Congreso presiona a Presidencia con marihuana medicinal
Plan se encuentra actualmente en consulta ante la Sala IV
(CRHoy.com) Un grupo de 30 diputados de distintas agrupaciones políticas está presionando al Poder Ejecutivo para que incluya dentro de la agenda de iniciativas de Sesiones Extraordinarias el proyecto de ley para legalizar el consumo, producción y comercialización de la marihuana con fines medicinales y del cáñamo con propósitos industriales.
Los diputados hacen la solicitud porque en este período legislativo es la Presidencia la que maneja la agenda de los diputados. Este se extenderá hasta el 31 de enero.
El proyecto ya fue aprobado en primer debate con el apoyo de 33 diputados el pasado 19 de octubre, sin embargo su segundo y último debate se frustró porque 10 legisladores decidieron enviarlo a una consulta ante la Sala IV.
Al regresar de la consulta ante la Sala IV —y de no haber vicios constitucionales ni de procedimiento legislativo— los diputados solo podrán darle la última votación si el Poder Ejecutivo lo convoca. De lo contrario deberá esperar hasta el 1 de febrero cuando los congresistas tomen el control de la agenda nuevamente.
En su carta al presidente, los diputados subrayaron la importancia de que costarricenses puedan tener acceso a terapias y medicamentos de este cultivo para distintos males. La carta puede verla en este enlace Carta al Presidente.
Además de la legalización para los usos mencionados, el plan propone un impuesto del 1% sobre las utilidades que tendrían que pagar las personas físicas y jurídicas que se dediquen al cultivo. Este impuesto se usará para que el Ministerio de Agricultura brinde asesoría y acompañamiento a los productores; que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social puedan realizar investigaciones y que la cartera de Seguridad combata el mercado ilegal.
Los diputados aprobaron una moción que señala que un 40% de las licencias para el cultivo de cannabis de uso medicinal y terapéutico deberán ser otorgadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y a organizaciones agropecuarias como centros cantonales, asociaciones de pequeños productores, cooperativas y asociaciones de desarrollo indígena. Anteriormente el porcentaje estaba en un 30%.
Quedó establecido que las empresas que se dediquen a estas actividades productivas se puedan instalar en zonas francas, disfrutando de las condiciones que gozan estas inversiones, pero pagando este 1% sobre sus utilidades.
El texto también señala que las plantas de cáñamo que se utilizarían en esta industria no podrán tener más de un 1% del THC, el componente psicoactivo que produce una alteración de la percepción y el estado de ánimo.