Los ingresos de los asalariados serían afectados con las propuestas impulsadas por el Gobierno. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -El ajuste en las tarifas del impuesto de renta que propone el Gobierno en dos proyectos de ley ofrecidos al Fondo Monetario Internacional (FMI) golpearía los bolsillos de los trabajadores.

Así se desprende de un informe jurídico elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a la iniciativa de ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, que se tramita bajo el expediente 22.369.

Esta propuesta consiste en reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Las modificaciones planteadas en ese expediente son las siguientes:

• Reformar la tarifa del impuesto de remesas al exterior en un promedio de 5%.
• Establecer una tarifa única del impuesto sobre rentas y ganancias de capital de 15% y un incremento transitorio por dos años de 1,5% adicionales a la tarifa del actual impuesto. Por dos periodos fiscales se pagaría 16,5%.
• Eliminar las tarifas diferenciadas a títulos valores emitidos en moneda nacional por el Sistema Financiero para la Vivienda, los rendimientos de los ahorros efectuados por los afiliados a cooperativas y asociaciones solidaristas, así como los excedentes o utilidades que se pagan a los afiliados.
• Eliminar la exoneración de un 50% sobre los rendimientos del sistema de pensiones complementarias.
• Eliminar la no sujeción del salario escolar al impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales.

Impacto

El proyecto de ley para reducir los beneficios fiscales y ajustar las rentas del capital se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso. (Archivo/CRH).

Según la opinión del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, la "amalgama de proyectos tributarios podría recargar la capacidad económica de unos sectores de la población en favorecimiento o exoneración de otros sin fundamento solidario, so pena de inconstitucionalidad al darse un desequilibrio en el sistema".

El informe menciona como ejemplo de ello los ingresos salariales de los trabajadores que están congelados por la crisis económica y la aplicación de la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

"Aunado a esto se propone bajar la base imponible del impuesto sobre la renta para todos los asalariados (sector público y sector privado) y subir el tope, es decir, parte de los ingresos soportarían más carga tributaria, con el agravante de que por un lapso de tiempo no hay aumentos salariales", indica.

Pero, además, de acuerdo con el proyecto de ley para crear el impuesto de renta global y si pertenecen a asociaciones solidaristas o cooperativas, se les gravaría sus excedentes o utilidades.

"Esto sin considerar el incremento en el costo de la vida permanente y que se propone gravar también los rendimientos de sus aportes a pensiones y su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el llamado salario escolar en el caso del sector público", señala el informe.

Sostiene que el conjunto de medidas propuestas podría conllevar a un debilitamiento de la capacidad económica de los trabajadores.

También advierte que el proyecto de ley para la reducción de los beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital contrasta con algunas medidas de la iniciativa para crear el impuesto de renta global dual.

"Si bien, existe una crisis fiscal que atender y esta asesoría no la desconoce, el panorama para los asalariados contrasta con la propuesta de bajar la tasa de renta a empresas, diferentes a pymes, como lo propone el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley del expediente legislativo N° 22.383 Renta Global Dual", manifiesta.

El proyecto para reducir beneficios fiscales y ajustar tarifas en rentas del capital se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso mientras que el de renta global dual se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios.