Chaves vetó ley que obligaría a reos a entregar prueba de ADN y conformar base de datos
El presidente de la República Rodrigo Chaves Robles aplicó un veto total al proyecto de ley, aprobado en segundo debate por el Congreso anterior, que obliga a los privados de libertad a presentar una prueba de ADN para pedir beneficios carcelarios y así mantener actualizada la base de datos del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Corresponde a un veto presidencial por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad al texto presentado por el exlegislador del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig.
El objetivo de la ley es asegurar la correcta identificación de los condenados dentro del sistema penitenciario nacional.
Entrega de ADN
Bajo la iniciativa, la toma de muestras de ADN no codificante se aplicará a quienes soliciten beneficios, lo que permitirá fortalecer la investigación de delitos y reducir la reincidencia, como parte del registro de datos biométricos del Ministerio de Justicia y Paz.
El perfil genético será alfanumérico, único y de uso exclusivamente identificatorio, sin acceso a datos sensibles de las personas.
Motivos del veto
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que el proyecto asigna funciones al Ministerio de Justicia y Paz funciones relacionadas con la recolección, tratamiento y gestión inicial de datos biométricos -incluidos perfiles genéticos- que no corresponden, según el documento, con su naturaleza administrativa ni con sus atribuciones legales.
Además, señala que el texto incluye una imprecisión conceptual al señalar que ADN "no permite el acceso a datos sensibles de las personas". El veto refuta que, los datos biométricos, incluido el ADN, aún cuando no sea codificante, constituyen datos personales de carácter sensible.
¿Cuáles son los beneficios carcelarios?
El texto establece que quienes entreguen la muestra de material genético podrán acceder a estos beneficios, previa aprobación de las autoridades judiciales:
-Condena de ejecución condicional
-Amortización de la multa o trabajo en favor de la Administración Pública, instituciones autónomas o empresa privada
-Arresto domiciliario con monitoreo electrónico
-Libertad condicional
-Conmutación de la pena
-Rehabilitación
-Indulto
-Perdón judicial
-Cambios a niveles de atención penitenciaria con menor contención
-Permisos controlados de salida de centros penitenciarios.
Además, todo condenado deberá contar con un registro biométrico completo y actualizado como requisito indispensable para acceder a beneficios, ya sea por vía judicial o administrativa.
Trámite legislativo
Con el veto, el expediente retorna al Congreso con las observaciones del Poder Ejecutivo. Ahora, el Plenario deberá conocer el recurso de objeción y remitirlo a una comisión examinadora que emitirá un informe.
Posteriormente, debido a que el veto incluye argumentos de inconstitucionalidad, el texto deberá pasar a conocimiento de la Sala Constitucional.
En caso de que la Sala IV determine que el proyecto no presenta roces con la Constitución, el expediente regresará al Plenario y los nuevos diputados deberán decidir si resellan o no la ley.