Contraloría pide atacar problemas estructurales para bajar déficit fiscal
Reformar empleo público, aprobar reforma fiscal, revisar exoneraciones e implementar Sicop al 100%
El complejo panorama fiscal ha dominado la agenda desde hace más de 4 años, a pesar de otros temas importantes en la vida costarricense. Desde finales de la administración de Óscar Arias (2006-10) estalló la discusión y fue el primer tema de los proyectos planteados por su sucesora Laura Chinchilla. En el gobierno pasado no se aprobó, ante la negativa de la Sala Constitucional.
El debate sobre el tema se aceleró días antes de que asumiera Luis Guillermo Solís, pues él avisó que no buscaría impuestos en los primeros 2 años. Más aún, recién llegado al poder planteó un presupuesto con un inusitado aumento – de 19% – en tiempos de estrechez fiscal y con la crisis ya anunciada.
Nuevamente la Contraloría General de la República avisó del nivel dramático del panorama. Al presentar la Memoria Anual, la contralora Marta Acosta mencionó que el déficit fiscal del Gobierno Central fue de un 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2017, una vez que se sumó el impacto de las inversiones no recuperadas en Bancrédito.
El déficit y la deuda son las causas principales del deterioro en los indicadores para el sector público en el 2017, a diferencia del 2016 cuando se detectó cierta mejoría, observa la Memoria. En la ejecución presupuestaria, el déficit financiero del Gobierno Central pasó de ¢1.632.953 millones a ¢2.018.877 millones, y este último monto representó en términos del PIB un 6,2% en comparación con 5,3% en el 2016.
"Por el contrario, en 2016 el déficit financiero había sido levemente menor, incluso en colones, que el del 2015, y la evolución del último ejercicio manifiesta la insostenibilidad de la situación fiscal, así como la urgencia de una solución permanente", advirtió el ente contralor.
Acosta recordó que la situación empujará hacia arriba hasta a las tasas de interés, lo que afectará a todos los consumidores y otras áreas de la economía. Recientemente el Ministerio de Hacienda emitió un nuevo bono con vencimiento al 2022 por $800 millones al 95,47% de precio, que saldrá más caro.
La jerarca reconoció pasos positivos como las leyes contra el contrabando, el fraude fiscal, el recorte a pensiones, pero mencionó que hay ajustes estructurales urgentes.
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Empleo público, reforma, revisiones…
Acosta puntualizó en la necesidad de cambiar la regulación de empleo público, por las remuneraciones y transferencias a destinos específicos. Este rubro abarca el 95% del total del presupuesto. La Contralora señaló que muchos gastos, sobre todo en social, deben continuar. Pero insistió en que el país debe revisar y ajustar.
Mismo énfasis hizo en las exoneraciones que da el Estado, pues valoró que no deben estar por siempre, sino que se deben revisar pues una actividad económica ya puede estar suficientemente estimulada. Este capítulo es un pendiente sin atender desde hace muchos años.
El pasado Informe Estado de la Nación 2017 recordó que pese a la falta de solvencia de las finanzas públicas, el país sigue aprobando exenciones fiscales. "Entre mayo de 2016 y abril de 2017 se aprobaron 18, de las cuales 11 se consideran indefinidas, pues no especifican el impuesto que se exonera. En la administración Solís Rivera se han creado 49 exoneraciones, muchas más que en el gobierno anterior (34)", señaló el Informe.
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Igualmente Acosta urgió a que el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) se implemente en un 100%, para que todas las instituciones del Gobierno central hagan sus compras en la misma plataforma; y a cambiar el sistema tributario.
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Amortización + intereses + remuneraciones + transferencias corrientes = 90% Presupuesto de la República
Hacienda ha insistido en que la aprobación de la reforma fiscal y también ajustes con exoneraciones permitirían al país renegociar la deuda actual, para reducir la carga de los intereses con entidades internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.


