Documentos decomisados en Casa Presidencial son prueba contra Presidente en caso UPAD
También informe de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial
(CRHoy.com).- Las actas de secuestro de los documentos decomisados en el allanamiento realizado el 28 de febrero del 2020, en Casa Presidencial, por las autoridades judiciales en la investigación por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) forma parte de la prueba documental presentada en la acusación contra el presidente Carlos Alvarado y el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora.
Así está consignado en el documento que fue presentado al Tribunal de Corte Plena (compuesto por magistrados de la Sala de Casación Penal) por parte del Ministerio Público en el cual se les acusa de los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.
CRHoy.com reveló el 21 de febrero la publicación del decreto donde se creaba la UPAD, tras lo cual se dieron una serie de cuestionamientos por la forma en la que desde la Presidencial se quería acceder a la información de los costarricenses.
En la acusación se incorpora, dentro de la prueba documental, las actas de secuestro de la documentación que fue recolectada en los diferentes puntos de allanamiento, entre estos, los despachos del Presidente, del entonces Exministro de la Presidencia, Morales Mora, así como la oficina donde trabajaban los miembros de la UPAD.
"Actas de secuestro 650364, 35947, 17746, 17747, en el que se acredita el medio lícito y la prueba documental decomisada que se obtuvo en el allanamiento llevado a cabo en fecha 28 de febrero de 2020", se señala en la acusación.
En el documento fiscal se consigna, además, que como parte de esa prueba documental, que existe un informe de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial como el número 14-SADEF-20-DCM de fecha 04 de marzo de 2020.
"Bajo el cual se detalla y demuestra que en diciembre de 2018 el funcionario del despacho presidencial, Diego Fernández Montero, solicitó información a la Oficina de Planes y Operaciones referente a y información confidencial, siendo que se le negó el acceso en cuanto a datos sensibles. Así mismo, en abril de 2019 el funcionario del despacho presidencial, Alejandro Madrigal Rivas solicitó una actualización de la información", se menciona en la acusación del Ministerio Público.
También se incluyeron copias certificadas del expediente penal número 20-00330-0619-PE seguido contra ignorado por el delito de daños en perjuicio de Alejandra Sobrado Barquero, "el cual contiene la investigación realizada por la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes en torno al extravío del audio y donde se aportó copia de la minuta de entrevista realizada a los encartados en torno al decreto ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN".
De igual forma se presentó un disco compacto parte del contenido del audio en el que se entrevistó al mandatario y a Morales Mora y personas vinculadas con la UPAD por parte de la Defensoría. Dicha institución denunció que se habían borrado 80 minutos.
También se incorporó el oficio UPI-2020-00014 de fecha 27 de febrero del 2020, donde el Ministerio Público indica que se demuestra que los imputados no contaban con el criterio de la Unidad de Planificación Institucional para la creación de UPAD en Casa Presidencial.
Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, defensores del Presidente Carlos Alvarado Quesada, aseguraron que la acusación es precipitada y que no conocen el expediente.
