Con inversión de ₡144 millones, Coronado arranca proceso de actualización de planes reguladores
(CRHoy.com) La Municipalidad de Coronado fue el primer ayuntamiento en formalizar con el gobierno el proceso de confección, actualización o aprobación de los planes reguladores de los cantones del país.
La Municipalidad de Coronado tendrá a su disposición ₡144 millones para actualizar su plan regulador. Este lunes las autoridades municipales del cantón y del Instituto de Vivienda y Urbanismos (INVU) suscribieron un acuerdo para que en 24 meses esté listo un nuevo planteamiento que regule el desarrollo de esa comunidad de 68 mil habitantes.
Estos planes son necesarios en cada cantón para poder desarrollar y ordenar de manera adecuada el uso del suelo, destinando de mejor forma cuáles zonas son para protección, para desarrollo habitacional, comercial, industrial, entre otros.
La primera dama de la República, Claudia Dobles, que lidera este proceso de modernización de estos planes, destacó que con su confección, actualización o aprobación, las municipalidades pueden garantizar a la comunidad que las viviendas sean construidas en lugares adecuados, disminuyendo así el riesgo de inundaciones y deslizamientos, entre otros beneficios.
Mencionó que también permite ubicar los servicios de manera más accesible, identificar y proteger nacientes de agua, controlar la contaminación de ríos, ordenar la movilidad, crear espacios públicos, planificar el uso de la tierra del cantón, identificar áreas sujetas a renovación urbana, así como potenciar la competitividad y calidad de vida en el cantón.
En el acto, el presidente del Invu, Tomás Martínez anunció que ya se tienen convenios parciales con otros cantones. Mencionó el Plan Costero con Talamanca, el estudio hidrogeológico integral en Montes de Oro y la realización de los cuadrantes y la propuesta vial en Santa Bárbara.
En diciembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional dieron el visto bueno a un decreto firmado en agosto de 2015 por el gobierno anterior, el cual pretendía agilizar los trámites para que las municipalidades aprueben sus planes reguladores.
El decreto establecía un periodo de transición de cinco años en el cual se podía utilizar la información archivada en entidades de gobierno – es decir, sin realizar nuevos estudios o informes– para que los municipios presentaran y tramitaran la aprobación de planes reguladores.
En el país, el INVU es el ente encargado de planificar, coordinar, ejecutar y controlar los planes reguladores urbanos y costeros, además de tener a cargo la revisión y el visado de planos, así como la asesoría correspondiente a municipalidades, instituciones privadas y público en general.