Estado deberá indemnizar a propietaria por daños que su BMW sufrió en predios del Poder Judicial
Un perito de dicha institución determinó que el vehículo presentaba daños y piezas que fueron arrancadas
El Poder Judicial hizo el anuncio. Archivo CRH.
(CRHoy.com).- El Consejo Superior del Poder Judicial autorizó el pago de más de ¢5 millones a una mujer por los daños sufridos un vehículo BMW (Estilo X5-2007) que fue decomisado en un caso de narcotráfico y que estaba en poder de las autoridades.
El carro fue confiscado por las autoridades judiciales el 18 de julio del 2014 en medio de una investigación que se tramitó bajo el expediente 12-000324-1219-PE, por el cual fueron condenadas varias personas en el 2015 en un juicio en el Segundo Circuito Judicial de San José.
El reclamo fue presentado ante el Área de Cobro Administrativo. En el mismo se detalla que el BMW estuvo en el depósito de vehículos desde el 2014 hasta setiembre del 2020 cuando una jueza ordenó su devolución.
Sin embargo, cuando el carro fue entregado a su propietaria, presentaba daños y le hacían falta varias partes, pese a que estuvo todo el tiempo en los depósitos del Poder Judicial para resguardar estos bienes.
El encargado del Depósito de Vehículos Decomisados indicó, según se consigna en el acta 053-2022 del 23 de junio pasado del Consejo Superior del Poder Judicial, que los daños que indicaban los propietarios del carro no fueron producto de una mala manipulación del personal del depósito.
"Más bien considero, que una posibilidad podría ser que los mismos son producto del largo tiempo en que estuvo el bien en nuestras instalaciones a la interperie (…), daños que son los mismos que podrían sufrir todos los bienes que se encuentran dentro del Depósito de Vehículos al no estar bajo techo y expuestos a las inclemencias del tiempo", dijo.
El BMW presentaba daños en el parabrisas trasero, bumpers, retrovisores. No tenía el equipo de sonido ni sus componentes; también tenía daños en el motor, pistones y radiador.
"Lo único que sí se tiene certeza es que el bien en cuestión, estuvo en nuestras instalaciones, por más de seis años, y que las inclemencias del tiempo (fuerte sol, polvo y lluvia) pudieron haber producido algún tipo de deterioro en el mismo", indicó el encargado del depósito.
Un perito del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial realizó un informe para verificar los daños y realizar una estimación por costo de reparación y si la estimación se ajustaba a la información que fue remitida por el Depósito de Vehículos Decomisados, en mayo del año pasado.
El perito determinó que debido a la acción del clima sobre la carrocería toda la pintura estaba en malas condiciones. "El vehículo posee muchas tapicerías traseras, delanteras y de la zona de motor desmontadas a causa de desmantelamiento parcial del que fue objeto en dicho predio, accesorios externos también fueron arrancados, la computadora fue sustraída, presenta golpes varios, todo ello aparte del deterioro mecánico y mantenimiento general que ahora obliga a causa de la inamovilidad del automotor por seis años", informó.
El experto determinó que el monto total que se debía pagar, tanto por la mano de obra como por los respuestas, ascendía a ¢4.987.026,18, pero adicional a esto se debían cancelar ¢680 mil por las cinco llantas del carro.
La Dirección Jurídica del Poder Judicial determinó que no era procedente el pago de la indeminización por ¢20 millones pero si que se debía pagar por el arreglo del vehículo por un monto total de ¢5.667.026.18.
"Esta Dirección recomienda indemnizar a propietaria del vehículo placa por la suma de cinco millones seiscientos sesenta y siete mil veintiséis colones con dieciocho céntimos (¢5.667.026.18) que comprenden un monto por restauración de ¢4.987.026,18 con IVI, incluyendo mano de obra y repuestos, más el valor total correspondiente a las cinco llantas con IVI por la suma de seiscientos ochenta mil colones exactos (¢680.000,00), conforme el peritaje ofrecido por el perito oficial del Departamento de Proveeduría, determinando que es congruente con los daños reportados y los estimados por ese Departamento", indicaron.
La recomendación fue acogida por el Consejo Superior y además determinó que se debía dar continuidad al proceso administrativo para determinar la responsabilidad civil interna de estos hechos.
De esa forma, remitió el caso a la Sección de Cobro Administrativo de la Dirección Jurídica para que realice las diligencias pertinentes con el fin de recuperar las sumas indicadas y Tribunal la Inspección Judicial.