¿Cómo funcionaría la liberación de presos que propone Bukele en El Salvador?

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. AFP

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Nayib Bukele propuso liberar condicionalmente a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas, con exclusión de condenados por delitos graves y cabecillas criminales.

• La medida beneficiaría a personas con participación de menor rango y requeriría revisar individualmente sus expedientes.

• El plan aún no tiene fecha de aplicación y enfrenta obstáculos legales por las restricciones a la libertad condicional aprobadas en 2025.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso liberar condicionalmente a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas, una medida que podría beneficiar a miles de personas detenidas durante el régimen de excepción. Sin embargo, la iniciativa aún está en evaluación, no tiene una fecha definida de aplicación y enfrenta un obstáculo legal: las reformas aprobadas en 2025 restringieron la libertad condicional y anticipada para las personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado.

¿A quiénes beneficiaría el plan?

La propuesta estaría dirigida a personas que colaboraron con las pandillas en funciones de menor rango, como vigilar o alertar sobre la presencia policial.

Bukele señaló que se tomarían en cuenta las circunstancias de violencia y el dominio territorial que ejercían las pandillas en algunas comunidades, donde ciertos habitantes habrían cooperado bajo amenazas o presiones.

La selección se realizaría mediante una revisión individual de los expedientes, a cargo de una comisión especial. El mandatario excluyó de este planteamiento a quienes participaron en delitos graves, como homicidios y violaciones, así como a los cabecillas de las estructuras criminales.

Sin embargo, el Gobierno aún debe precisar los criterios definitivos para determinar quiénes podrían acogerse al beneficio.

¿Cómo funcionaría la liberación condicional?

Las personas beneficiadas podrían terminar de cumplir sus condenas fuera de prisión, bajo determinadas condiciones y supervisión de las autoridades. Esto significa que no recibirían un indulto ni quedarían absueltas de los delitos por los que fueron condenadas.

El mecanismo contemplaría la evaluación individual de cada expediente para determinar el grado de participación de los detenidos y su posible acceso a la medida.

Además, quienes obtengan el beneficio tendrían que cumplir los requisitos de conducta y las condiciones que establezcan las autoridades. No obstante, el Gobierno todavía debe detallar cómo funcionaría la supervisión, qué mecanismos utilizaría para vigilar a las personas excarceladas y en qué circunstancias podría revocarles la libertad y ordenar su regreso a prisión.

¿Qué tendría que cambiar en la ley y en el sistema penitenciario?

La propuesta enfrenta un obstáculo jurídico. En 2025, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó reformas que restringieron la posibilidad de conceder la libertad condicional o anticipada a personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado.

Por esa razón, el Gobierno tendría que aclarar cómo pretende aplicar el plan frente a las restricciones vigentes y si necesitaría impulsar cambios legales para habilitar la salida anticipada de los posibles beneficiarios.

También sería necesario definir el procedimiento para revisar los expedientes, establecer los criterios de selección y determinar qué institución se encargaría de autorizar y supervisar las liberaciones. La cantidad de personas que podrían acogerse al beneficio y los recursos necesarios para vigilar el cumplimiento de las condiciones son otros aspectos que todavía requieren precisión.

¿Cómo encaja la medida en la política de seguridad de Bukele?

La iniciativa supondría un ajuste en la política de seguridad de Bukele, caracterizada por una ofensiva contra las pandillas desde la entrada en vigor del régimen de excepción, en marzo de 2022.

Ese régimen permitió ampliar las facultades de detención y realizar arrestos masivos de personas señaladas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. La propuesta de liberación condicional buscaría distinguir entre quienes tuvieron una participación limitada y quienes cometieron delitos graves, sin que ello implique necesariamente abandonar la estrategia de seguridad del Gobierno.

El reto para las autoridades sería demostrar que el mecanismo permite evaluar rigurosamente la responsabilidad individual de los detenidos y, al mismo tiempo, mantener los controles necesarios para evitar que personas vinculadas con actividades criminales vuelvan a delinquir.

¿Qué dudas plantea la medida?

Una de las principales interrogantes es cómo se determinará quién colaboró bajo amenazas y quién participó voluntariamente en las actividades de las pandillas. También será necesario conocer qué pruebas se utilizarán para evaluar cada expediente y cómo se garantizará que las decisiones sean transparentes y coherentes.

Otro punto pendiente es la supervisión de quienes salgan de prisión, así como las consecuencias de incumplir las condiciones impuestas. A esto se suma el desafío jurídico de conciliar la propuesta con las restricciones legales vigentes.

Mientras el Gobierno no publique las reglas definitivas ni precise el número de posibles beneficiarios, los criterios de selección y la fecha de aplicación, no será posible determinar con certeza el alcance real de la medida.