Contadores Públicos advierten de riesgos de nueva ley de auditorías
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. (CRH).
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica advirtió sobre los riesgos de la nueva ley denominada Fortalecimiento de las Auditorías Internas.
Además, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) interponer una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.
En un análisis realizado por el Colegio, en el que participaron más de 200 auditores en actividades de sensibilización y discusión sobre los alcances de la reforma, quedó en evidencia una amplia preocupación por sus implicaciones jurídicas y técnicas.
Las inquietudes expresadas por el sector profesional coinciden con observaciones realizadas por la CGR, que advirtió sobre posibles afectaciones a la independencia funcional de las auditorías internas y al sistema de control y fiscalización de la Hacienda Pública.
De acuerdo con Francisco Ovares, presidente de la entidad, la reforma contiene contradicciones normativas que podrían generar incertidumbre y dificultar la labor de los auditores internos en las instituciones públicas.
Esta incertidumbre coincide con el proceso de elaboración de los presupuestos institucionales del próximo período, lo que podría afectar la planificación y el funcionamiento de las áreas de auditoría interna.
Entre los principales cuestionamientos destaca que algunas modificaciones introducidas a la Ley General de Control Interno presentan contradicciones con otras disposiciones vigentes relacionadas con la obligatoriedad de implementar las recomendaciones de auditoría.
Esta situación podría generar inseguridad jurídica para las personas auditoras al momento de emitir recomendaciones y dar seguimiento a su cumplimiento.
Uno de los aspectos que más preocupa es que la reforma otorgue a los jerarcas institucionales —presidentes ejecutivos, ministros, alcaldes, miembros de juntas directivas y gerentes, entre otros— mayores facultades para evaluar no solo a los auditores y subauditores internos, sino también al resto del personal de auditoría.
Según los especialistas, esta situación podría vulnerar la independencia funcional que caracteriza el ejercicio de la fiscalización interna.
