Alrededor de ¢13.500 millones que deberían destinarse para fortalecer el Régimen No Contributivo de pensiones (RNC) y con ello mejorar las condiciones de miles de jubilados, se encuentran empantanados en las cuentas judiciales en el Banco de Costa Rica (BCR), a la espera de que el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se pongan de acuerdo.

Mientras esto ocurre, alrededor de 114 mil personas reciben el monto mínimo de pensión (¢78.000 por mes), con pocas posibilidades de obtener un aumento. Miles más están en lista de espera para ver si el próximo año pueden recibir el beneficio.

Pudiendo aprovechar esos recursos, la lentitud estatal ha impedido utilizarlos, afectando así a la población adulta mayor más necesitada del país.

El 22 de junio pasado el presidente Carlos Alvarado sancionó la Ley 9578 propuesta por la exdiputada Sandra Piszk, mediante la cual se ordena trasladar recursos de las cuentas de depósitos judiciales domiciliadas en el BCR al RNC de la Caja.

Los dineros obedecen a embargos o resoluciones jurídicas que después de más de 10 años no son reclamados por las partes y entonces pasan a inflar la cuenta de depósitos judiciales. Se mantienen ganando intereses sin ningún uso adicional.

La CCSS afirmó que la ley le otorga al Poder Judicial un plazo de 6 meses para el registro de la información y el respectivo traslado. "Personeros de la Caja se mantienen en contacto desde setiembre con el Poder Judicial pero aún no ha habido traslado de recursos", confirmó la vocera Olga Camacho.

El último monto conocido ascendía a ¢13.500 millones dijo Piszk.

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¿Cómo surgió el dinero?

Los ¢13.500 millones son recursos que se han acumulado desde el 2000, cuando Piszk – entonces Defensora de los Habitantes – acudió a la Sala Constitucional, para reclamar la ilegalidad de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una de las normas impugnadas era la que establecía que los recursos después de 4 años de mantenerse ociosos, pasaban al régimen de pensiones de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Constitucional falló en favor de Piszk. Pero en ese momento los recursos quedaron sin un destino específico.

"Los recursos no se estaban utilizando porque desde la Defensoría impugnamos el artículo 5 de ley del Poder Judicial. (…) Afortunadamente la Sala en ese momento nos dio la razón, pero lo que nunca se hizo fue una ley para decir a dónde debían ir esos recursos (…) El dinero se fue al BCR a hacer nada, a un fideicomiso a ganar intereses y no se utilizaron y fueron creciendo. Tanto que cuando llegamos a la Asamblea y encontramos eso hicimos una ley para destinarlos al régimen lo cual hubiera permitido aliviar por un año y al menos aumentar un poco las pensiones mínimas", dijo la exfuncionaria.

Se consultó al Poder judicial porqué no ha ordenado el traslado, pero al cierre de edición no habían respondido a las consultas.

Régimen de bien social

El Régimen No Contributivo de la CCSS es uno de los que representa mayor ayuda a nivel social, debido a la población a la cual está dirigida.

Según datos de la CCSS 114 mil ancianos reciben el beneficio de ¢78 mil mensuales. Para este 2018 el régimen poseía un presupuesto de ¢155.932 millones, con la meta de que llegue a ¢163 mil millones el próximo año.

Este fondo no se nutre de contribuciones de sus beneficiarios, sino que obtiene sus principales ingresos mediante transferencias, en especial del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del impuesto sobre las ventas.