Abrirían portillo para que magistrados del Poder Judicial y del TSE puedan hacer “lobby”
Contraloría General de la República hizo un análisis de la ley que se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos
Magistrados Tribunal Supremo de Elecciones. Foto tomada de tse.go.cr
(CRHoy.com).-Un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa abriría un portillo para que los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueden realizar actividades de "lobby" o de alguna gestión de interés particular.
La advertencia sobre esa posibilidad la hizo la Contraloría General de la República, la cual analizó el proyecto y señaló que el mismo no regula la participación de estos funcionarios, sobre todo porque tienen una función jurisdiccional.
El proyecto, denominado "Ley reguladora de las actividades de lobby y gestión de intereses en la administración pública", busca crear mecanismos para las reuniones o audiencias que tengan funcionarios públicos con sujetos privados que promueven o defienden determinados intereses y buscan influir en las decisiones que competen a estos empleados públicos.
El proyecto fue presentado por la diputada socialcristiana María Inés Solís y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La Contraloría en el análisis del proyecto señaló precisamente que permitir que los magistrados del Poder Judicial y del TSE puedan ser objeto de "lobby" debe ser muy bien regulado ya que entraría en conflicto con lo que se estableció "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública".
En dicha ley, en el artículo 52, se indica una sanción de 5 años de prisión para la persona que, "directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro".
"Esto implica que el legislador deberá de tener especial cuidado al momento de regular las actividades de lobby y gestión de interés particular, verificar que no se esté regulando normativamente y, en consecuencia, regularizando o legitimando jurídicamente, conductas expresamente tipificadas como tráfico de influencias o que, por vía de esta regulación se vacíe de contenido, de forma inadecuada, el señalado delito, pues podría provocarse un efecto contrario al deseado", indicó el ente contralor en su análisis.
Sesión de Corte Plena. Foto Archivo.
La Contraloría además cuestionó que el proyecto le asigna funciones como el registro de "lobistas", que serían las personas que pueden hacer este tipo de cabildeo y la responsabiliza de mantenerlo colgado en su sitio web, "dejando la responsabilidad de publicar y actualizar su contenido en manos de cada administración".
También establece que es la CGR la que debe imponer las sanciones cuando se trate de faltas a cargo de las autoridades electas.
"No se definen las razones por las cuales recae esta función en la Contraloría General, que claramente se alejan de las labores que corresponden al órgano contralor".
Esta iniciativa no es la primera que se presenta en la Asamblea. Ya otros diputados intentaron regular el "lobby", sin éxito.
El primero fue el proyecto "Autorización para ejercicio del cabildeo o gestión de intereses
específicos y creación del Registro Nacional del Cabildeo" que se tramitó en el 2001. Buscaba instaurar la figura de una inscripción registral para fiscalizar y evitar sobornos y tráfico de influencias. Según la Contraloría, el proyecto tuvo un dictamen unánime negativo y fue archivado.
En el año 2013, se presentó a la Asamblea la "Ley de regulación del Lobby en la Función Pública. También fue archivado tras recibir el dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En el 2015, los diputados nuevamente intentan regular este tema con el proyecto "Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública", pero tuvo el mismo camino que los anteriores, archivado.