¿Por qué Eduardo Li solicitó anular condena por FIFAGate?

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li, solicitó a Estados Unidos anular su condena por el caso FIFAGate y, además, la devolución de $668.000 (más de ₡300 millones) confiscados.

Li, junto con otros exdirigentes, presentó los argumentos por escrito mediante los cuales solicita la revocatoria de las condenas, según publicó en su cuenta de X Ken Bensinger, periodista del The New York Times.

"Hasta ahora, Eduardo Li y la herencia de José María Marín han presentado los suyos, alegando que lo que hicieron no fue un delito en EE.UU. y que quieren recuperar su dinero", señaló Bensinger.

Li, quien admitió haber recibido sobornos durante su gestión como presidente de la Fedefútbol, respaldó la solicitud en la decisión tomada en 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar la acusación contra otro imputado (López), debido a que el soborno cometido fuera de territorio estadounidense "no es un delito federal".

Además, el documento detalla cómo el Departamento de Justicia retiró la acusación contra López en diciembre de 2025 "en interés de la justicia".

Otro aspecto fundamental consiste en las repercusiones desde el punto de vista deportivo, ya que, si Li logra la anulación de la condena, tendría la posibilidad de solicitar a la FIFA el levantamiento de la sanción consistente en la prohibición de mantener cualquier vínculo con el fútbol de por vida.

Eduardo Li estuvo al frente de la Fedefútbol entre 2007 y 2015. En mayo de ese último año fue detenido en Suiza por su presunta participación en el conocido caso FIFAGate.

En diciembre de 2015 fue extraditado a Estados Unidos, país donde permaneció en prisión y posteriormente cumplió arresto domiciliario hasta diciembre de 2018, momento en el cual regresó a Costa Rica tras la publicación de la sentencia.

Además, en 2017 recibió una inhabilitación de por vida para mantener cualquier relación con el fútbol, impuesta por el Comité de Ética de la FIFA, debido al incumplimiento de las normas de la entidad en materia de cohecho y corrupción.