Activista mexicano vinculado por EE. UU. con narco
El activista mexicano Raymundo Ramos estaba en su casa cerca de la frontera con Estados Unidos cuando su celular comenzó a sonar sin parar. Eran amigos, familiares y seguidores preocupados con la noticia: Washington lo sancionó por presuntos lazos con el narcotráfico, que él niega.
Ramos ha denunciado por décadas ejecuciones cometidas por militares y policías desde su organización, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ubicado en esa ciudad fronteriza.
El departamento del Tesoro lo sancionó el 16 de abril junto a otras dos personas, a quienes acusan de colaborar con el violento cartel del Noreste (CDN), que opera en esa región de México.
"Encabeza la campaña de desinformación de dicho cártel contra las autoridades mexicanas, mientras se hace pasar por un supuesto activista de ‘derechos humanos'", señaló un comunicado.
"Lamento decirles que tengo 30 años de ser defensor de derechos humanos", responde Ramos en una entrevista con la AFP. "Han intentado criminalizarme" pero "no lo han logrado".
Es la primera vez que Estados Unidos sanciona a un activista de derechos humanos.
El gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre las sanciones. La Marina, el Ejército y la Fiscalía General no respondieron a pedidos para comentar el tema.
Disculpa pública
El Tesoro dice que Ramos "defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel con denuncias falsas contra las fuerzas armadas mexicanas". "Paga a personas para que asistan a protestas y proteja la reputación de miembros del cartel muertos o detenidos", añade.
Ramos planeó en 2023 manifestaciones de familiares de cinco hombres asesinados por soldados mientras iban en su auto de regreso de una fiesta. Cuatro soldados fueron condenados a más de 40 años de prisión por los homicidios.
El primer gran escándalo fue en 2018, cuando infantes de Marina entrenados por Estados Unidos desaparecieron a al menos 27 personas en Nuevo Laredo, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. La Marina terminó obligada a presentar su primera "disculpa pública" en la historia.
Ramos también apoyó a familias de otros cinco hombres asesinados. Tenían armas cuando los soldados los detenidos pero, según la comisión, fueron desarmados por los militares antes de ejecutarlos.
La acción fue captada por cámaras de seguridad.
Siete soldados enfrentarán juicio por esas muertes en agosto.
Destacan otros casos como el de dos niñas que murieron en fuego cruzado en 2022 y 2024, y el de ocho personas ejecutadas por la policía en un caso de falsos positivos de sicarios en 2019.
Compromiso
Investigadores determinaron que el Ejército mexicano espiaba a Ramos desde 2020 a través del software especializado Pegasus.
Ese mismo año, circuló en cuentas anónimas en redes sociales una supuesta conversación entre un comandante del CDN y Ramos, que aseguró que el objetivo era desacreditarlo.
Fuentes consultadas por la AFP coinciden en que es difícil verificar si las acusaciones contra Ramos son ciertas, pero subrayan que las sanciones estadounidenses contra un activista mexicano sientan un precedente peligroso.
"Es realmente preocupante, no tiene que ver con la justicia. Es justicia selectiva", advierte Guadalupe Correa Cabrera, académica experta en violencia de carteles.
Más de 13.000 personas han desaparecido en Tamaulipas, según oenegés mexicanos. Los registros oficiales en el estado muestran que los enfrentamientos armados del Ejército —y los homicidios de civiles— son los más altos de México.
Ramos ha acompañado a víctimas de estos abusos. Las pone en contacto con periodistas y organizaciones de derechos humanos.
"Hay mucho que decir sobre el compromiso que tiene con la causa", dice Madeleine Penman, exinvestigadora de Amnistía Internacional y la ONU. "Ves a las personas con las que trabaja, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que realmente no cuentan con ningún apoyo, y el arduo trabajo que él realiza".
Demostrablemente falso
"No es la primera vez que a Raymundo se le imputan vínculos con cárteles de la droga", afirma Penman, al recordar acusaciones similares en el propio México.
Las sanciones se anunciaron además el mismo día en que se estrenó en Apple TV y Amazon un documental sobre desapariciones cometidas por infantes de Marina en el que Ramos es entrevistado.
El director de la película, Andrew Glazer, desestimó la acusación de que paga a actores para fabricar denuncias contra el Ejército.
"Es demostrablemente falso". señala. "El Ejército reconoció y se disculpó por estas desapariciones forzadas".