Laura Fernández presenta 6 reformas en materia de seguridad; conozca de qué tratan
La presidenta Laura Fernández, presentó este lunes un primer paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad que propone cambios al Código Procesal Penal y al sistema penitenciario.
Las iniciativas fueron convocadas durante las sesiones extraordinarias, periodo en el que el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa tanto en el Plenario como en las comisiones.
Ley Gerson Rosales
La presidenta Laura Fernández dijo que, de aprobarse esta ley, se presume que la respuesta armada de un oficial "debe presumirse como legítima defensa".
La iniciativa fue llamada como el oficial Gerson Rosales, asesinado en Batán este año.
Castigo por pertenecer a organizaciones criminales
La propuesta crea una pena de entre uno y seis años de prisión para quien pertenezca a una organización criminal, aun cuando no se le atribuya otro delito.
Además, establece sanciones de tres a ocho años para quienes se organicen con el propósito de cometer delitos e incorpora conductas relacionadas con terrorismo.
Reforma contra la reincidencia
El proyecto plantea que todo reincidente enfrente prisión preventiva como medida cautelar y que los jueces impongan la pena más alta cuando cometa un nuevo delito dentro de un plazo de 15 años.
La iniciativa establece cuatro categorías:
- Reincidencia simple: quien cometa un nuevo delito dentro de un periodo de 15 años.
- Reincidencia calificada: cuando el nuevo delito esté relacionado con crimen organizado.
- Reincidencia habitual: quien acumule tres sentencias en 15 años y vuelva a delinquir.
- Delincuente profesional: quien tenga tres o más sentencias firmes y cometa un nuevo delito.
Los condenados por este delito no podrán recibir beneficios carcelarios. Esto contempla que se impide otorgar beneficios penitenciarios a condenados por homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, femicidio, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas y otros
Cambios a los beneficios de ejecución de la pena
El proyecto establece que los privados de libertad deberán participar en un trabajo remunerado para optar por beneficios de ejecución de la pena.
Según la propuesta, el salario se distribuiría de la siguiente manera:
- 35% para el sistema penitenciario.
- 35% para las familias de las víctimas del delito.
- 20% para el apoyo familiar de la persona condenada.
- 10% para un fondo de ahorro a su favor.
Endurecimiento de sanciones por pistas clandestinas
La iniciativa aumenta de cinco a diez años la pena de prisión para propietarios o arrendatarios de terrenos donde se construyan pistas clandestinas.
También autoriza la confiscación definitiva de los equipos utilizados en esas obras e impide vender, arrendar o traspasar el inmueble durante un año, con posibilidad de prórroga.
Además, el propietario deberá demostrar ante la justicia que no participó en la construcción de la pista.
Registro permanente para delitos contra la vida
La denominada Ley para la Seguridad Nacional propone que las condenas por delitos contra la vida permanezcan durante 15 años en la hoja de delincuencia después de cumplida la pena.
Sin embargo, esos antecedentes nunca se eliminarían de los registros judiciales y policiales.
"Usted cometió un delito, durante 15 años después de que cumplió la condena en su hoja de delincuencia aparecerá el delito. En los archivos judiciales, de los policías y de los que administran justicia siempre aparecerá el delito. No se borra nunca de ahí", afirmó la presidenta Laura Fernández.
Durante el anuncio estuvieron presentes la presidente del Congreso, Yara Jiménez; diputaciones de Pueblo Soberano (PPSO), el ministro Rodrigo Chaves, el jerarca de Seguridad Pública, Gerald Campos, entre otros funcionarios. También se acercó el diputado liberacionista Eder Hernández.
