Gerente de Modernización de Mideplan: primer testimonio ante Fiscalía por caso UPAD
Funcionario en su momento dijo a los diputados de la comisión investigadora que no recomendó la creación de dicha unidad
(CRHoy.com).- Luis Antonio Román Hernández, el Gerente de Modernización del Ministerio de Planificación (Mideplan), es el primer funcionario en rendir su declaración ante el Ministerio Público, por la investigación que se realiza contra el presidente Carlos Alvarado y otras personas, por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Esta mañana , la Fiscalía General de la República inició la recepción de la prueba testimonial en este caso que sacudió la opinión pública luego de que CRHoy.com diera a conocer en febrero pasado la publicación de un decreto donde se creaba oficialmente la UPAD.
La recepción de esta prueba se realiza en la Unidad de Capacitaciones del Ministerio Público, en la zona del auditorio, la cual se acondicionó precisamente para recibir los testimonios y mantener las condiciones sanitarias que exige el Ministerio de Salud ante la pandemia que afecta al país.
Román Hernández, quien fue uno de los primeros funcionarios en comparecer ante la comisión legislativa, el 4 de marzo pasado, que investiga la creación de la UPAD, indicó a los legisladores que la dependencia que dirige no recomendó la creación de la UPAD, dado que el ente carecía de planificación.
El Gerente de Modernización dijo en ese momento que conoció el proyecto de creación de dicha unidad, pero nunca la avaló y además tampoco fue consultada la Dirección Jurídica del Mideplan.
Román Hernández explicó que una de las razones para no darle el aval a la UPAD fue el incremento en el gasto que esto iba a significar.
Dentro de las personas que identificó como las coordinadoras del proyecto fueron el excoordinador de la UPAD, Diego Fernández y la exjefa de despacho del presidente Carlos Alvarado, Felly Salas.
La creación de la UPAD provocó la apertura de causas penales, una allanamiento histórico en Casa Presidencial, propuestas de votos de censura en la Asamblea Legislativa, además de la creación de una comisión investigadora.
También se dio la intervención de la Defensoría de los Habitantes, se emitieron criterios legales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en contra de la creación de dicha Unidad, así como la renuncia de un ministro, 2 viceministros, la jefa de despacho de Alvarado y del coordinador de la UPAD.
