Marviva demanda al Estado para proteger especies marinas
Acción se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 1º de julio
(CRHoy.com).- La Fundación MarViva demandó al Estado para solicitar la anulación de un decreto ejecutivo de febrero de este año que, de acuerdo con la organización, pone en riesgo a especies marinas protegidas o que están amenazadas.
Según los ecologistas, el decreto Nº. 42842 Minae-MAG, viola las leyes costarricenses y se tramitó de manera irregular.
MarViva considera que el decreto transgrede los principios de imparcialidad y objetividad pues otorga al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura completa autoridad para tomar decisiones acerca del comercio de especies de vida silvestre que se declararon de interés pesquero y acuícola.
"Esto va en contra de la misma Convención que recomienda que la autoridad administrativa y científica sean distintas, para así garantizar que las decisiones sobre el comercio internacional de especies de vida silvestre amenazadas se basen en la ciencia, y no solo en criterios meramente legales o atinentes a intereses económicos de ciertos sectores", recalcó MarViva.
En cuanto a la tramitación del decreto, la Fundación estima que no se tomó en cuenta la participación efectiva del público interesado.
La Ley General de la Administración Pública exige que se concedan audiencias a las entidades representativas de interés general cuando se van a emitir decretos que pudieran afectarlas.
Katherine Arroyo, Gerente de Incidencia Política de MarViva, comentó que la manera en que el Gobierno realizó el proceso de consulta del decreto es contraria a principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad.
"No es razonable someter a consulta un reglamento con incidencia directa en materia ambiental, en un periodo de tiempo en el que las organizaciones sociales, la academia y las organizaciones no gubernamentales se encontraban gozando del receso de cierre de año", explicó Arroyo.
Entre otras especies marinas amenazadas por el decreto ejecutivo están los tiburones ballena, martillo, sedoso y zorro.
La demanda contra el Estado para protegerlas se presentó el 1º de julio ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
