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Concesionaria de Caldera apeló orden del INCOP para aumentar monto de mantenimiento

Jerarca de la CGR calificó de laxos los controles del INCOP a la concesionaria

Por Erick Carvajal | 21 de Oct. 2022 | 9:08 am

(CRHoy.com).- La Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), concesionaria de dicho puerto, apeló una orden del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) de aumentar el monto que cancela por el mantenimiento de dichas instalaciones luego de que un estudio de la Contraloría General de la República (CGR) evidenció que existe un rezago en la infraestructura y que el canon que paga la empresa ha sido el mismo desde el 2006.

"El monto de los $565.500, anual de mantenimiento en la terminal multipropósito, no es un monto que esté establecido en el contrato. Ese fue un monto de referencia en la oferta, para efecto de comparabilidad de las ofertas, lo que el contrato establece es que los bienes deben ser objeto de mantenimiento y mantenerse de manera tal que brinden o satisfagan de la mejor manera los usuarios del puerto, en sentido, cuando ese monto de referencia se presentó en la oferta en el 2001, teníamos unas proyecciones de carga y descarga totalmente distintas a las que se tiene hoy. Entonces, lo que uno diría es que, al tener un puerto sobreexplotado, evidentemente este monto de mantenimiento anual se quedó corto y debía ampliarse (…) De hecho, el INCOP ya le ordenó al concesionario ajustar el monto de mantenimiento, lo que sucede es que el concesionario recurrió la orden que le dio el INCOP", indicó Marta Acosta, Contralora de la República.

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La jerarca de la Contraloría expuso esta semana ante los diputados los hallazgos encontrados en un informe "Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) en el control de las concesiones de Puerto Caldera" y que fue publicado el 26 de noviembre del 2021. Y además reiteró que se le ordenó al INCOP cobrar a la SPC y SPGC el daño a los servicios portuarios, derivado de los incumplimientos de las productividades acordadas contractualmente.

El 20 de junio pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que procuran extender por 5 años el contrato con la concesionaria en la que la familia de su amigo Calixto Chaves tiene participación. Dicha compañía es la operadora de la terminal desde el 2006 y tiene contrato vigente hasta agosto del 2026. La ampliación extendería el plazo hasta el 2031.

Calixto Chaves, consejero, amigo cercano y exdirector de la campaña de Chaves, figuró como fiscal y accionista de la SPC, bajo la sociedad anónima Logística de Granos S.A., la cual posee el 19% tanto de la SPC como de la SPGC. Ahora, esta quedó en manos de la familia del empresario.

Ricardo Ospina, Gerente General de la SPC, indicó ante consultas de CRHoy.com que la "Sociedad Portuaria de Caldera S.A. ha actuado en estricto apego a las obligaciones en el Contrato de Concesión, el cual establece un monto anual para mantenimiento de la infraestructura del puerto, que se ha invertido año a año desde el inicio de la concesión, coordinado entre el concesionario y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), y aprobado anualmente por la Junta Directiva de la Autoridad Concedente. La Sociedad Portuaria de Caldera estará anuente a escuchar y negociar, en un ‘addendum' al contrato, los requerimientos de su contraparte en esta alianza público privada, siempre y cuando se negocie de buena fe, en forma voluntaria y sobre asuntos y montos razonables, en respeto a la seguridad jurídica de los contratos y hará valer sus derechos en las instancias que correspondan".

Investigación

Acosta indicó que están en el proceso de investigación, sobre todo evidenciado en el estudio de auditoría, para determinar la apertura de un eventual proceso administrativo y estamos "dando insumos al Ministerio Público", dijo.

La Contraloría hizo fuertes comentarios al decir que le sorprendieron los argumentos que hizo el INCOP del informe presentado en noviembre pasado.

"Cuando el INCOP recurre el informe, sorprenden los argumentos, sorprende que le digan a la Contraloría que no está entendiendo la problemática que hay en el INCOP; sorprende que digan que la cuota de mantenimiento es del contrato; sorprende que digan que estamos equivocados con el tema de las productividades cuando INCOP fue quien nos dio la información. Ahí es donde uno dice, ¿qué extraño?, porque lo que debería buscar INCOP es cómo fortalecer los controles para que esta concesión acabe de buena forma y podamos recuperar los bienes del Estado en buenas condiciones. Entonces, todo eso sorprende", manifestó Acosta.

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El rezago de la inversión en mantenimiento en el Puerto de Caldera, tanto en la Terminal Multipropósito como en la Granelera, bajo la concesión de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC), asciende a más de $2.3 millones lo que afecta el servicio, según la auditoría de la Contraloría.

La cifra del ente contralor podría ser mucho más alta, ya que los $2.3 millones se establecieron en el 2019.

CRHoy.com tuvo acceso a las cifras de las ganancias de la SPC y SPGC del 2014 al 2016, porque viene consignadas en el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, presentado por el consorcio Arcadis y Camacho y Mora, en enero del 2020, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La SPC ganó del 2014 al 2016 un total de $98.461.692, mientas que la SPGC obtuvo ingresos por $39.933.973, en ese mismo periodo.

En sus consideraciones, la Contralora General de la República aseguró que el INCOP ha ejercido un control laxo, poco técnico y alejado del interés público en la ejecución de los contratos de concesión y por ende sobre la calidad de los servicios portuarios y la productividad esperada de estos.

"El INCOP no ha tomado acciones concretas para que el Estado reciba en las mejores condiciones los bienes y derechos concesionados al finalizar los contratos. Tampoco para que el concesionario cumpla con los niveles de inversión y mantenimiento con el fin de que los servicios portuarios satisfagan las necesidades del país. Es imperativo que la administración actúe responsablemente, de conformidad con la magnitud del servicio, su impacto en el interés público y la protección de la Hacienda Pública. Urge que el INCOP tome medidas para asegurar la continuidad de los servicios portuarios ante la finalización de los actuales contratos en el 2026", dijo.

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