Caso UPAD: Audio “perdido” revelaba que gobierno usaba datos con nombres, apellidos y hasta direcciones…

(CRHoy.com) Lejos de recibir información anonimizada; es decir, sin las identidades de las personas, la Unidad de Datos Presidencial (UPAD) que trabajaba de manera cercana con el mandatario costarricense Carlos Alvarado, recibía y utilizaba datos de las personas con nombres, apellidos y hasta direcciones.

Esto permitía a los analistas contratados como asesores por el gobernante tener acceso a identidades de las personas a las que se les otorgaban beneficios sociales.

Esta confesión forma parte de la entrevista que realizó la defensora de los Habitantes Catalina Crespo y un equipo de seis personas más, el 24 de febrero pasado, al presidente Carlos Alvarado en su despacho en Casa Presidencial, cuya grabación fue la que coincidentemente se perdió del expediente en la Defensoría.

Una copia de la minuta elaborada en esa reunión rescata la forma en que las autoridades gubernamentales defendieron ante Crespo y su equipo, la conveniencia de crear la UPAD, amparados en un supuesto interés público de obtener información confidencial o de acceso restringido y de hacerlo – supuestamente- para ayudar a garantizar esa protección de la confidencialidad ante terceros.

En la entrevista de la Defensora estuvieron el presidente Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia Víctor Morales, la entonces ministra de Comunicación Nancy Marín, la viceministra de la Presidencia Silvia Lara, el asesor y primer integrante de la UPAD Diego Fernández, y posteriormente se integró el asesor presidencial Luis Salazar. Inició a las 8: 25 a.m. y terminó a las 10:40 a.m.

En una de sus intervenciones Crespo consultó a los miembros del Gobierno si habían estado utilizando datos anonimizados, a lo cual Fernández respondió: "No hemos utilizado muchos datos anonimizados".

La Defensora pidió aclarar y ahondar un poco más en la respuesta a lo cual Fernández confesó que habían estado usado datos, particularmente, en aquellos casos donde hay convenios. Mencionó de inmediato como ejemplo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) entidad a cargo de distribuir las ayudas sociales a la población más necesitada del país.

La minuta no recoge si la Defensora cuestionó o no a los funcionarios por el hecho de estar duplicando esfuerzos, en el sentido de que legalmente el encargado de realizar el trabajo de las ayudas sociales es el IMAS y no un órgano adscrito a la Presidencia de la República que operaba sin sustento jurídico.

Fernández confesó que previo a la firma del decreto de creación de la UPAD, el Gobierno ya había firmado convenios de intercambios de información con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para las encuestas de hogares y la encuesta de empleo, con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para nacimientos, defunciones y matrimonios, con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y con el Registro de la Propiedad para bienes muebles e inmuebles.

 

Pedían datos confidenciales para "proteger" su confidencialidad

Carlos Alvarado fue interpelado específicamente sobre la forma en que el gobierno decidió formalizar la UPAD mediante un decreto, y en el cual se incluyó el artículo 7 en donde se daba acceso a ese órgano a datos confidenciales.

El Presidente señaló que no tenía "claridad" sobre si antes del decreto hubo algún tipo de formalización como un acuerdo o directriz interna, pero que en su experiencia sabía que este tipo de procesos son "burocráticos", razón que lo llevó a buscar a Diego Fernández para que trabajara a su lado en el manejo de datos.

"De inicio se aplicó algo práctico: Diego que se incorpora es asesor de la Presidencia, del Despacho. Y la tarea es darle ‘organicidad', generar esto. Ha sido un proceso de ir construyendo, eso es lo que deriva en los trabajos desarrollados en la parte técnica sino en cuál es la forma de dar la formalidad, eso lleva al tema del decreto como una forma de darle estructura", dijo Alvarado, según la minuta.

El documento señala que el Presidente tampoco sabía si la elaboración del decreto fue consultado a la Agencia de Protección de Datos (Prodhab).

Ante la consulta de la Defensora de cuál era la intención de pedir datos confidenciales, como lo estableció el decreto, en primer lugar Víctor Morales saltó aceptando la culpa por incluirlo al señalar que nunca debió existir pues bastaba con que la UPAD estuviera supeditada a la ley 8968.

El Presidente achacó a que la protección de los datos representaba un tema de "interés público", de la misma forma que elaborar políticas públicas, razón por la cual estaban pidiendo datos bajo el supuesto fin de protegerlos.

La Defensora los interrogó sobre si existían protocolos de confidencialidad, a lo cual Fernández respondió que "el equipo no existía", por lo que los protocolos estaban vinculados con acuerdos específicos a una persona.

"El espíritu era trasladar ese deber de confidencialidad de un funcionario a otro cuando se traslada la información entre instituciones", indicó el Gobernante al respecto, según el documento.

Así consta en las páginas 18 y 19 de la minuta: