“Bebés” y “refugio seguro”: así ocultaba droga red criminal que abastecía cárceles
Una organización criminal llamaba "bebés" a los paquetes de droga y dispositivos electrónicos que preparaba para introducir en las cárceles del país. Antes de cada traslado, almacenaba esos cargamentos en una vivienda que sus integrantes identificaban como un "refugio seguro", según la solicitud de allanamiento y declaratoria de crimen organizado presentada por la Fiscalía de Siquirres.
El expediente detalla que esa casa, ubicada en Coopevigua de Guápiles, funcionaba como centro de acopio y coordinación para las denominadas "pasantes", mujeres reclutadas para ingresar droga y teléfonos celulares durante la visita a los centros penitenciarios.
La investigación dio origen a la operación Dalila, ejecutada el pasado 21 de junio, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron allanamientos en varios cantones de Limón, principalmente en Siquirres.
El "refugio seguro" de los "bebés"
Según la Fiscalía y el OIJ de Siquirres, Cristian Mendoza, alias "Titán", preparaba los "bebés" al moldear la droga y los teléfonos celulares en envoltorios cilíndricos para facilitar su ocultamiento.
Para ello utilizaba plástico, cinta adhesiva, condones y suavizante de telas, con el propósito de reducir los olores y facilitar el ingreso intracorporal de los paquetes.
Una vez listos, los "bebés" permanecían en una vivienda de Coopevigua de Guápiles, que el expediente identifica como un "refugio seguro". En ese lugar también permanecían las mujeres reclutadas para trasladar los cargamentos a los centros penitenciarios.
La Fiscalía señala que los integrantes de la organización utilizaban el término "bebés" en sus comunicaciones para referirse a los paquetes de droga y dispositivos electrónicos listos para su distribución.
Mujeres transportaban a los "bebés"
La investigación atribuye a Krissia Sánchez Allen, alias "La Patrona", el reclutamiento de las denominadas "pasantes".
Según el expediente, la organización pagaba alrededor de ₡300.000 a cada mujer por ingresar los "bebés" a los centros penitenciarios. Además, destinaba cerca de ₡100.000 para la reclutadora y entre ₡15.000 y ₡35.000 para cubrir transporte y otros gastos.
Antes de cada ingreso, las mujeres recibían instrucciones sobre cómo ocultar los "bebés" y qué medidas adoptar para intentar evadir los controles de la Policía Penitenciaria.
El expediente sostiene que varios privados de libertad coordinaban la logística mediante teléfonos celulares. Desde los centros penales ordenaban compras, organizaban envíos y distribuían la droga.
La investigación identifica operaciones en los centros de atención institucional Jorge Arturo Montero, Terrazas, Leticia, Liberia, Limón y San José.
Para evitar que las autoridades rastrearan las comunicaciones, la organización recurría presuntamente a colaboradores externos que activaban el desvío de llamadas. Así conectaban a los privados de libertad con proveedores y transportistas sin utilizar directamente los teléfonos empleados dentro de las cárceles.
Los casos que documentó la Fiscalía
La investigación documenta varios intentos de ingresar los "bebés" a los centros penitenciarios.
Uno de los casos corresponde a una mujer detenida en el CAI Liberia cuando, presuntamente, intentó ingresar 183,60 gramos de marihuana ocultos en su cavidad vaginal.
Otro expediente registra la detención de una mujer en el CAI Jorge Arturo Montero, donde las autoridades localizaron un paquete con marihuana y clorhidrato de cocaína bajo la misma modalidad.
La Fiscalía también atribuye a un hombre el ingreso de un teléfono celular marca Unihertz y dos tarjetas SIM, que ocultaba en su cavidad anal.
Según el Ministerio Público, la venta de droga dentro de los centros penitenciarios representaba un negocio altamente rentable. El expediente indica que un gramo de marihuana alcanzaba un precio cercano a los ₡18.000, mientras que una onza podía venderse por aproximadamente ₡500.000.