Las razones detrás del primer paro nacional contra De la Espriella en Colombia

Miles de colombianos salieron a las calles para rechazar las políticas del presidente Abelardo de la Espriella y expresar su preocupación por posibles retrocesos en derechos laborales y sociales. AFP

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• Sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y organizaciones sociales salieron a protestar contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Las movilizaciones cuestionan medidas sobre el derecho a la protesta, posibles recortes al gasto público y eventuales retrocesos en derechos sociales y laborales.
• Los manifestantes exigen cambios en las políticas de seguridad y garantías para los derechos sociales. Entre sus demandas figuran proteger la educación pública, mantener beneficios laborales, respetar la autonomía indígena y respaldar los acuerdos de paz y los derechos de las mujeres y las personas Lgtbiq+.
• El Gobierno defiende las medidas y sostiene que busca proteger el orden público. De la Espriella afirma que la mayoría de las concentraciones transcurrió pacíficamente, pero insiste en que el derecho a protestar no debe afectar la libertad de trabajar, estudiar y desplazarse.

Las calles de Colombia se convirtieron en escenario de un pulso entre el Gobierno y distintos sectores sociales durante el primer paro nacional contra el presidente Abelardo de la Espriella, el 14 y 15 de octubre.

Sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas y organizaciones de oposición participaron en las movilizaciones para cuestionar las decisiones del Ejecutivo, en particular las medidas relacionadas con el derecho a la protesta, el gasto público y la protección de los derechos sociales y laborales.

Las manifestaciones, respaldadas por sectores afines al expresidente Gustavo Petro, también reflejan la preocupación de distintos colectivos por el rumbo político del país bajo la nueva administración.

¿Por qué están protestando?

Uno de los principales motivos de las movilizaciones es el rechazo a un decreto que modifica las condiciones de intervención de la Policía durante las manifestaciones. Los detractores de la medida advierten que podría facilitar el uso de la fuerza y limitar el ejercicio de la protesta social.

A este reclamo se suman las preocupaciones por posibles recortes al gasto público y a la inversión social, así como el temor a que se reviertan medidas laborales y beneficios alcanzados durante el Gobierno de Petro.

El sector educativo también figura entre los protagonistas de las protestas. Estudiantes y sindicatos de docentes reclaman mayores recursos para las instituciones, la reparación de centros educativos afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y mejores condiciones laborales.

Otros sectores, entre ellos organizaciones feministas y colectivos Lgtbiq+, cuestionan las posiciones conservadoras del Ejecutivo y advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos. Por su parte, representantes indígenas exigen respeto a su autonomía territorial y una mayor participación en las decisiones gubernamentales.

¿Qué exigen los manifestantes?

Las demandas abarcan desde cambios en las políticas de seguridad hasta garantías para los servicios públicos y la protección de los derechos sociales.

Entre las principales exigencias figuran la derogación o modificación de la norma que amplía las facultades policiales durante las manifestaciones y garantías para ejercer el derecho a protestar pacíficamente, sin criminalizar los bloqueos de vías.

En materia educativa, los manifestantes reclaman recursos para reparar las escuelas afectadas por el terremoto y atender las necesidades de infraestructura de los centros educativos. Los docentes, además, piden fortalecer el sistema de atención médica del magisterio, proteger sus condiciones laborales y frenar los descuentos salariales relacionados con jornadas de protesta anteriores.

Las organizaciones también exigen que no se reviertan los avances y beneficios sociales y laborales alcanzados durante la administración de Petro, incluidos los relacionados con la educación pública y los ingresos de los trabajadores.

Otra de las demandas consiste en mantener la financiación y el respaldo institucional a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como avanzar en la implementación de los acuerdos de paz.

Las comunidades indígenas reclaman respeto a su autonomía territorial, consulta previa sobre proyectos que puedan afectarlas y mayor representación en las decisiones nacionales. A su vez, organizaciones feministas y colectivos Lgtbiq+ piden proteger los derechos de las mujeres y de las personas sexualmente diversas, además de preservar la separación entre las convicciones religiosas de los gobernantes y las políticas públicas del Estado.

Las organizaciones convocantes consideran que estas demandas requieren respuestas concretas del Ejecutivo y garantías de que las decisiones del nuevo Gobierno no limitarán los derechos adquiridos.

¿Qué dice el Gobierno colombiano?

El presidente Abelardo de la Espriella defendió la actuación de su administración frente a las movilizaciones y sostuvo que el Estado debe garantizar el derecho a protestar, pero impedir los actos violentos.

Al cierre de la primera jornada, el mandatario aseguró que el 98% de las concentraciones transcurrió pacíficamente. También afirmó que el Gobierno ofrece garantías a quienes se manifiesten sin recurrir a la violencia.

Sobre el decreto cuestionado, el Ejecutivo sostiene que la normativa busca proteger el orden público y garantizar los derechos de la ciudadanía. De la Espriella también argumentó que los bloqueos afectan a millones de personas y defendió que el derecho a la protesta no puede imponerse sobre la libertad de trabajar, estudiar y desplazarse.

El mandatario restó importancia a las movilizaciones al describir a sus convocantes como una minoría que busca paralizar el país. Además, cuestionó a los sectores vinculados con el expresidente Petro, a quienes responsabilizó por la situación económica que, según su criterio, heredó la actual administración.

Las posiciones enfrentadas mantienen abierto el debate sobre los límites de la protesta social y la manera en que el Gobierno debe responder a las manifestaciones.