Contraloría investiga pagos para obras viales en Lepanto sin acuerdo del concejo
La Contraloría General de la República (CGR) investiga presuntos pagos realizados para la ejecución de obras viales en Lepanto sin contar con un acuerdo formal del Concejo Municipal de Distrito.
El caso se relaciona con un préstamo del programa Red Vial Cantonal II (PRVC-II), que establecía la obligación de que el gobierno local aportara una contrapartida económica para la ejecución de los proyectos.
No obstante, una denuncia presentada ante la CGR señala que las autoridades asumieron compromisos económicos vinculados a esa contrapartida sin la autorización formal del concejo, órgano competente para aprobar este tipo de obligaciones.
Según la denuncia, pese a la ausencia de dicho acuerdo, las autoridades gestionaron y reconocieron el pago de facturas presentadas por la empresa constructora encargada de las obras.
Hechos denunciados
De acuerdo con el documento, la Intendencia Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial habrían impulsado estas actuaciones sin contar con el respaldo legal ni presupuestario necesario, lo que podría constituir una violación a los principios de legalidad, control interno y uso adecuado de los recursos públicos.
Además, se presume que estas decisiones generaron compromisos financieros indebidos para la Hacienda Pública al comprometer recursos sin la debida autorización ni el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
La denuncia enumera las siguientes posibles irregularidades:
- Violación al principio de legalidad al contraer obligaciones sin el acuerdo del órgano colegiado competente.
- Eventual reconocimiento indebido de obligaciones contractuales, incluidos intereses, sin sustento jurídico válido.
- Ejecución de pagos sin contenido presupuestario aprobado, en aparente contravención de la normativa financiera pública.
- Debilidades en el sistema de control interno al permitir la gestión de compromisos sin la debida autorización formal.
- Posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, en particular de la Intendencia Municipal y de funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial.
Petición
La denuncia solicita a la Contraloría determinar la legalidad de los compromisos adquiridos en el marco del PRVC-II sin un acuerdo formal del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.
Asimismo, pide analizar la procedencia del pago de facturas e intereses a la empresa constructora y establecer si existen responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios involucrados.
