Estado gira fondos a entidades privadas de bienestar social pero desconoce el impacto en beneficiarios
Contraloría General de la República. (CRH).
El Estado costarricense financia organizaciones privadas para brindar servicios de protección social. Pero hay un problema de fondo: no sabe con claridad qué impacto tienen esos recursos en las personas.
Así lo concluye un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución del presupuesto 2025.
El análisis abarcó transferencias de 13 instituciones a 313 entidades privadas, en áreas clave como atención a adultos mayores, niñez, discapacidad, farmacodependencia y vivienda
La pregunta central fue directa: ¿estos recursos llegan de forma efectiva a quienes más los necesitan? La respuesta deja dudas.
¿Qué se encontró?
El principal hallazgo es que el modelo no cuenta con condiciones suficientes de articulación, trazabilidad y evaluación para asegurar que los recursos públicos permitan identificar, priorizar y atender efectivamente a las poblaciones que más requieren la protección social del Estado.
"Esto importa porque la protección social no se agota en transferir recursos a una organización. Su finalidad es que una persona adulta mayor reciba cuidado digno y continuo; que una niña, niño o adolescente cuente con protección integral; que una persona con discapacidad reciba apoyos adecuados; que una persona con farmacodependencia acceda a atención pertinente; o que una familia vulnerable logre condiciones básicas de vivienda. Cuando el modelo no permite seguir esa cadena, se debilita la capacidad de saber si el recurso público se tradujo efectivamente en bienestar", detalla la entidad fiscalizadora.
El análisis evidencia brechas entre las necesidades sociales, la cobertura territorial y la población efectivamente atendida.
El 68,2 % de los beneficiarios reside en distritos con un nivel de desarrollo social medio o alto, mientras que persisten zonas y poblaciones con baja cobertura.
En el caso de las personas adultas mayores en condición de pobreza, la cobertura alcanzó únicamente un 7,4 %.
Además, en algunas finalidades se identificaron personas atendidas con niveles de ingreso significativamente superiores a los de otros grupos que requieren mayor protección.
Estos resultados no implican que el ingreso sea siempre un criterio excluyente, pero sí muestran la necesidad de fortalecer la priorización bajo criterios de vulnerabilidad, territorio e interseccionalidad (cuando la interacción de dos o más condiciones de vulnerabilidad se superpone e incide en la vida de una persona).
En un modelo con rostro humano, la pregunta no es solo cuántas personas fueron atendidas, sino si se logró llegar a quienes enfrentan mayores barreras para acceder a una vida digna, señala la Contraloría.
"Desde la perspectiva de la Hacienda Pública, la fragmentación del modelo dificulta construir una visión consolidada del gasto, comparar costos, valorar la suficiencia y determinar si la asignación de recursos responde a criterios de eficiencia, equidad y resultados. Además, el financiamiento desarticulado, la superposición de requisitos y la existencia de múltiples validaciones incrementan las cargas administrativas para instituciones y entidades privadas", indica el informe.
A ello se suma una evaluación limitada: el modelo cuenta con información, registros y mecanismos de rendición de cuentas, pero estos se concentran principalmente en el cumplimiento formal y no permiten valorar con suficiente claridad los efectos e impactos de las intervenciones en la vida de las personas.
En consecuencia, la Hacienda Pública enfrenta el riesgo de financiar servicios sin contar con evidencia suficiente sobre su alcance, calidad, continuidad y resultados.
Causas
La Contraloría determinó que las brechas identificadas obedecen a limitaciones estructurales en el diseño y funcionamiento del modelo.
Las principales causas son las siguientes:
- Regulación dispersa que no siempre ordena el servicio. El modelo opera bajo un marco normativo amplio y heterogéneo.
- La asignación de recursos responde a la disponibilidad presupuestaria, la demanda de recursos, las asignaciones históricas o el cumplimiento de mandatos legales. Esto limita orientar el financiamiento según las necesidades sociales, las brechas territoriales, la población objetivo y los resultados esperados.
- Debilidad de rectoría y coordinación institucional. El modelo no cuenta con una conducción común suficientemente efectiva para integrar regulación, recursos, coordinación, información y seguimiento en torno al servicio que reciben las personas.
- Fragmentación de la información y pérdida de trazabilidad. Los sistemas y registros capturan partes del proceso, pero no cuentan con puntos de conexión suficientes para seguir la ruta del recurso hasta el servicio recibido por las personas.