Banda Los Gery sobrevive a capturas y detenciones para mantener guerra narco en Cartago
La banda criminal conocida como Los Gery, asentada principalmente en La Unión de Cartago, ha mostrado una alta resistencia a los ataques de sus rivales y a los golpes perpetrados por las autoridades, advierte el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Desde hace meses, cerca de 25 de sus miembros afrontan un juicio que está en su etapa final por narcotráfico y varios homicidios, producto de una investigación que data de 2019 y años anteriores. Sin embargo, la organización ha sabido transformarse para sobrevivir.
Vladimir Muñoz, subdirector a. i. de la policía judicial, explicó que el clan comandado por los hermanos Gery Alexander "Focus" y Gary Alexander "Voltaje" Campos Barrantes va reclutando nuevos miembros o, incluso, continúa dando órdenes desde prisión, donde permanece su máximo líder desde 2022 descontando una condena.
"Es un grupo criminal muy resiliente que se ha mantenido en el tiempo, se detiene a alguno de los líderes, pero ellos siguen operando desde la cárcel, eso nadie lo podría negar.
Algunos de ellos en este momento están en juicio, algunos están en libertad y sin embargo, eso no obsta de que sigan en su actividad ilícita", explicó.
Ese músculo criminal, en ocasiones, en lugar de debilitarse, se fortalece. Por ejemplo, en la actualidad han hecho frente a otro poderoso bando en Cartago, denominado Los Maruja, que opera principalmente en la región de Los Diques.
Los Gery, pese a estar encarcelados y enjuiciados, han tratado de insertarse en la zona y extender su dominio allí.
"Ya tienen una estructura bastante fuerte, tan fuerte que han asumido la lucha contra Los Marujas debido a esa fuerza. Ya no solamente se encuentran en la zona de La Unión, sino que han extendido en alguna forma sus lazos y sus ramificaciones a zonas de Cartago que antes ellos no ejecutaban acciones", detalló Muñoz.
Pese a estas circunstancias y a los esfuerzos realizados por someterlos a la justicia, las autoridades no se rinden y continúan siendo objetivos prioritarios del OIJ, la Fiscalía y otros cuerpos policiales como la Policía de Control de Drogas (PCD), del Ministerio de Seguridad Pública.
"Nosotros a pesar de que haya un proceso penal en juicio, no vamos a esperar a ver qué resultado sale del proceso que están enfrentando. Seguiremos trabajando porque si la actividad ilícita continúa, siempre vamos a estar investigándoles", concluyó.
Han sido múltiples los tropiezos jurídicos para encarcelar al grueso de esta banda. En junio de 2025, el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) anuló por completo el juicio contra 31 miembros de la organización, que había iniciado en marzo de ese mismo año.
La decisión se tomó porque no se pudo garantizar el principio de continuidad e inmediatez, debido a constantes interrupciones, recusaciones de la defensa e incapacidades médicas de imputados y abogados.
El debate se reinició poco después; sin embargo, tras algunas semanas, el mismo Tribunal ordenó realizar procesos por separado para los hermanos Campos Barrantes y otros cómplices en delitos de narcotráfico. Esto fragmentó el caso principal y extendió los tiempos de resolución, en especial contra sus cabecillas.
En su momento, alrededor de 25 imputados intentaron someterse a un proceso abreviado (aceptar los cargos a cambio de una pena menor) para evitar un juicio largo, pero el tribunal rechazó esta solicitud en marzo de 2025, obligando a continuar con el debate ordinario.
Gestionar la logística para trasladar y asegurar a tantas personas, junto con sus respectivos defensores y la coordinación de agendas, también ha provocado retrasos constantes.
A esto se suma que, en julio de 2022, un Tribunal de Apelación ordenó la liberación inmediata de varios líderes, incluido Gary Alexander Campos, tras determinar que se habían superado todos los plazos legales para mantener la prisión preventiva y el arresto domiciliario sin una sentencia firme.
A lo anterior se añade una disputa legal y constitucional sobre la aplicación de la ley contra el crimen organizado, utilizada para procesar a esta banda, cuya vigencia estuvo en duda en estrados judiciales durante años.
