Banda sospechosa de secuestrar a George Angulo y a banquero deberá afrontar juicio
13 sospechosos de participar en el secuestro del empresario Jorge "George" Angulo Solano y del banquero Jaime Gurdián Moreno deberán afrontar un juicio durante agosto, setiembre y octubre próximos, ante el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO).
El juzgado de esa misma jurisdicción avaló la petición de la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO), la cual acusó al grupo de varios delitos, entre ellos secuestro extorsivo —sancionado con penas de entre 15 y 20 años de cárcel—; asociación ilícita —castigada con entre 1 y 6 años de prisión—; y robo agravado, con penas de 5 a 15 años.
A varios de los imputados también se les señala por uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales, delito que conlleva penas de 5 a 8 años de cárcel, así como por legitimación de capitales, que puede implicar sanciones de entre 8 y 20 años de prisión.
Mientras se celebra el juicio, la mayoría de los involucrados se mantiene bajo prisión preventiva, a excepción de una mujer que permanece bajo arresto domiciliario por razones médicas, y de otro imputado que solo debe firmar cada 15 días en el Poder Judicial.
El expediente judicial detalla cómo estos sospechosos en apariencia se organizaron como una estructura criminal organizada que operó al menos en dos secuestros extorsivos ocurridos en 2023: el de Jorge Alberto Angulo Solano, perpetrado el 5 de enero, y el de Jaime Gurdián Moreno, el 27 de junio.
Ambos casos comparten un patrón claramente definido: las víctimas eran previamente estudiadas mediante labores de inteligencia, luego interceptadas por un grupo armado y, finalmente, sometidas a exigencias de rescate por pagar en bitcoines, bajo amenazas y presión psicológica.
De acuerdo con la acusación, la organización se dividía en dos grandes células operativas. Por un lado, un grupo encargado de ejecutar directamente los secuestros; por otro, una estructura paralela dedicada a recibir, gestionar y legitimar el dinero obtenido mediante estas actividades ilícitas.
En el primer grupo figuraba Bayron Estiben Madrigal Calvo, señalado como líder de la organización, quien coordinaba las operaciones, giraba instrucciones y, posteriormente, recibía y distribuía el dinero producto de los rescates.
Junto a él operaban varios individuos con funciones específicas en la ejecución de los delitos. Ronald Leiva Ríos, por ejemplo, participaba como ejecutor directo, fungía como chofer de los vehículos utilizados en los secuestros y también custodió a las víctimas durante el cautiverio; una de ellas lo identificó con el alias de "Positivo".
Osvaldo Ulate Garro, Juan Mauricio Granados Granados y Alejandro Antonio Picado Torres desarrollaban labores de vigilancia y seguimiento previo sobre los ofendidos, además de participar directamente en los secuestros, principalmente conduciendo vehículos y colaborando en la logística.
A este grupo se sumaba Naiyel Rolando Matamoros Brenes, quien se encargaba de la custodia de las víctimas en los sitios de cautiverio y fue identificado por una de ellas como "El Jefe". La acusación también menciona la participación de otros sujetos aún no identificados que colaboraron en la ejecución y vigilancia de las víctimas.
La segunda estructura tenía como finalidad procesar el dinero obtenido. Según el Ministerio Público, Vilma Beatriz Vargas Arce y Yordin Alonso Jiménez Sibaja coordinaban la creación de billeteras virtuales —conocidas como wallets—, donde se recibían los pagos en criptomonedas, y gestionaban su conversión a dinero en efectivo.
Además, se les atribuye la compra de bienes muebles como mecanismo para legitimar las ganancias ilícitas. En esa misma línea operaban Hernán Acevedo Carmona, Kevin Vargas Miranda, Luis Diego Brenes Arce y Jhon Andrey Sandoval Silva.
Acevedo, por ejemplo, se encargaba de convertir los bitcoines en otras criptomonedas más estables, como Tether (USDT), para dificultar su rastreo, dispersarlos en múltiples billeteras y, finalmente, transformarlos en efectivo.
Brenes Arce y Vargas Miranda también participaban en la recepción, transferencia y distribución de los fondos, mientras que Sandoval Silva fungía como receptor de parte del dinero en su propia billetera virtual.
Un rol clave lo desempeñaba José David Obregón Zamora, quien servía como enlace entre ambas estructuras: supervisaba la recepción del dinero ya convertido en efectivo y lo hacía llegar al líder de la organización para su posterior distribución.
Carlos Manuel Rivera, uno de los abogados defensores, cuestionó cómo la Fiscalía presentó el caso y aseguró que varios de los señalados no participaron en el secuestro.
"En este proceso existen dos o tres personas que el Ministerio Público las ha perseguido a ultranza a sabiendas de que son comerciantes de moneda electrónica. Se dedican a comprar y vender moneda electrónica y ganarse una comisión sobre esas compras y ventas, pero no necesariamente están involucrados en los delitos de secuestro extorsivo.
A pesar de que no existe una regulación en Costa Rica. Esos tres imputados todavía están en prisión preventiva solo por haber comprado algún tipo de moneda electrónica y por montos por montos ridículos de ₡400000 colones", cuestionó el defensor.
Planificados
La investigación detalló que, previo a cada secuestro, la organización seguía a sus objetivos para determinar la capacidad económica de las víctimas. Para evitar ser identificados, utilizaban vehículos con placas falsas o alteradas y cambiaban constantemente de líneas telefónicas para comunicarse.
En el caso de Angulo, las labores de inteligencia iniciaron días antes, cuando varios integrantes de la organización le dieron seguimiento durante un viaje a Jacó. Posteriormente, el 3 de enero, continuaron la vigilancia hasta su residencia, con el objetivo de confirmar el vehículo que utilizaba habitualmente.
El secuestro se ejecutó el 5 de enero en un gimnasio identificado como "Jorge Angulo Fitness". Varios sujetos descendieron de un vehículo Mitsubishi Montero con placas falsas, vestidos de negro y portando chalecos con distintivos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con lo cual simularon ser agentes judiciales. Bajo esa apariencia, sometieron a la víctima con armas de fuego.
Minutos después, un segundo vehículo —un Toyota Corolla conducido por Ronald Leiva Ríos— llegó al lugar para trasladar a Angulo, mientras otros miembros de la organización vigilaban el perímetro.
La víctima fue llevada a tres distintos sitios de cautiverio en la provincia de Cartago. Durante ese tiempo, los secuestradores utilizaron su teléfono celular para contactar a su hermano y exigir inicialmente 300 millones de colones, monto que luego redujeron a 100 millones, pagaderos en bitcoines. Como parte de la presión, enviaron videos en los que Angulo aparecía atado y bajo amenaza.
El pago se concretó el 6 de enero de 2023 mediante dos transferencias de bitcoines a una billetera virtual indicada por los secuestradores. Tras confirmar la recepción del dinero, la víctima fue liberada en Río Frío de Sarapiquí.
El segundo caso, el de Jaime Gurdián Moreno, siguió un patrón similar. Entre el 6 y el 25 de junio de 2023, miembros de la organización coordinaron la obtención de equipo logístico, como dispositivos GPS y radios de comunicación, y realizaron labores de inteligencia en el lugar de trabajo de la víctima, en La Uruca, así como en sus posibles rutas de desplazamiento.
El 27 de junio, Gurdián fue interceptado mientras se desplazaba en su vehículo. Los secuestradores lo obligaron a subir a otro automóvil, le colocaron una capucha, lo amenazaron y le sustrajeron un teléfono celular y un reloj satelital.
Posteriormente, fue trasladado a un sitio de cautiverio no identificado, donde permaneció bajo custodia de varios integrantes de la organización, entre ellos Leiva Ríos y Matamoros Brenes. Durante el cautiverio, los secuestradores exigieron acceso al teléfono de la víctima y contactaron a su hijo mediante la aplicación WhatsApp.
Inicialmente solicitaron 20 bitcoines como rescate, pero la suma fue negociada hasta reducirse a 8 bitcoines, equivalentes a aproximadamente 133 millones de colones. El pago se realizó el 30 de junio de 2023 mediante tres transferencias de criptomonedas. Una vez confirmado el depósito, Gurdián fue liberado en la ruta 32, cerca de San Luis de Santo Domingo de Heredia.
En ambos casos, tras recibir los bitcoines, la estructura financiera de la organización activaba un proceso sistemático para ocultar el origen ilícito del dinero. Primero, se recibían los fondos en billeteras virtuales creadas en plataformas como Binance.
Luego, se transferían a otras billeteras bajo control de distintos miembros, donde eran convertidos a criptomonedas como Tether (USDT), lo que permitía diluir el rastro de las transacciones.
Posteriormente, los fondos eran distribuidos en múltiples billeteras adicionales antes de ser finalmente convertidos a dinero en efectivo.