Autoridades investigan financiamiento del narco a precaristas para apoderarse de fincas y manglares en Zona Sur
(Puerto Jiménez, Pacífico Sur). "Nos estaban disparando, me estaban atacando y acosando". Así describió una vecina de Puerto Jiménez lo que enfrenta desde octubre de 2024 en su propiedad en Playa Blanca, una zona donde sus habitantes denuncian invasiones de fincas públicas y privadas por precaristas que, según afirman, están siendo pagados por grupos narcotraficantes.
El objetivo, aseguran, sería utilizar las propiedades con conexión a la costa, ríos o manglares como sitios de recepción de embarcaciones que transportan droga procedente de Colombia y Ecuador.
Los afectados, cuya identidad se protege por razones de seguridad, advirtieron que esa estructura estaría integrada, además, por expolicías de Guardacostas.
Estos hechos ya son conocidos por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Fuentes judiciales consultadas indicaron que el cabecilla del grupo ya fue investigado por tráfico internacional de drogas y ha sido visto en los sectores donde operan los precaristas; una fuente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) confirmó la existencia de reportes sobre la presencia del grupo en Puerto Jiménez y zonas cercanas como Sierpe.
Las invasiones siguen un patrón claro: grupos de personas llegan, se instalan con construcciones de zinc y madera y, en algunos casos, talan manglar para ocupar terrenos o habilitar el ingreso de embarcaciones. Con el tiempo, les prohíben el acceso a los propietarios originales.
Un equipo de CR Hoy recorrió el sector y constató la presencia de asentamientos en una finca de palma africana cercana a la costa, así como estructuras dentro de la zona marítimo-terrestre, en áreas dominadas por manglares.
En uno de los puntos se observaba un rancho cubierto con plástico negro, ubicado a pocos metros de un canal que conecta el mar con el manglar, en una zona aislada sin presencia de vecinos ni turistas y sin vigilancia policial.
Durante la visita, varios hombres trabajaban con una sierra detrás de una de las viviendas. La mayoría de las estructuras permanecían cerradas y no parecían habitadas en ese momento.
La Fiscalía Ambiental de Osa investiga el caso. Ya realizó una inspección y espera un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público tras consultas de este medio.
Daños, amenazas y miedo
Una de las afectadas aseguró que desconocidos ingresaron a su propiedad, destruyeron infraestructura y la dejaron sin electricidad.
Relató que acudió a la municipalidad, al MINAE y a la Fuerza Pública sin obtener una respuesta efectiva, pese a presentar pruebas, y afirmó que la única intervención directa provino del Servicio Nacional de Guardacostas.
Añadió que el conflicto se agravó a partir de octubre de 2024, cuando recibió alertas mientras se encontraba fuera del país. A su regreso, encontró un escenario cada vez más violento.
Hoy vive con temor y advierte que, si la situación continúa, otras propiedades podrían verse afectadas. En su relato, aseguró que podría tratarse de actividades vinculadas al narcotráfico.
Otro propietario afectado denunció haber sido amenazado con armas de fuego al intentar ingresar a la zona.
Según relató, el día que llegó a su propiedad se encontró con que varias personas habían ingresado ilegalmente. "Se me paró un sujeto al frente con una gran escuadra en el asiento del carro, y otro incluso me dijo que venía a matar a cualquiera que se pusiera tonto", afirmó.
El hombre manifestó su preocupación por la ocupación de áreas protegidas cercanas a la playa y señaló que, según observó, se intervienen terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado. También indicó que ha visto movimiento de madera y limpieza de terrenos.
En la zona se abrió un canal de unos 500 metros, situación que permanece bajo investigación. Imágenes captadas por CR Hoy corroboran la denuncia.
En la zona se abrió un canal de unos 500 metros, situación que está bajo investigación.
Respuesta institucional
El alcalde de Puerto Jiménez, Enrique Segnini, confirmó que la municipalidad realiza inspecciones junto con otras entidades. Indicó que el caso está en manos del inspector de la zona marítimo-terrestre y que existe una denuncia por posibles daños ambientales.
Funcionarios municipales y personal del SINAC visitaron el sitio para verificar la situación. El jerarca señaló que dará una posición más amplia cuando revise el informe completo.
En el SINAC indicaron que no registran denuncias formales sobre este caso. No obstante, recordó que los delitos ambientales deben trasladarse a la Fiscalía y que los asuntos vinculados con el crimen organizado corresponden al Ministerio de Seguridad Pública.
La Fiscalía Ambiental de Osa informó que da seguimiento al caso desde el 23 de marzo. También solicitó apoyo técnico al SINAC para evaluar el estado del área, ubicada dentro del Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares.
CR Hoy quiso conocer una posición de la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
A pesar de temor, algunos vecinos han denunciado esta situación en redes sociales.
Zona de interés criminal
El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que el Pacífico Sur ha sido durante años un punto estratégico para el narcotráfico, debido a la escasa presencia policial, la extensión de áreas protegidas y su lejanía de centros urbanos.
Detalló que antes estas zonas servían de resguardo para "narcolanchas". Con el tiempo, las rutas evolucionaron hacia ríos y canales que conectan con carreteras secundarias y luego con vías nacionales.
Según Muñoz, este contexto incrementa el interés de grupos criminales por controlar territorio. En algunos casos, recurren a ocupaciones informales como estrategia.
"A veces promueven invasiones. Un grupo llega, ocupa el terreno y luego otros alegan que ya estaba habitado. Eso complica la acción policial y los procesos judiciales", explicó.
El subjefe de la policía judicial explicó que las características de la zona propician la corrupción en instituciones del Estado, situación que agrava el combate de las organizaciones criminales.
"Todo funcionario público está propenso a recibir amenazas e incluso ofrecimientos que podrían derivar en actos de corrupción. En este tipo de zonas esa posibilidad puede ser más fuerte", indicó.
No obstante, aclaró que, al menos de forma oficial, no existen denuncias recientes relacionadas con amenazas contra personal del Ministerio de Ambiente o del SINAC.
Muñoz agregó que, a través de fuentes confidenciales, sí han tenido información sobre presiones de grupos criminales hacia funcionarios para evitar que cumplan con sus labores.
Como ejemplo, mencionó lo que ocurre en el Parque Nacional Corcovado con la extracción ilegal de oro, donde históricamente han operado grupos dedicados a esta actividad, fenómeno que —según dijo— ha aumentado debido al alto valor del metal. "En esos casos, los oficiales del SINAC también son amenazados para que no cumplan con su deber", indicó.
El jerarca señaló que, en escenarios como estos, no se puede descartar que funcionarios enfrenten intimidaciones similares durante sus labores de vigilancia (Ver nota aparte).
"Son personas que trabajan en condiciones aisladas, durante largos periodos, en lugares remotos. Con una amenaza en ese contexto, cualquiera podría sentir temor y optar por guardar silencio", concluyó.
Puerto Jiménez, Corcovado y Sierpe están dentro del llamado Triángulo de Osa, sitio por donde entra la mayor cantidad de embarcaciones con droga procedente de América del Sur.