Caso Cochinilla y Azteca: Corrupción y narcotráfico se filtran en la función pública
Diputada aseguro que si el país no hace algo estaría en rumbo a convertirse en un "narcoestado"
(CRHoy.com).- La detención de 14 funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y 1 funcionario del Banco Nacional vinculados a un presunto grupo dedicado al trasiego de drogas dejó al descubierto la penetración del narcotráfico en las instituciones públicas con el fin de lograr, por medio de licitaciones, insertar en el sistema bancario sus ganancias por la aparente venta de estupefacientes.
Hace casi 5 meses, el 14 de junio pasado, el país era sacudido por otro caso en el que se empañaba la imagen de otra entidad publica. Se trató del caso Cochinilla, en el que las autoridades descubrieron presuntos pagos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por parte de empresas constructoras para la adjudicación de contratos. Ese día fueron detenidos 13 funcionarios públicos. En agosto pasado, la Fiscalía confirmó que imputó a 12 funcionarios más.
El común denominador entre el caso Azteca y Cochinilla es la supuesta corrupción de funcionarios públicos.
"Lavar" dinero en efectivo
Wálter Espinoza, Director del OIJ, indicó que en el caso Azteca, se dieron cuenta de que la organización dedicada al trasiego de drogas había acumulado una gran cantidad de dinero en efectivo y que requerían insertarlo en la economía costarricense.
Espinoza explicó que empezaron a crearse sociedades anónimas, conocidas como sociedades fachadas, con el fin de darles un giro comercial para bancarizar el dinero obtenido por el narcotráfico comprando propiedades y pagando en efectivo.
Para esto, el apoyo de los burócratas fue indispensable.
De lo que se conoce hasta ahora, 14 funcionarios del AyA asesoraban a esta banda narco para que ganaran las licitaciones, con la ayuda de un empleado del Banco Nacional. Según la investigación, a estos se les pagaba con presuntos sobornos .
"Estas alertas de la legitimación de capitales se sumaron a la confirmación de que el grupo criminal estaba incursionando en el ámbito de la obra pública. Tenía dos empresas constructoras y eso les permitió acercarse a una serie de funcionarios de Acueductos y Alcantarillados que tenían injerencia y podían determinar temas relacionados con la adjudicación de licitaciones", comentó Espinoza.
El Director del OIJ señaló que entre más adjudicaciones podían obtener estas empresas más posibilidad de legitimar dinero tenían.
Funcionario público: facilitador
Marcela Ortiz, Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó en los últimos días el país ha visto un incremento en estos casos de corrupción donde el funcionario público cumple un rol de facilitador para estas organizaciones criminales.
"Acá en Costa Rica, las últimas noticias que hemos visto es que se han visto involucrados funcionarios públicos en este tipo de organizaciones", dijo.
¿Cómo blindar a las instituciones costarricenses ante este fenómeno?
La Directora Adjunta del ICD indicó que el tema de la corrupción a quien más debilita es a los países pobres y en vías de desarrollo, ya que esos dineros que se tiene para la salud o la educación no llegan a estos destinos.
"Lo peor es que ese dinero queda ahí para desarrollar a organizaciones criminales que contaminan a esas poblaciones vulnerables y ese ciclo hay que romperlo", dijo.
Una gran bodega de droga
Zoila Volio, diputada independiente y presidenta de la Comisión que investiga la penetración del narcotráfico en los gobiernos locales de la Zona Sur, aseguró que Costa Rica dejó de ser una zona de paso de la droga que va rumbo a los Estados Unidos a convertirse en una gran bodega y centro de distribución. "Hay una negación de no querer ver la realidad", dijo.
Volio explicó que estas bandas de narcotraficantes mueven grandes cantidades de dinero que corrompen a funcionarios públicos de todos los ámbitos, tanto altos y medios.
Para la diputada, la operación Azteca pone en evidencia lo que está pasando en las instituciones públicas, pero a su criterio lo que el país debe hacer es implementar la jurisdicción especializada de crimen organizado, que no se pone en marcha por que se hice que faltan fondos en el Poder Judicial.
"Todo es un ciclo vicioso porque supuestamente no hay fondos, hay impunidad, entonces ¿qué hacer? Tiene que haber ya una política de Estado", indicó.
