Contraloría pide respuestas a la CCSS sobre contrato de imágenes médicas
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó nuevas explicaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el cuestionado contrato de imágenes médicas digitales, llamado Redimed, en medio de dudas sobre la continuidad del servicio.
El requerimiento se dirige a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, a quien se le pidieron detalles adicionales sobre cómo se garantizará la continuidad del servicio, así como información sobre la existencia de criterios técnico-jurídicos que respalden el traslado de los contratos a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC).
La solicitud fue tramitada por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, específicamente desde el Área de Seguimiento para la Mejora Pública. La CCSS deberá responder a más tardar el 29 de mayo de 2026, luego de que solicitara una prórroga para atender el requerimiento.
Durante la sesión de Junta Directiva de este martes, el despacho de la Presidencia Ejecutiva indicó que el acuerdo de traslado de los contratos contó con criterios técnicos y administrativos previos.
Antecedentes del caso
El contrato está vinculado al sistema Redimed, encargado de gestionar imágenes médicas digitales. Este proyecto ya había sido señalado por la CGR por incumplimientos en su implementación.
Según el órgano contralor, aunque la CCSS ejecutó el 71% del presupuesto autorizado, el sistema solo opera en 13 establecimientos de salud. La institución también determinó que la decisión de frenar su expansión respondió a limitaciones técnicas no resueltas y al nivel de ejecución presupuestaria.
Ante ese escenario, la CGR ordenó a la Junta Directiva establecer acciones para asegurar la continuidad del servicio mediante soluciones tecnológicas alternativas, resguardar la documentación del proyecto y comunicar los acuerdos antes del 30 de septiembre de 2025. Además, mantiene abierta una investigación sobre el sistema.
Contrato millonario y tensiones internas
El caso también ha estado rodeado de controversias dentro de la CCSS. Dos meses atrás, Mónica Taylor presionó a la Junta Directiva para frenar la contratación de una auditoría forense externa sobre el contrato de Redimed, cuyo monto ronda los $30 millones. Para diciembre de 2025, ya se habían ejecutado más de $24 millones.
La solicitud de auditoría fue planteada por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), en medio de las advertencias de la CGR. Sin embargo, el asesor legal de la Junta recomendó no realizarla por el costo que implicaría.
El contrato también generó cuestionamientos por reuniones en Casa Presidencial. Taylor confirmó bajo juramento que asistió en dos ocasiones junto al director de Tecnologías de Información, Robert Picado, aunque este último negó que dichos encuentros se hubieran dado. A su vez, Casa Presidencial indicó que no existían registros de ingreso, lo que evidenció contradicciones entre las versiones.