Crisis del 2020 pasará factura al gasto del gobierno al menos hasta 2025
Crecimiento en el gasto corriente sería entre el 1% y el 2% anual. Para 2021 límite fue del 4,13%

(CRHoy.com) La estrepitosa caída en la economía costarricense durante el 2020 tendrá repercusiones que se arrastrarán por varios años. Para el gobierno, significará que la llave del gasto público estará cerrada al menos hasta 2025.
Si la regla fiscal se cumple al pie de la letra y tanto este gobierno como el siguiente deciden no salirse de su aplicación, el crecimiento en el gasto corriente entre 2022 y 2025 sería de entre 1,2% y 1,8%, muy por debajo del 4,13% de crecimiento que representó para el presupuesto del 2021.
CRHoy hizo un análisis con las cifras que se conocen hasta ahora y las proyecciones de crecimiento en la producción y endeudamiento que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales fueron validadas por analistas. Como resultado, el golpe de haber crecido en 2020 a tasas negativas conllevará un duro ajuste a los planes de gasto del gobierno central, con implicaciones en materia administrativa, operacional y en las transferencias que deba realizar el Estado.
Para comprender las implicaciones el primer paso es entender de dónde viene el ajuste y cómo funciona la regla fiscal.
La regla fiscal se aplica de acuerdo al nivel de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) que existía dos años antes de hacer el presupuesto.
El otro elemento es el crecimiento del PIB nominal (es decir, tomando en cuenta la inflación). Se toman los últimos cuatro años y se obtiene un promedio. A este promedio se le aplican los escenarios.
Si la deuda /PIB es superior al 45% y menor al 60%, como lo fue en 2019, se aplica el escenario C o 3, que indica que el crecimiento del gasto corriente no podía ser mayor al 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal. Esto dio como resultado el 4,13% para el 2021.
Para 2022 la deuda estará por encima del 60% del PIB y no será al menos hasta 2035 que se estima que volvería a cerca del 50%. Por eso durante todo ese periodo se debe aplicar el escenario D o 4, que indica que el gasto corriente será del 65% sobre el promedio de crecimiento del PIB nominal
Es importante tomar en cuenta que PIB nominal no es lo mismo que PIB real. Este último indicador se utiliza para medir normalmente el crecimiento de la economía. En 2020 fue del -4,5% pero esto utiliza valores deflatados; es decir, eliminando el efecto inflación, para que pueda ser comparado a nivel internacional, según recordaron por separado el economista Javier Adelfang y el analista financiero Daniel Suchar.
El PIB nominal representa el dato de cuánto aumenta la economía nacional incluyendo esa inflación. De acuerdo con las cifras de Hacienda y las estimaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), este PIB nominal sufrió una caída del -4,3% en 2020 y a partir del 2021 y hasta 2026 tendrá una variación entre el 4% y el 6% (el PIB real tendría una variación promedio de apenas el 3%).
Al existir este crecimiento negativo en 2020 y como la regla fiscal se calcula a partir del promedio de los últimos cuatro años, significará que para el próximo presupuesto el gobierno pase de crecer en su gasto corriente de un máximo del 4,13% a apenas cerca de un 1,85%.
Para los siguientes años, el efecto se seguirá sintiendo hasta reducir el crecimiento a cerca del 1,2%, para luego comenzar a recuperar terreno en 2024. Eso sí, mientras la deuda siga por encima del 60% del PIB, el efecto seguirá siendo fuerte.
Por esta razón es que al propio gobierno le convendría una verdadera reactivación económica, pues a mayor crecimiento económico, mayor capacidad y posibilidad de gasto.
Estos cálculos están realizados con base en las proyecciones de crecimiento del PIB nominal del FMI y se acercan bastante a los que realizan diversos economistas y analistas a nivel local.
Incluso, es una discusión que no ha estado alejada de corrillos políticos. En la comisión que analizó la Ley de Empleo Público, varios diputados mostraron su preocupación por este tema, pues existirá una imposibilidad legal de destinar aumentos en los salarios de los funcionarios, lo que eventualmente implicaría más tiempo para que algunos puedan ajustar sus ingresos a las nuevas escalas.
"Dada la caída del crecimiento del PIB en 2020 y el aumento de la deuda pública, ese indicador que mencionas para el 2022 tendría lógica, pues ante un 2020 adverso en crecimiento y endeudamiento público, debe reducirse el tope máximo de expansión del gasto para el 2022", dijo Oswald Céspedes, economista de ULead.
Silvia Jiménez, gerente de Inversiones de Mercado de Valores estimó el crecimiento del gasto corriente en un 1,3% entre 2022 y 2025 y advirtió de una situación adicional: el gobierno tendrá menores opciones de trasladarse dinero de un bolsillo al otro.
La regla fiscal pone límites al gasto corriente y no al de capital, pero el gobierno se comprometió con el FMI a un monto mínimo de inversiones cada año, lo que implica que ni la administración de Carlos Alvarado ni las siguientes tendrán mucho espacio para agarrar plata destinada a obras públicas para poder financiar su gasto operativo, como normalmente ocurre.
"De acuerdo con nuestras estimaciones el límite de crecimiento del gasto corriente fijado por la regla fiscal entre 2022 y 2025 será en promedio de 1.3%. Esto tiene implicaciones para el próximo Gobierno en términos de disciplina presupuestaria. De esta manera, el Gobierno efectivamente tendrá menos maniobra para reducir el gasto el capital por la solicitud del FMI y el gasto en intereses ya está establecido por la deuda contraída en el pasado, por lo que las restricciones estarán focalizadas en las remuneraciones y las transferencias corrientes. Desde un punto de vista de economía política, esto es un gran reto por la próxima administración", dijo Jiménez.
Durante un taller para periodistas y ante consulta de CRHoy, Marco Solera, economista del Ministerio de Hacienda explicó la forma en que operará ese compromiso en relación al gasto de capital con el FMI y confirmó que este no sería tocado para poder financiar los gastos operativos y transferencias del Estado.
Opciones de escape
Aplicar la regla fiscal es un mandato que quedó estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero que tiene algunas salidas posibles.
Una de ellas es precisamente si se da un periodo de recesión, como el que ocurrió el año anterior. Para considerar un país o un sector en recesión se dice que deben pasar al menos dos trimestres de crecimiento negativo, con lo cual las cifras del 2020 podrían abrir esta puerta de escape.
Sin embargo es algo que de momento no se contempla. Elian Villegas, ministro de Hacienda ha manifestado en diversas ocasiones que se seguirá aplicando la regla fiscal, aún y cuando las cifras le permitan hacer una excepción. Quedará pendiente lo que piense la siguiente administración.