Contraloría pide estudios técnicos para subsidios a familiares de víctimas de femicidio
Además, el ente contralor solicitó llevar un adecuado control de los beneficiarios
(Foto: Archivo CRH/ Con fines ilustrativos)
(CRHoy.com).- La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a los diputados estudios técnicos que les permitan establecer la viabilidad del proyecto que busca dar subsidios a familiares de víctimas de femicidios.
En un criterio enviado el 31 de marzo del 2022, a Ana Julia Araya Alfaro, Jefa del Área de Comisiones Legislativas II, el ente contralor señaló que resulta relevante que el legislador cuente con información y análisis técnicos adecuados para determinar la viabilidad de la iniciativa y los posibles efectos en las finanzas de las instituciones que se verán involucradas en la implementación de la normativa.
El proyecto que se tramita bajo el expediente 21.712 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de la Mujer. En el texto presentado se busca beneficiar a los hijos o hijas de la mujer víctima de femicidio; las hijas o hijos mayores que se encuentran estudiando hasta los 25 años; las personas adultas mayores o personas con discapacidad permanente que se encontraran a cargo de la mujer víctima de femicidio y aquellas personas que asumen el cuidado formal o informal de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad o adultas mayores víctimas del femicidio.
La Contraloría señaló en su criterio, firmado por Diego Ramírez, Hansel Arias y Karen Zamora, de la División Jurídica, que el proyecto tiene un fin loable y muy importante en la sociedad costarricense.
"Esta Contraloría General señala la necesidad de que las instituciones públicas que conceden este tipo de ayudas económicas realicen un adecuado control y registro de beneficiarios con el fin de evitar duplicidades de los fondos a entregar, así como evitar el otorgamiento de beneficios a personas que con el tiempo dejan de calificar para recibirlo", indicaron.
La CGR le pide al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) tener un control adecuado de los beneficiarios para evitar casos de personas que puedan continuar recibiendo el beneficio pese a que se haya generado alguna causa para dejar de calificar para el mismo.
El fondo para ayudar a estas personas se crearía con un 3.5% del impuesto recabado mediante el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas. La CGR solicitó que se analice si este monto es suficiente para lograr el objetivo del proyecto.
El monto proyectado mensual que podrían recibir estos beneficiarios es de aproximadamente ¢230 mil.