Declaraciones de Fernández contradicen pronunciamientos oficiales del país sobre dictadura de Ortega
Entre 2022 y 2024, Costa Rica respaldó pronunciamientos en la OEA que denunciaron presos políticos, la desnacionalización de opositores, el deterioro democrático y la falta de transparencia electoral en Nicaragua
Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre Nicaragua han abierto un debate que trasciende la polémica política de los últimos días y alcanza una pregunta de fondo sobre la política exterior costarricense: ¿mantiene Costa Rica la misma posición que defendió ante organismos internacionales durante los últimos años o se está produciendo un cambio de enfoque hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
La controversia surgió luego de que Fernández afirmara que los nicaragüenses tienen "el gobierno que han elegido tener" y defendiera la necesidad de mantener una relación armoniosa con el vecino país.
Sus palabras provocaron críticas de expresidentes costarricenses, exiliados políticos nicaragüenses y organizaciones defensoras de derechos humanos, que interpretaron sus declaraciones como una relativización de los cuestionamientos internacionales a la dictadura.
Una revisión de los pronunciamientos oficiales emitidos por Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la administración de Rodrigo Chaves muestra una línea diplomática que cuestionó consistentemente la situación política, democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
La secuencia incluye resoluciones sobre presos políticos, condenas a la desnacionalización de opositores, denuncias sobre restricciones a derechos fundamentales y cuestionamientos a la transparencia de los procesos electorales nicaragüenses.
Costa Rica respaldó condena por persecución a opositores
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 12 de agosto de 2022.
Ese día, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condenó las acciones del gobierno nicaragüense contra organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y grupos religiosos.
Costa Rica respaldó la iniciativa.
La resolución denunció la persecución contra organizaciones civiles, las restricciones a la libertad de prensa, el hostigamiento a instituciones religiosas y la situación de los presos políticos en Nicaragua. Asimismo, exigió la liberación inmediata de las personas detenidas por razones políticas y el restablecimiento de derechos y libertades fundamentales.
La posición fue respaldada oficialmente por la Cancillería costarricense y constituyó uno de los pronunciamientos más contundentes de la administración Chaves respecto a la situación interna nicaragüense.
Meses después, durante la Asamblea General de la OEA celebrada en octubre de 2022, el organismo volvió a manifestar preocupación por la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua e instó al gobierno de Ortega a restablecer derechos cívicos y políticos, garantizar libertades fundamentales y respetar el Estado de derecho.
Costa Rica cuestionó la desnacionalización de opositores
La posición crítica de Costa Rica también quedó reflejada en febrero de 2023.
En ese momento, la Cancillería informó que acogía "en todos sus extremos" una declaración suscrita por 17 países de la OEA sobre la liberación de presos políticos nicaragüenses.
El documento deploró que, tras la excarcelación de centenares de opositores, el gobierno nicaragüense les despojara de sus derechos políticos y de su nacionalidad, dejando a muchos de ellos en condición de apatridia.
Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la exembajadora alterna de Costa Rica ante el organismo, Samy Araya Rojas, recordó que la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos políticos es contraria al derecho internacional de los derechos humanos.
Además, Costa Rica exhortó nuevamente a un diálogo orientado a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad y la consolidación de la democracia representativa en Nicaragua.
La posición constituyó una de las manifestaciones más contundentes de la administración Chaves respecto a las acciones adoptadas por el gobierno de Ortega contra dirigentes opositores.
Cooperación bilateral sin renunciar a las críticas
Durante la administración de Rodrigo Chaves, Costa Rica mantuvo canales de diálogo y coordinación con Managua en asuntos como la gestión fronteriza, el comercio bilateral y la atención de temas migratorios. Sin embargo, esa relación coexistió con una postura crítica en organismos internacionales respecto a la situación democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
Esa dualidad quedó particularmente clara en abril de 2024, cuando el entonces canciller Arnoldo André Tinoco destacó la buena cooperación existente entre ambos países en temas fronterizos y de interés común, pero al mismo tiempo afirmó que Costa Rica continuaría denunciando las limitaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
De esta forma, la administración Chaves procuró separar la relación bilateral en asuntos de interés mutuo de las posiciones que Costa Rica defendía en foros multilaterales sobre la situación política nicaragüense.
Costa Rica cuestionó la libertad de las elecciones nicaragüenses
El antecedente más significativo se produjo apenas dos años antes de las declaraciones de Fernández.
Durante la Asamblea General de la OEA celebrada en junio de 2024, Costa Rica expresó oficialmente su preocupación por el deterioro democrático en Nicaragua.
Según informó la Cancillería tras la intervención de André, el país advirtió que los procesos electorales nicaragüenses carecían de transparencia y libertad, al tiempo que instó al gobierno de Ortega a respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos.
La posición fue expuesta por la representación oficial del gobierno de Rodrigo Chaves ante los Estados miembros del organismo hemisférico.
Se trató de una de las manifestaciones más directas de Costa Rica sobre la situación política nicaragüense durante ese periodo.
Ese antecedente adquiere relevancia a la luz de las declaraciones formuladas recientemente por Fernández.
Mientras Costa Rica sostuvo ante la OEA que los procesos electorales en Nicaragua carecían de transparencia y libertad, la presidenta Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen "el gobierno que han elegido tener".
La comparación no implica necesariamente que exista un cambio formal de política exterior. Sin embargo, sí plantea interrogantes sobre la coherencia entre las declaraciones de la nueva presidenta y las posiciones que el propio Estado costarricense defendió durante los últimos años ante la comunidad internacional.
Una interrogante para la "ruta de la continuidad"
La discusión adquiere especial relevancia debido a que Fernández llegó al poder bajo la bandera de la denominada "ruta de la continuidad" y como heredera política de la administración Chaves.
Precisamente por ello, las críticas generadas por sus declaraciones no solo giran en torno a la relación bilateral con Managua, sino también a la consistencia de la postura costarricense en materia de democracia y derechos humanos.
La principal interrogante que queda abierta es cómo conciliar la afirmación de que los nicaragüenses eligieron libremente a sus gobernantes con la posición que Costa Rica defendió ante la OEA en 2024, cuando cuestionó la transparencia y libertad de los procesos electorales en Nicaragua.
Consultas en trámite
CR Hoy consultó tanto a la Presidencia de la República como al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el alcance de las declaraciones de la mandataria y sobre la vigencia de las posiciones que Costa Rica ha sostenido en organismos internacionales respecto a Nicaragua.
A Cancillería se le preguntó, entre otros aspectos, si continúa siendo la posición oficial de Costa Rica la expresada en junio de 2024 ante la Asamblea General de la OEA, cuando el país manifestó preocupación por el deterioro democrático en Nicaragua y señaló que los procesos electorales en ese país carecían de transparencia y libertad.
Asimismo, se consultó si existe alguna variación en la política exterior costarricense hacia Managua, si el país mantendrá su respaldo a iniciativas relacionadas con democracia y derechos humanos en organismos multilaterales y cómo concilia la institución las recientes declaraciones de la presidenta con la postura expresada por Costa Rica ante la OEA.
Por su parte, a Presidencia se le solicitó una reacción ante las críticas formuladas por figuras políticas costarricenses y representantes del exilio nicaragüense. También se consultó si el Gobierno considera que actualmente existen condiciones democráticas y electorales plenas en Nicaragua, si las declaraciones de Fernández son compatibles con las posiciones que Costa Rica ha sostenido en foros internacionales y si estas representan algún cambio respecto a la línea diplomática seguida por el país en los últimos años.
Al cierre de esta edición, las consultas continuaban en trámite.
