Caso Azteca: 13 funcionarios del AYA regresaron a sus puestos de trabajo
Deben abstenerse de participar en procesos de licitación y contratación institucional
(CRHoy.com).— Los 13 funcionarios vinculados con el llamado "Caso Azteca" regresaron a sus puestos de trabajo luego de una resolución del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, según informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) tras una consulta de CRHoy.com.
La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticularon, el 9 de noviembre del 2021, un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas que había penetrado al AyA y al Banco Nacional con el fin de legitimar el dinero obtenido de la venta de estupefacientes por medio de la adjudicación de licitaciones públicas. Se realizaron 38 allanamientos simultáneos.
La Dirección Jurídica y Subgerencia de Sistemas Periféricos del AYA informaron, ante una consulta de CRHoy.com, que la medida cautelar de suspensión del cargo y de no acercarse a su lugar de trabajo, impuesta a los funcionarios Acuña Rojas, Corrales Casanova, Araya Araya, Cordero Barrantes, Balcázar Ramírez, Aguilar Jiménez, Vindas Romero, Ramírez Marín, Arias Cordero, Ulate Montoya, Calvo Chaves, Mora Guevara y Torres Hernández finalizó tras una resolución del Tribunal Penal de San José.
"Ante esta situación y con la resolución GG-R-2023-120, la Gerencia General se les ordena a los funcionarios a reintegrarse a los lugares de trabajo a partir de la notificación del día de la resolución. Esta resolución está fechada el 28 de febrero del 2023, y la fecha de notificación varía con cada funcionario en los días siguientes", indicaron.
La Oficina de Prensa del AYA indicó que todos los funcionarios han vuelto a sus labores con la siguiente restricción, "debiendo abstenerse de participar en todo lo relacionado con temas de procesos de licitación y contratación institucional, función que deberá ser asumida por el superior inmediato, por lo que deberán estos últimos, velar por el cumplimiento de lo ordenado mediante la presente resolución".
¿Qué determinó la investigación del OIJ?
CRHoy.com tuvo acceso al expediente judicial, donde los agentes determinaron cuál era la función de algunos de los funcionarios del AYA y cómo fueron "reclutados" por la presunta organización de narcotraficantes, liderada por los colombianos identificados con los apellidos Camelo Méndez, Montaño Mosquera, López Cobo y el mexicano, García Jr., con el fin de legitimar los dineros obtenidos por la venta de estupefacientes.
Según el expediente judicial, Camelo, Montaño y López, habrían ideado la legitimación de capitales por medio de los contratos de licitaciones con el AYA.
En una de las conversaciones, obtenidas por medio de las intervenciones telefónicas, en agosto del 2020, Camelo le indica a Montaño que necesita un socio para ganar unas licitaciones en dicha institución pública:"… Tenemos el sartén por el mango y tenemos la gente adentro del AYA, y esas cosas nos las están entregando prácticamente porque ya hicimos un grupo…", se extrae de la grabación".
Ante esto se conformaron dos sociedades: Construcciones del Valle, S.A. y Flu Vial Construcciones e Inversiones, S.R.L.
En el expediente se determina que uno de los primeros funcionarios contactados fue Arias Cordero, quien elaboró 6 de las 17 contrataciones que fueron adjudicadas a la presunta organización criminal.
Temas legales y otros vinculados con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) formaron parte de las presuntas "asesorías" dadas al grupo narco por parte de los funcionarios públicos.
Una funcionaria mencionada en el expediente habría favorecido a López emitiendo criterios legales para justificar las contrataciones; además hay registros de reuniones de López en la casa de la funcionaria y esto es visto por los investigadores como una forma de darle una ventaja indebida ante otros proveedores.
La funcionaria del AyA, en conversaciones que tuvo con López, el OIJ pudo determinar que habría favorecido a estas empresas, específicamente en una contratación que se hizo de un proyecto en Quepos.
Otro de los funcionarios habría pedido a López que le pagara el marchamo de un vehículo y otro de apellido Cordero Barrantes, se extrae de las intervenciones la intención de "inventarse" contrataciones bajo la figura de "imprevisible" y favorecer la empresa de López.
Las autoridades determinaron que Calvo Chaves aparece como "elaborador" en 12 de las 17 contrataciones obtenidas por las 2 empresas del grupo investigado. En conversaciones interceptadas a Camelo, este menciona la importancia de este funcionario.
Torres Hernández, según el OIJ, pasaba pendiente de las adjudicaciones y habría colaborado para que cumpliera con lo solicitado en las mismas. A este empleado público se le habría hecho pagos con dinero en efectivo, los cuales eran enviados por medio de carpetas e incluso se menciona que habría recibido ¢1.000.000.
Uno de los casos más serios y graves de este entramado es de otro funcionario, quien ocupa un puesto de dirección en la Región Pacífico Central del AYA. En 10 de las 17 adjudicaciones otorgadas a la organización narcotraficante, este aparece como "aprobador".
Según las investigaciones del OIJ y el Ministerio Público, el grupo habría legitimado ¢678 millones de ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas. La organización criminal fueron vinculadas 27 personas, entre ellos 16 funcionarios públicos, 2 colombianos y 1 mexicano.
