Viviendas en precario aumentaron un 50 % en Costa Rica en los últimos 12 años

"Los Huevitos" es un precario en el que viven más de 250 familias y que se ubica en Río Segundo de Alajuela, cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

En total, más de 1.500 personas comparten sus vidas en viviendas muy humildes, muchas de ellas tipo rancho, en medio del hacinamiento, la exclusión social y los riesgos por eventos climáticos o incendios a los que diariamente están expuestas.

Aunque desde hace 10 años sus habitantes lograron que se les suministrara energía eléctrica y agua potable, las carencias siguen siendo muchas, según relató Rebeca Sánchez, vecina y presidenta de la Asociación Bendición de Dios, una organización comunal.

Han intentado acercamientos con funcionarios del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) para buscar soluciones habitacionales, pero no han sido atendidos.

"A la fecha no se han podido concretar reuniones; simplemente nos han dejado correos en visto. Hemos enviado documentos, nos hemos presentado físicamente, nos han dicho que van a buscar tiempo para recibirnos en una reunión, pero hasta el momento no se ha dado absolutamente nada", comentó Sánchez, quien no titubeó al afirmar que el Gobierno los mantiene en abandono.

Quienes conviven en ese precario enfrentan a diario limitaciones económicas: los pocos ingresos que reciben apenas alcanzan para comer y cubrir otras necesidades. Además, están expuestos a diversos riesgos, como los incendios.

De hecho, en 2022 y 2023 este asentamiento fue noticia cuando varias de sus viviendas fueron consumidas por las llamas.

Incremento

"Los Huevitos" es uno de los 576 asentamientos informales identificados en Costa Rica, los cuales han aumentado un 50 % desde 2013.

Según un estudio de la Contraloría General de la República (CGR), 64.128 hogares viven en precariedad habitacional y exclusión social.

Estas familias agrupan a 183.000 personas que ocupan espacio urbano y rural sin tenencia legal del suelo, en condiciones de precariedad habitacional, carencia de servicios básicos esenciales —como agua potable, electricidad y recolección de residuos—, falta de infraestructura urbana y, además, suelen ubicarse en zonas de alto riesgo.

Un 48 % (278) de los precarios se localizan dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) y el restante 52 % (298), fuera de ella, de acuerdo con el informe Atención de Asentamientos Informales y su Impacto en la Hacienda Pública.

Estos asentamientos están distribuidos en 303 propiedades del Estado y 273 propiedades privadas.

A nivel nacional, se localizan en 61 cantones, pero el 80 % de ellos se concentran en apenas 20 cantones.

Exclusión

La Contraloría señala que los precarios en el país siguen siendo una realidad poco atendida por las instituciones públicas, a pesar de que históricamente miles de personas —muchas en condición de vulnerabilidad— habitan en ellos.

"Este fenómeno, que continúa en aumento, propicia importantes repercusiones sociales, económicas, ambientales y fiscales, y representa un desafío cada vez mayor en su prevención y atención", advierte.

La falta de reconocimiento y de atención oportuna implica mantener a una parte de la población fuera del radar del Estado. Esta omisión perpetúa la exclusión social, incrementa los riesgos de desastre en esos territorios y debilita la capacidad del país para responder a una de sus realidades urbanas más urgentes.

"En este contexto, es importante remarcar que no es posible resolver un problema que, desde su conceptualización, no se comprende de manera integral. Mientras falte un lenguaje común y datos consistentes y actualizados para la toma de decisiones —desde el nivel nacional al local—, no se podrá dimensionar ni atender adecuadamente este desafío", indica la entidad fiscalizadora.

El informe subraya que reconocer, definir y caracterizar correctamente estos asentamientos no es únicamente una tarea técnica: es una acción urgente y estratégica para permitir una planificación adecuada, una gestión pública eficaz y una mitigación del riesgo de desastres.

La CGR identificó la falta de una definición común sobre los asentamientos informales, debilidades en la información acerca de ellos y la ausencia de un análisis del riesgo de desastres específico para estos territorios.

Debilidades

Un conjunto de deficiencias atenta contra la adecuada atención de la expansión de los precarios en Costa Rica.

La Contraloría menciona las siguientes:

• Los gobiernos locales no tienen claridad conceptual sobre los precarios, lo que repercute en su capacidad de identificar, clasificar y comprender el problema de los asentamientos ubicados en sus territorios.
• La gestión de los asentamientos informales enfrenta debilidades significativas en su base de información, lo que limita la capacidad del Estado para intervenir de forma estratégica, priorizar recursos y medir resultados.
• Sin una base de datos consistente, actualizada y compartida es imposible dimensionar con precisión el fenómeno; se dificulta priorizar territorios según su nivel de riesgo y vulnerabilidad, y las políticas públicas carecen de evidencia confiable para su diseño y evaluación.
• Uno de los principales vacíos en la atención de los asentamientos informales es la ausencia total de análisis del riesgo de desastres asociado a estos territorios. La vulnerabilidad de las personas que habitan en ellos no se relaciona solo con la pobreza o la exclusión social, sino también con su exposición constante a amenazas naturales.

Insuficiente gestión

El estudio de la Contraloría determinó que la expansión y evolución persistente de los asentamientos informales en Costa Rica evidencian una gestión pública insuficiente, desarticulada y sin una orientación estratégica clara.

Esta falta de dirección común ha generado respuestas fragmentadas, predominantemente reactivas, que no logran abordar de manera integral la complejidad del fenómeno.

"Lejos de existir una visión articulada entre el nivel nacional y local, las acciones emprendidas hasta ahora han sido escasas y aisladas, lo que ha limitado significativamente la capacidad del Estado para anticiparse y responder de manera efectiva a este fenómeno", menciona el informe.

Se identificaron tres condiciones que reflejan con mayor profundidad las debilidades de la gestión pública frente a los asentamientos informales:

• Una gestión sin visión común.
• Limitaciones en la gestión de proyectos dirigidos a la atención de asentamientos.
• Escaso control sobre la evolución de los asentamientos informales y la prevención de su reocupación.

La expansión y el crecimiento de los asentamientos informales no solo evidencian una deuda histórica con miles de personas en situación de vulnerabilidad, sino también la urgente necesidad de transformar la manera en que el Estado enfrenta esta realidad.

La informalidad urbana revela la brecha en el acceso equitativo al suelo, a una vivienda digna y a servicios básicos.

La ausencia de estrategia no solo perpetúa la exclusión social, como la que sufren los habitantes de "Los Huevitos", quienes, cuando se les pregunta por apoyo del Estado, responden: "Del Gobierno no hemos recibido nada".