CCSS quería contratar a la UCR pese a que cobraba más por servicio
(CRHoy.com).- La Contraloría General de la República (CGR) le negó una contratación directa a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la cual quería adquirir un servicio a la Universidad de Costa Rica (UCR) pese a que este centro universitario le cobraba varios millones más.
En un documento, del 30 de julio pasado, el ente contralor le indicó a Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la CCSS que no le autorizaba el contrato directo con la UCR por un total de ¢112.434.402 millones, ya que otra empresa le ofreció el mismo servicio por ¢11 millones menos.
La Caja quería continuar con la UCR un contrato denominado "Servicios de dosimetría externa para funcionarios expuestos a radiaciones ionizantes, por un periodo de un año".
Este trabajo se realiza con el fin de proteger la salud de los trabajadores de la institución que están expuestos a fuentes externas de radiación.
La relación entre la CCSS y la UCR en este servicio data desde el 2007. Sin embargo, en el documento de la contraloría solo se detalla un contrato del 2014 entre la UCR y la CCSS por el cual se cancelaban $7.25 mensual por 2.200 funcionarios atendidos. Dicha contratación venció el 30 de julio del 2018 y se extendió por un año más.
Cuando la CCSS quiso contratar, nuevamente, de forma directa a la UCR apareció una empresa, Proxtronics Costa Rica Limitada, quien sin ser invitada presentó una oferta por lo que dejó sin efecto las intenciones de la Caja.
Ante esto se realizó una licitación la cual fue ganada por Proxtronics y fue apelada por la UCR. Sin embargo, se volvió a adjudicar a la empresa y se rechazaron los argumentos presentados por el centro educativo.
Pese a esta situación, ya contando con una nueva empresa para brindar el servicio y el cual iniciaría dentro de tres meses, la CCSS buscó extender por un año más la contratación con la UCR.
"De ese modo, no existe congruencia entre el procedimiento de licitación tramitado, los plazos de ejecución de dicho procedimiento y la presente solicitud, en la que se pretende mantener alrededor de nueve meses sin ejecutar el contrato con la empresa adjudicataria de la licitación, considerando el plazo de un año solicitado", señaló la División de Contratación Administrativa de la Contraloría.
