Allanan estudio de arquitectura en Argentina por presunta estafa inmobiliaria en Tamarindo
Autoridades argentinas allanaron el pasado viernes 10 de abril el estudio de arquitectura y urbanismo SANO ARA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para secuestrar documentos que serán utilizados como prueba en la investigación de una presunta estafa relacionada con dos proyectos inmobiliarios en Tamarindo, Guanacaste.
La diligencia fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49 del Poder Judicial de la Nación y ejecutada por oficiales de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA).
Inicialmente, el operativo contemplaba intervenir el estudio y las viviendas de los sospechosos de apellidos Aloi y Rossetto, ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, un cambio de juez modificó el alcance de la diligencia, ya que no se logró verificar que dichas personas residieran en esos inmuebles, por lo que finalmente solo se inspeccionó el establecimiento donde se resguardaban los proyectos arquitectónicos, en el centro de la capital argentina.
Durante el allanamiento se decomisaron documentos relacionados con los proyectos inmobiliarios a nombre de las sociedades anónimas Air Tesoro y Air Homes Dos, así como información vinculada con los desarrollos en Tamarindo, entre ellos constancias de aportes, transferencias bancarias, acuerdos de accionistas, órdenes de pago, facturas, recibos y libros sociales o contables, tanto a nombre de las presuntas víctimas como de los sospechosos.
Además, se copió la información contenida en las computadoras del local en discos duros externos, con el fin de resguardarla y evitar su eventual eliminación.
El objetivo del operativo es recopilar toda la información, corroborar la hipótesis de los denunciantes y, una vez analizados los elementos, un juez valorará si procede ordenar detenciones.
Cristián Cúneo, abogado de la denunciante, conversó con CR Hoy desde Buenos Aires. El jurista indicó que estuvo presente durante el allanamiento, confirmó que dos de los sospechosos se encontraban en el lugar ese día, les retuvieron sus teléfonos celulares durante la intervención y describió su reacción.
Los imputados primero se mostraron nerviosos; uno de ellos, al inicio, no quería colaborar y la Policía estuvo cerca de detenerlo porque se negaba a acatar instrucciones. Luego, acongojados, trataron de minimizar la situación e incluso afirmaron que no tenían relación con el caso; sin embargo, los oficiales encontraron información relevante, como documentos con firmas originales de interés para la investigación.
Agregó que su representada se mostró satisfecha al constatar que las autoridades argentinas están investigando y avanzando en el caso. No se descartan más diligencias en las próximas semanas.
Este medio contactó por correo electrónico a uno de los sospechosos para conocer su posición sobre la intervención policial; sin embargo, respondió que, por el momento, no se referirá a las actuaciones realizadas por la Policía argentina.
Amenazas derivaron en denuncias
El caso llegó a las autoridades en 2025, cuando los sospechosos de apellidos Aloi, Issel y Rossetto convencieron a la inversionista, en 2022, de participar en los proyectos Air Tesoro S. A., a cargo de un complejo de playa de 27 apartamentos y un restaurante, y Air Homes Dos S. A., un desarrollo de viviendas de dos y tres plantas a pocos metros del mar, con amenidades como seguridad 24/7, espacios para yoga, terrazas, restaurantes, internet de alta velocidad, parqueos, piscinas, áreas de esparcimiento para niños, salones para trabajo remoto e incluso un bar. Ambos proyectos se ubicarían en Tamarindo, y cada propiedad tendría un valor de $1,1 millones y $1,3 millones, respectivamente.
La inversionista aportó $1,4 millones, correspondientes a sus ahorros. Al no observar avances, viajó a Costa Rica para verificar la situación. Allí se reunió con Issel y Rossetto, quienes la convencieron de continuar con el proyecto. Posteriormente regresó a Argentina con la expectativa de avances que nunca se concretaron.
Al notar que ni siquiera se habían realizado movimientos de tierra, comenzó a sospechar. Posteriormente, al percatarse de que se trataba de un engaño y de que los sospechosos intentaron que firmara una nueva carta poder y un acuerdo de accionistas para sustituir el convenio anterior por un finiquito de responsabilidad civil, penal u otra, decidió denunciarlos ante el Ministerio Público de Costa Rica.
Según la denuncia, Rossetto habría emitido amenazas en varias ocasiones para presionarlos a firmar dichos documentos y así liberarse de responsabilidad.
El primer incidente se registró el 23 de marzo de 2025 en el restaurante Baluma, del club house del Barrio Boating Club, en la provincia de Buenos Aires. Tras unos 15 minutos, el sospechoso le dijo a la mujer y a su esposo: "Vos sabés lo que les va a pasar si Pablo no firma el documento?" y "¿Y vos sabés lo que te va a pasar?".
El segundo incidente ocurrió el 3 de abril, cuando, presuntamente, Rossetto lanzó su vehículo contra la pareja en una intersección para intimidarlos. El tercer hecho se dio el 13 de abril, cuando el sospechoso se acercó corriendo hacia la pareja, les gritó e insultó en reiteradas ocasiones, molesto por el avance de la investigación en Costa Rica.
Ante estos hechos, la pareja interpuso una denuncia por coacción ante la Justicia en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Un juez de garantías dictó como medida cautelar una orden de alejamiento contra Rossetto, para impedir que se acerque a los afectados de forma física, virtual o a través de redes sociales.
Meses después, también presentaron otra denuncia ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de CABA por el delito de estafa. A raíz de esta causa se realizaron los allanamientos del viernes anterior.
Asimismo, se investiga a una mujer de apellido Fernández, pareja de Issel, quien forma parte de la junta directiva de los proyectos en calidad de fiscal.