivoyet.
Esta situación se ha intensificado en los últimos meses, debido a cambios en la explotación del metal precioso en el país vecino. En años previos, los coligalleros extraían libremente en la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada del otro lado del límite internacional.
No obstante, el régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha entregado sus recursos mineros a empresas chinas. En los últimos dos años, la firma Zhong Fu Development S.A. recibió más de 2.312 kilómetros cuadrados.
Esta misma semana, el pasado martes, el gobierno nicaragüense otorgó una concesión minera a cielo abierto en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a esa empresa china, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.
Según la organización ambientalista Fundación del Río, esa concesión, al igual que otras tres otorgadas a firmas chinas, fue autorizada dentro de la Biosfera del Río San Juan, que abarca áreas protegidas como la Reserva Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en la frontera con nuestro país.
Este cambio de paradigma ha generado un éxodo de coligalleros que buscan operar fuera de Indio Maíz, dirigiéndose a suelo nacional en Crucitas, donde la situación carece de control y pueden mantener su "fiebre del oro".
Impacto sin precedentes
Informantes de la zona, que prefieren permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, relatan a CR Hoy que el impacto ambiental actual no tiene precedentes en comparación con las dos décadas anteriores desde que se reporta la presencia de coligalleros en Crucitas.
La razón es el cambio en la operación de los oreros. La principal preocupación es que se ha comenzado a utilizar cianuro, un grupo de compuestos químicos altamente tóxicos que representa un grave riesgo ambiental al contaminar suelos y aguas, tanto subterráneas como superficiales.
Previamente, quienes se dedicaban a la minería ilícita utilizaban mercurio, un metal pesado tóxico y líquido, empleado para recuperar oro al adherirse a este y formar una amalgama, que luego se calienta para evaporar el mercurio, dejando atrás el oro puro en forma de "esponja".
Aunque el mercurio persiste y contamina, el cianuro mata rápido. En minutos bloquea la respiración celular, dejando pocas oportunidades de sobrevivir. Su amenaza es inmediata y letal, mucho más que los daños silenciosos del mercurio.
Normalmente, en la extracción del lado nicaragüense se empleaba más el cianuro, pero ahora su uso se ha intensificado en suelo costarricense, incluyendo pilas artesanales de cianuro.
Otra variante es que los coligalleros ya no trabajan el sedimento rico en oro dentro del cerro; lo extraen y trasladan hacia cuarterías o casas, donde lo cargan en vehículos, esperando el momento oportuno para evadir a la policía.
La contaminación ha empeorado progresivamente. Inicialmente, los materiales se lavaban en Crucitas, concentrando el impacto ambiental en un solo sitio. Se extraía el oro de humedales y quebradas dentro de la finca Vivoyet.
La modalidad ha cambiado: ahora cavan túneles a profundidades de 30 a 40 metros, algunos con extensión de hasta 100 o 150 metros bajo tierra, y trasladan el material para usar tómbolas.
Entre las zonas donde ahora se mezcla el sedimento con mercurio o cianuro y el el foco de contaminación se ha extendido, están Coopevega y otras áreas del distrito de Cutris, así como a regiones de Pocosol de San Carlos y del cantón de Los Chiles, donde se presume que operan entre 150 y 200 tómbolas.
El material minero puede llegar hasta Abangares, Guanacaste, donde la minería es más prolífica, y en las tómbolas de esa zona se procesa material proveniente del norte del país.
Por turno, el terreno es vigilado por aproximadamente 40 policías; sin embargo, en días de cambio de rol esta cifra disminuye a apenas unos 10 uniformados, debilitando la lucha contra la criminalidad.
Además, los mismos oreros realizan mediciones y cuentan con "campanas", personas dedicadas a alertar sobre la presencia policial, para evitar ser capturados.
Crimen organizado
Recientemente, el regidor independiente de San Carlos, Juan Pablo Rodríguez, alertó que esta actividad es financiada por grupos dedicados al narcotráfico, que reclutan a coligalleros y compran el metal para legitimar dinero de actividades ilícitas.
Aseguró que la inversión del narco es evidente en la utilización de herramientas de alto valor económico para la extracción ilegal de oro, en una zona ya afectada por el tránsito de migrantes y sustancias ilícitas.
"Estamos hablando de rotomartillos, plantas eléctricas, herramientas que no son baratas. Tiene un costo muy alto y lógicamente alguien está financiando esto, y sí hay información bastante constatable en la zona, de que el narcotráfico está financiando la explotación ilegal de oro.
Obviamente con la explotación ilegal de oro lo que pretenderían es legitimar dinero producto del del narcotráfico, supongo yo, es parte de lo que de las actividades que utilizan para eso", aseguró el regidor.
Las autoridades han reconocido la incursión del crimen organizado. Las unidades de inteligencia de la Fuerza Pública han detectado el desplazamiento y trasiego de materiales extraídos de las montañas San Carlos hacia otras regiones del país, donde cuentan con infraestructura para procesar el oro.
De esta forma, evitan cometer un delito flagrante. El director de la policía, Marlon Cubillo, explicó que si una persona es detenida con tierra colada cerca de Crucitas, incurre en delitos ambientales de manera flagrante.
Sin embargo, si transportan el material a zonas alejadas, donde no se puede determinar con certeza que proviene de Crucitas, no se configura un delito, lo que les permite evadir la acción policial.
"Si lo hacen en un lugar externo, con material de la zona de Crucitas, no configura tipo penal y no configura delito, entonces esa es la modalidad que estamos detectando", manifestó durante una audiencia ante el Congreso desde abril pasado.
Si no se logra retener a los coligalleros con el material cerca de Cutris, es difícil comprobar su origen, por lo que se requiere iniciar una investigación más amplia.
Las autoridades reconocen que el negocio del oro está controlado por el crimen organizado, con estructuras que se reparten las tres mil hectáreas de terreno donde operan, levantan campamentos, manejan armas de fuego e incluso mantienen plantaciones de marihuana para el comercio local.
Estos grupos operan muy cerca de la frontera y de manera binacional, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, con traslados diarios entre ambos países. Actualmente, se calcula que unas tres mil personas se dedican a esta actividad ilícita.