Empresarios advierten que no le harán la tarea al Gobierno
Advierten que aunque están en anuencia de colaborar con criterios y opiniones técnicas, decisiones quedan en manos de presidente
(CRHoy.com).- Aunque las cámaras empresariales evalúan como valiosa la instalación del nuevo Consejo Consultivo Económico y Social del Gobierno (CCES), advierten que asistirán a ese panel sin la intención de hacerle la tarea de tomar decisiones difíciles al presidente de la República,Carlos Alvarado.
El jueves, en un acto en el Teatro Nacional, el gobernante instaló el CCES en cumplimiento de un acuerdo que adquirió durante las mesas de diálogo multisectorial que evaluaron acciones para que el país se aleje del precipicio por la crisis económica y social que lo azota con mayor rudeza desde que apareció el COVID-19.
La empresaria y ex integrante de las mesas, Mónica Segnini, quien fue la proponente del acuerdo de instalar el CCES, indicó que la iniciativa nació del Consejo de Promoción de la Competitividad, luego de estudiar los casos de éxito de varios países europeos que han dado vida a foros similares para salir de las crisis que les han correspondido vivir a lo largo de su historia.
"Nos dimos cuenta que hubo un órgano, una figura, que fue fundamental, esencial, para que ellos pudieran resolver las crisis y tomar los acuerdos entre los distintos sectores que se encontraban en sus visiones sobre cómo resolver esas crisis y pudieron avanzar gracias a esta figura en la toma de decisiones estructurales", explicó.
El CCES es, básicamente, un espacio de diálogo permanente en donde las organizaciones de trabajadores, empresarios, productores, la academia y otras organizaciones puedan sentarse a la mesa para plantear salidas a la crisis.
Segnini justificó la existencia de un espacio de este tipo en Costa Rica debido a la magnitud de los peligros que enfrenta el país en la actualidad.
Agregó que sumado al riesgo en el que está el país también está sumido en un ambiente de desconfianza que impide construir propuestas.
La empresaria cree que en el seno del CCES se pueden forjar las decisiones que moldeen la Costa Rica de los próximos 100 años.
"La pregunta es cómo lo vamos a hacer. Tiene que existir un espacio institucionalizado, formal, donde podamos sentarnos y unir voluntades que logren materializar esas medidas. Creo que tenemos muy poco que perder y mucho que ganar", afirmó.
Este espacio, consideró Segnini, no debe ser un mero simbolismo, sino que los sectores que lo integrarán deben llegar a opinar sobre las medidas con criterio técnico y mentalidad ejecutiva, y no desde el discurso político o desde la ideología.
"Las experiencias de países como Irlanda y Holanda, que aún utilizan la figura, y que son países que están a la vanguardia en la Unión Europea, así nos demuestran que es una figura que produce muy buenos resultados", indicó.
La manera en cómo el empresariado concibe al CCES es como un órgano que mantenga cierta independencia del Poder Ejecutivo y no como uno más de sus órganos.
Cerca, pero con distancia
Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) coincidió con Mónica Segnini al señalar la valía de que el país cuente con un espacio institucionalizado y permanente para dialogar sobre los grandes problemas.
Sin embargo, afirmó que el Gobierno no debe confundir la anuencia del sector empresarial a integrarse como una licencia para delegar su obligación de tomar las decisiones necesarias.
"El CCES no sustituye la labor que debe realizar el Poder Ejecutivo, ni tampoco debe constituirse en una excusa para no atender–de manera célere–los temas urgentes de reactivación y estabilidad económica. Cabe recordar que al presidente le corresponde tomar decisiones y no todos los temas pueden ser sometidos a consulta, o depender de consensos", afirmó.
Uno de los aspectos que le debe quedar claro a los integrantes del CCES, según Acón, es que este será un espacio para discutir los problemas del país y no para defender intereses de carácter sectorial.
Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), también celebró la instalación del foro, precisamente, para tocar temas con visión país y no gremial.
En tanto que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) destacó la integración del CCES como una oportunidad para seguir discutiendo sobre asuntos centrales en la coyuntura actual, como el déficit fiscal, la reactivación económica y el desempleo.
"Se debe recordar que este consejo es consultivo y el ámbito de sus competencias estará delimitado por aquellos asuntos que, de manera facultativa, le sean sometidos a conocimiento por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia, que es el que deberá establecer los alcances de la consulta", recaló la Unión, cuyo Consejo Directivo elegirá a los representantes del sector empresarial el CCES.
Algunas sugerencias
Acón y Montenegro creen que hay asuntos de extrema urgencia que ese panel debe abordar cuanto antes.
La reforma del Estado, la actualización de la legislación laboral, el futuro del Régimen de Pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), además de la situación del fisco, son para el empresario de la construcción algunos de los que se deben abordar con urgencia.
El industrial, en tanto, comentó que la reactivación económica, vista desde el tratamiento de las cargas sociales para el crecimiento de la formalidad y el establecimiento de un sistema ágil de formación y capacitación que permita la inserción laboral de personas desempleadas y satisfagan las necesidades de las empresas es uno de esos temas que su sector ve como prioritarios.
"Así mismo, es urgente aprobar propuestas para mejorar el clima de negocios, como las relacionadas con simplificación de trámites en general, así como para bajar costos de servicios y aquellas que permitan mejorar la competitividad. Es necesario avanzar en la reforma estructural del Estado, para mejorar su eficiencia y aliviar la situación fiscal del país", justificó Montenegro.
Antecedentes
En el Gobierno, el CCES empezó a tomar forma a finales de enero del año 2019 cuando Alvarado firmó el decreto que dio vida a la instancia.
Aquel decreto fijó que el Consejo tendrá carácter no vinculante y que sus miembros sesionarán sin que medie pago alguno. El lineamiento indicaba que el panel tendrá una conformación amplia y diversa y que sus miembros tendrán una la misión de generar iniciativas o promover proyectos de interés para el Poder Ejecutivo.
Pero la propuesta de que el país cuente con un órgano de esa naturaleza surgió desde el 2013, cuando así lo recomendó la Junta de Notables que nombró la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, para que recomendara posibles reformas del Estado.
El presidente del Consejo Consultivo lo designará el presidente de la República. Alvarado definió al CCES como "un órgano de paz social y de desarollo" y calificó su instalación como hito importante en la historia del país.
Su ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, afirmó que el órgano fortalecerá la gobernabilidad democrática y ampliará la participación ciudadana.
El decreto ejecutivo que se publicó en el diario oficial La Gaceta indica que los pronunciamientos que genere el CCES se deberán adoptar por la vía de un acuerdo de mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los miembros del Consejo Pleno y sus pronunciamiento no serán vinculantes para el sector público, es decir, que no serán de acatamiento obligatorio.
De manera ordinaria el Consejo se reunirá al menos cuatro veces al año, mientras que se podrá reunir de manera extraordinaria con su presidente o presidenta, cuando lo solicite el presidente de la República, o por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes.
¿Quiénes lo integrarán?
De acuerdo con el decreto ejecutivo que le da vida al CCES, este estará integrado por cincuenta y cuatro miembros distribuidos de la siguiente manera:
- Una persona designada por el Presidente (a) de la República, quien asumirá la Presidencia del Consejo Pleno.
- El Ministro(a) o Viceministro(a) de la Presidencia.
- El Ministro(a) o Viceministro(a) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- El Ministro(a) o Viceministro(a) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Nueve representantes del sector empresarial nombrados por UCCAEP.
- Nueve representantes del sector laboral-sindical distribuidas con un representante de cada una de las siguientes organizaciones: Confederación Costarricense Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Central General de Trabajadores (CGT), Central Social Juanito Mora, Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos Rerum Novarum (CCDT), Bloque Unitario y Social Costarricense (BUSSCO), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricenses (SEC) y Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE).
- Dos representantes del sector agropecuario designadas por la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).
- Siete representantes de poblaciones, con una persona por cada una de las siguientes poblaciones: indígenas; afrodescendientes; personas con discapacidad, designada por la Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad; población adulta mayor, designada por el Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores; menores de edad, designada por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNAA); población LGBTIQ, designada por el Consejo Consultivo de Organizaciones LGBTIQ; y jóvenes, designada por la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven (ANCPJ).
- Seis representantes del sector de economía social solidaria distribuidas de la siguiente manera: una persona de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (CANAESS), tres del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), una de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (CONASOL) y una de la Escuela Social Juan XXIII.
- Cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil distribuidas de la siguiente manera: una persona representante del sector ambiental, una del sector cultural y creativo, una de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, una de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y una del Consejo de Promoción de la Competitividad.
- Cuatro personas representantes del sector de desarrollo territorial local, con una persona representante por cada una de las siguientes organizaciones: Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO) y Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local (REDNADEL).
- Cinco representantes del sector de la academia y de la población estudiantil distribuidas de la siguiente manera: una persona representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), una de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE), una de la Confederación de Estudiantes Universitarios (CONFE), una de las asociaciones de estudiantes universitarios privados y una de la población estudiantil de secundaria.
- Tres personas representantes de organizaciones de mujeres, representando a cada una de las siguientes organizaciones: Foro de Mujeres, Mujeres en Acción y Mujeres por Costa Rica.